La mujer de blanco estaba con los brazos atados. Inmóvil, hincada en el asfalto y sin poder ver ni hablar. Un hombre con uniforme policial, con casco y un escudo con la inscripción SCJ (Suprema Corte de Justicia) la ahorcaba con un palo. La exhibía como derrocada. Así los manifestantes graficaron lo que para ellos fue un avasallamiento de la Justicia sobre la libertad y la democracia, durante la marcha convocada por el Frente Amplio el lunes 25 para declarar su rechazo al fallo de inconstitucionalidad de la ley que en los hechos anuló la “Ley de Caducidad”. En la oposición, las criticas a las decisiones del máximo órgano judicial fueron evaluadas como “presiones” y sus dirigentes se declararon en “alerta” por entender también que “la democracia uruguaya está en peligro”.
El viernes 22 la SCJ emitió una sentencia que ya era esperada por todo el sistema político: la norma que el Frente Amplio diseñó y aprobó con su mayoría parlamentaria para eliminar la “ley de caducidad” es inconstitucional. La noticia se sumó a otras dos recientes decisiones de la Corte que “molestaron” a fuerzas políticas de izquierda: el fallo de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) —el lunes 18— y el traslado de la jueza penal Mariana Mota a un juzgado civil, que tomó estado público el miércoles 13. La magistrada tenía a su estudio varios casos de violaciones de derechos humanos en dictadura (1973-1985).
Para el oficialismo estas decisiones tienen un “hilo conductor” que va “en contra de los intereses del sentir mayoritario del país”, opinó el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, consultado por Búsqueda.
En este escenario el Frente Amplio —y en particular varios de sus sectores y organizaciones sociales de derechos humanos— emitió una declaración en contra de las decisiones de la Corte.
Incluso la primera senadora del oficialismo y esposa del presidente José Mujica, Lucía Topolansky, consideró probable la realización de un “juicio político” a la Corte y el análisis de una reforma constitucional porque a su juicio la carta magna tiene un “diseño antiguo”; así lo dijo en una entrevista con el programa “En Perspectiva” de radio El Espectador el lunes 25.
Ese mismo día a la concentración en la Plaza de Cagancha convocada por la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, asistieron unas 2.000 personas según diferentes estimaciones; el espacio de la plaza estaba casi repleto. Allí los presentes cantaron el himno nacional y varios llevaron carteles con críticas a la SCJ por su supuesta parcialidad. Entre varios dirigentes frenteamplistas estuvieron presentes el vicepresidente del Frente Amplio Juan Castillo, Topolansky y los ministros Eduardo Brenta (Trabajo) y Daniel Olesker (Desarrollo Social), y los subsecretarios Oscar Gómez (Educación y Cultura) y Lauro Menéndez (Desarrollo Social), entre otros.
Pardiñas consideró que tanto el Partido Socialista como el Frente Amplio “están llamados a profundizar la democracia” y mantener el respeto histórico por las instituciones. De todos modos, subrayó que eso no los exime de marcar su discrepancias con los fallos de la Justicia. “Hay un recrudecimiento de la SCJ contra la tendencia del sentir mayoritario del país, que no está siendo sensible a esa situación”, dijo y aclaró que no se intenta que se “violenten” las normas pero sí evitar que se “busquen artilugios legales” para frenar los procesos de esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, remarcó.
Para el dirigente socialista las decisiones judiciales “no generan el mejor clima para el desarrollo democrático” y se “radicalizan posicionamientos en sectores de la sociedad tanto de derecha como de ultra izquierda”. “Genera preocupación porque hay posibilidades que (ambos sectores) se enfrenten en mayor grado. Ojalá que no”, expresó.
Democracia “herida”.
Para el coordinador de la bancada de diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, los fallos de inconstitucionalidad son “inapelables” pero de igual forma los ciudadanos tienen derecho a expresar su desacuerdo, dijo a Búsqueda. El dirigente opinó que las últimas decisiones judiciales “hieren la democracia” y dejan un “gusto amargo”. “Sin verdad y justicia vamos a tener una democracia que nos deja gusto a poco. Es un bien a preservar y todos deben cuidarlo con recelo”, advirtió.
En cuanto al fallo de la SCJ sobre el ICIR, para Sánchez “no se reconoce la realidad” del país. “Muestra que tenemos una Constitución con un tronco oligárquico. Le pone un palo a que no se pueda poner impuestos a la tierra. En Uruguay no existe la posibilidad de cobrarle impuestos a los grandes terratenientes para darle a los que no tienen tierras”, señaló, y añadió que es una discusión que se deberá afrontar a futuro. Su colega Topolansky adelantó que en el sector comenzaron a trabajar una propuesta para modificar la Constitución.
Sobre el traslado de la jueza Mota, Sánchez consideró que es necesario tener una explicación no por la jueza en cuestión sino para dar garantías a los ciudadanos. “Esto no es ni un golpe de Estado ni avasallamiento a las instituciones. Es pedir razones”, remarcó.
El dirigente del MPP dijo que atrás de las últimas decisiones de la corporación está la “preservación de la impunidad”. “Esta actitud de la Suprema Corte es como decir que a los torturadores y a los nazis no se los juzgue. La consecuencia (de la decisión de la SCJ) es que no se juzgue a quienes torturaron y cometieron terrorismo de Estado”, opinó.
En la misma línea, el grupo de ex presos políticos Crysol “repudió” la decisión de la Corte de declarar la inconstitucionalidad de la norma que anulaba la “ley de caducidad” y criticó a “la derecha” por su defensa de la sentencia. “El fallo de la SCJ genera legítima indignación en importantes sectores de la ciudadanía en general, muy especialmente en los centenares de familiares y de víctimas directas que han presentado las correspondientes denuncias y que observan que el órgano con potestades de impartir justicia, con la obligación de ejecutarla, les niega su derecho, consagrado por las disposiciones constitucionales y las normas internacionales de derechos humanos”, dice el comunicado.
En alerta.
El Partido Colorado decidió convocar para hoy jueves 28 a su máximo órgano, la Convención Nacional, para analizar las “presiones” a la Justicia desde el Frente Amplio. “Nos costó mucho recuperar esto (la democracia) que tenemos hoy y ante la más mínima posibilidad, amague o lo que sea, hay que dar respuestas contundentes. Apenas se afecta hay que enviar mensajes claros y contundentes”, dijo el líder colorado Pedro Bordaberry a Búsqueda.
El senador explicó que ante los anuncios de juicio político por parte de la primera dama “preocupa” que las otras dos cabezas —el presidente del Poder Ejecutivo, Mujica, y el presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, Danilo Astori— “no se hayan pronunciado en contra”.
Bordaberry alertó que la situación es grave ya que recordó que la SCJ tiene otra cantidad de casos para fallar, y si bien ha “demostrado una gran valentía” y que “no los influye nada”, no es bueno que se estén haciendo ese tipo de cuestionamientos al máximo órgano judicial. Su compañero de sector, el diputado Juan Ángel Vázquez, declaró a Búsqueda que como “la democracia está en peligro” piensa pedir que el tema se discuta en el Parlamento cuando se levante el receso estival, el 11 de marzo.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, opinó que ante el clima de crecientes cuestionamientos a la Justicia se observan “riesgos institucionales con una presión indebida”. “Me parece que ha habido una andanada de cuestionamientos y presiones que lesionan la institucionalidad”, remarcó, consultado por Búsqueda. El senador opinó que no está mal manifestarse ni es antidemocrático cuestionar las decisiones, pero enfatizó que los “insultos y acusaciones” buscan presionar a la SCJ sobre los otros fallos que restan por conocer.
Uno de ellos es sobre la constitucionalidad de la nueva “ley de patente única”. Para varios constitucionalistas este fallo será en contra de lo planteado por el Poder Ejecutivo. Así lo expresó Martín Risso en una entrevista en Monte Carlo de canal 4 el martes 26.
Para el líder de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga, “algunos sectores del Frente Amplio han generado un clima enrarecido en la institucionalidad democrática del Uruguay” al manejar sus declaraciones en contra de la SCJ con “imprudencia”. Para él la actual situación muestra una “tinellización de la política y justicia” uruguaya, en alusión al conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli.
El “Partido Nacional siempre ha respetado al Poder Judicial, más allá de estar en acuerdo o en desacuerdo con los fallos judiciales. Es el pilar básico de una sociedad democrática”, afirmó a Búsqueda.
El Partido Independiente emitió un comunicado en el cual defendió las potestades de la Corte ante sus últimas decisiones. En su declaración manifestó su apoyo “irrestricto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial, fundamento del orden institucional de la República”.
Política
2013-02-28T00:00:00
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