Menos área.
En enero-abril de este año se presentaron solicitudes para construir en todo Maldonado por 151.795 metros cuadrados. Eso representó una caída de 30,5% en el área gestionada frente al mismo período de un año atrás (218.555 metros cuadrados), según datos de la División de Control Edilicio de la Intendencia que obtuvo Búsqueda.
Esas cifras abarcan todos los tipos de obras: desde una casa estándar a una torre lujosa. En términos generales, del total de solicitudes, alrededor de 35% corresponde a “edificios en altura”.
Con los números a la vista, Riella afirmó que por ahora esos guarismos no muestran una caída abrupta, dado que el 2011 e incluso el 2010 fueron años excepcionalmente buenos en materia de construcción en Maldonado.
Explicó que durante esos años hubo cambios en algunas normativas que produjeron un “aceleramiento de la oferta” y la incorporación al mercado de “muchos desarrollistas a pequeña escala”.
Si se compara el primer cuatrimestre de 2012 contra igual lapso de 2010, la caída en el área solicitada para construir es bastante menor (3,3%), y en relación a enero-abril de 2007, 2008 y 2009, el metraje es mayor.
Riella proyectó que, de seguir la tendencia de los primeros meses, en todo 2012 se gestionarán permisos por 480.000 metros cuadrados, lo que a su entender sería auspicioso en el contexto de “incertidumbre” y “nerviosismo” de los inversores argentinos por el acuerdo para intercambiar datos tributarios con propósitos de fiscalización firmado en abril pasado —que está todavía pendiente de consideración en los respectivos Parlamentos— y ante las restricciones para el cambio de moneda en Argentina.
De confirmarse tal proyección, 2012 cerrará con una superficie de obras prevista mayor que los años “normales” y en los que no hubo incidencia de la regulación.
Riella afirmó que existen “rumores” acerca de que podrían detenerse algunos emprendimientos edilicios. Y agregó: “Estamos a la expectativa a ver qué pasa”.
Agregó que hasta ahora solamente un inversor les comunicó que postergará por un año el inicio de su proyecto inmobiliario.
El diario “El Observador” informó el viernes 18, en base a un sondeo con operadores privados, que la inversión “en el pozo” en Punta del Este “cayó alrededor de 20%” entre febrero y abril, con respecto al mismo período del año anterior.
Riella declaró allí que los permisos gestionados que fueron aprobados sumaron 120.000 metros cuadrados en enero-marzo, sin comparar las cifras con otros períodos, y aclaró que corresponden mayoritariamente a gestiones iniciadas en 2011.
Menos venta.
“Se supone que la venta se va a enlentecer”, dijo ese jerarca a Búsqueda.
Un indicador complementario a los metros gestionados por los inversores es el de derechos de preferencia, un trámite que todo comprador de un terreno, casa nueva o usada debe efectuar ante la Intendencia. Riella afirmó que los datos de 2012 están mostrando una reducción mes a mes frente a 2011 (medidos en dólares), lo que indicaría que el mercado se está retrayendo.
Así lo perciben también en los hechos algunos empresarios de la construcción.
Un desarrollista inmobiliario señaló que en los últimos meses las ventas en Punta del Este “se han enlentecido de forma significativa”.
“La gente tiene miedo y se ha generado una psicosis”, explicó, aunque señaló que confía en que eso “se va a ir diluyendo”. Agregó que “muchas empresas si no venden el 20%, 30% o 50% del total de inmuebles desactivan el proyecto” lo cual “es más serio que lanzarse a una aventura inmobiliaria”.
Otra fuente del sector informó que un inversor argentino que había adquirido un centenar de apartamentos en una obra “en el pozo” los devolvió —asumiendo incluso el pago de una multa—, porque considera que “cambió” la situación de Uruguay como “refugio”.
Esa visión es la misma que tienen otros empresarios que invierten en obras en Maldonado, Colonia o Montevideo, por tres factores: primero, perciben que la economía argentina “ya está en recesión”. Segundo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)de Argentina está intensificando los controles dentro y fuera del país, y entienden que si Uruguay le entrega información tributaria será como “poner al lobo a cuidar a los corderos”, graficó una fuente. Ese factor puede hacer más complicados los negocios inmobiliarios en Uruguay, tanto para el vendedor como para los compradores de origen argentino. En tercer lugar, se verifican “excesos sindicales” que dificultan el cumplimiento de los contratos de obra.
El vicepresidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, Ricardo Weiss, declaró que el enlentecimiento de los negocios inmobiliarios se debe a un “conjunto de factores”. Mencionó el tratado tributario y las medidas del gobierno argentino de control de cambio, la “persecución de los turistas con declaraciones invasoras en todo sentido” y la “congelación” del mercado inmobiliario en ese país para transacciones de alto valor.
También se refirió a causas endógenas del mercado local. Señaló en ese sentido que la relación entre oferta y demanda “luce desbalanceada” producto de una “corriente creciente” de construcción de viviendas hace más de nueve años en el departamento que comenzó principalmente con viviendas unifamiliares y se fue ampliando después a edificios de mediana y gran altura. Mencionó además el aumento del precio de las propiedades, a raíz del incremento del costo de la construcción y de la tierra.
Para Weiss, si bien hay proyectos que “han suspendido o dilatado su comienzo”, la oferta es variada y los valores son los “justos y reales”. El empresario descartó que los propietarios se estén desprendiendo de sus viviendas en Maldonado.
Agregó que si bien el argentino es “el principal” turista y comprador de las viviendas en Punta del Este y la “gran mayoría” de los promotores-desarrolladores son también de ese origen, “cada vez más se suma la presencia de brasileños” porque están “enamorados” del balneario.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo y operador inmobiliario de Punta del Este, Luis Borsari, dijo que desde fines de octubre, cuando el gobierno anunció su disposición a firmar un acuerdo con Argentina —que regula el pedido y entrega de los datos que sean solicitados entre las administraciones de impuestos rioplatenses—, el mercado de propiedades “se planchó”.
“No sé qué va a pasar porque seguimos en la misma circunstancia y a pesar de todo somos un refugio de credibilidad de que las reglas de juego son relativamente estables”, apuntó.
Tratado polémico
Políticos y técnicos de la oposición cuestionaron ese tratado en una charla organizada por el Partido Colorado, el viernes 25 en el hotel Conrad. El interés del público —entre los que se encontraba el ex presidente Jorge Batlle, empresarios turísticos e inmobiliarios y pobladores de la península— dejó chico al salón “Punta del Este” y las puertas debieron abrirse hacia el ball room para incluir a participantes que quedaron de pie.
Tras describir la coyuntura económica de la región, el ex ministro de Economía y consultor privado Luis Mosca señaló que la administración tributaria de Argentina “asegura que hará un uso prudente y selectivo del acuerdo”. Y con ironía, añadió: “Podemos dormir tranquilos, porque se trata de la palabra” de un gobierno “muy confiable”.
Otro ex ministro pero del último gobierno del Partido Nacional, Ignacio de Posadas, analizó los principales puntos del tratado y el contexto en que se negoció.
Opinó que el actual gobierno “ha llevado muy mal” las presiones impuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ahora “se arrolla por impericia, por descuido y por ideología”.
Dijo que el acuerdo con Argentina “no tiene nada bueno” y que las “dudas son el grado del daño (...) que puede hacer”. A su entender, el tratado “es retroactivo”.
El ex presidente del Banco Central y actual director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, Julio de Brun, afirmó que se produce una “perforación del ejercicio pleno de la ciudadanía cuando un país le da información a otro”, lo que consideró “indignante”.
En su opinión, el gobierno usó el argumento de que fue sometido a “presión” para “llevar adelante cuestiones sobre las que ideológicamente estaba afín”.
Asimismo, consideró que el tratado de intercambio de datos puede ser de “relativamente escaso impacto si el gobierno uruguayo es estricto” con los requisitos que su par argentino debe cumplir para pedir información.
Sobre los efectos a nivel financiero, estimó que “probablemente permanezcan en el país los depósitos de argentinos porque los que tenían que irse ya se fueron”.Auguró que el negocio de servicios de asesoramiento financiero no se verá afectado y que, por el contrario, el sistema pasará a estar conformado por la “banca pública, más dos o tres bancos más y otra serie de instituciones internacionales que actúen no como banco sino con otra forma jurídica”.
Isaac Alfie, un ex ministro de Economía colorado y consultor privado que ofició de moderador en ese foro, resumió: Uruguay ha “avanzado hacia una sociedad mucho más Gran Hermano, donde tenemos listas por todos lados, donde ya no se puede ir al club deportivo sin ser registrado, donde ya no se puede mandar a un hijo a la escuela que uno quiera prácticamente (...) y la última es si alguien quiere hacer una fiesta, ¡no la haga!”, aludiendo a las recientes fiscalizaciones que hizo la Dirección General Impositiva (DGI) en locales de fiestas.
Economía
2012-05-31T00:00:00
2012-05-31T00:00:00
