La legalización de la marihuana tendrá “efecto penal inmediato” favorable para consumidores y autocultivadores, según el gobierno

Calzada dijo a Búsqueda que el Poder Ejecutivo prevé aprobar los decretos reglamentarios en marzo. En estos meses se trabajará en los pormenores del sistema “paso a paso” porque se trata de un cambio profundo “en la ingeniería social” y en esa área “los efectos no previstos son más difíciles de manejar que en la ingeniería civil”.

Durante una jornada académica organizada el lunes 4 por la Universidad Católica, Gatti opinó que el proyecto —en su redacción actual— “establece criterios objetivos en cuanto a cantidades” y eso “va a ayudar a dar certezas y todo lo que dé certezas da garantías a los ciudadanos”.

El artículo 7º aclara que “se entenderá por cantidad destinada al consumo personal” 40 gramos de marihuana. Además, despenaliza la posesión de hasta seis plantas.

La primera versión del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento en agosto del 2012 tenía un solo artículo y no mencionaba el autocultivo, tema que fue incorporado por el oficialismo durante el debate legislativo. Para Calzada son justamente los artículos que definen cuestiones de posesión y producción para consumo personal los que tendrán un “efecto penal inmediato” porque “los usuarios y autocultivadores tendrán un marco más seguro”.

“La ley va a dejar con más claridad que los servicios de contralor del Estado se tienen que posicionar claramente contra el crimen organizado y no distraerse con los usuarios”, añadió.

Lo que el gobierno todavía está discutiendo y sobre lo que trabajará en los próximos meses es el sistema vinculado a las licencias para producir, vender y para crear clubes de consumidores, así como los registros de autocultivadores y usuarios que quieran comprar el producto en las farmacias.

El proyecto deja sujeto a reglamentación del Poder Ejecutivo cuestiones como el sistema de licencias para toda la cadena productiva y de comercialización, los “mecanismos de acceso a las semillas” de cannabis y las características de los registros de consumidores y clubes. Todo el sistema dependerá del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, cuyo funcionamiento también deberá establecerse por decreto.

Para elaborar las reglamentaciones, que prevé terminar en marzo, la Junta de Drogas trabaja con representantes de los ministerios de Salud, Ganadería, Industria, Relaciones Exteriores, Economía e Interior. Además, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) trabaja con empresas de desarrollo informático en crear un software que permita controlar el registro de usuarios que comprarán la sustancia en las farmacias, de los locales de producción, de las personas que trabajan en esos lugares y hacer un “seguimiento individualizado de las plantas”, según Calzada.

Límite.

El proyecto de ley ubicó a Uruguay como una referencia en el debate mundial sobre el cambio en la política antidrogas internacional. Por eso, el titular de la JND viajó la semana pasada a Denver, Colorado, uno de los estados de Estados Unidos que legalizó el consumo de marihuana para uso recreativo el año pasado, invitado por el gobernador.

Ese también es el motivo por el cual el alemán Jans Jorg Albrecht, director del Instituto Max Planck para el Derecho Penal y Extranjero, brindó una exposición en Montevideo invitado por la Universidad Católica. El académico respaldó la decisión del gobierno uruguayo de modificar su estrategia con respecto a la marihuana porque, dijo, “la prohibición no ha logrado afectar” ni el precio ni el consumo ni la disponibilidad de la droga en los últimos 40 años. Cambiar “es una respuesta racional a una situación que demuestra” que la criminalización “alcanzó sus límites”.

En un artículo de opinión divulgado el martes 5 a través del sitio de Internet de CNN, el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardozo y el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan destacaron la decisión de Uruguay y otros países de buscar alternativas a la “guerra contra las drogas”.

Pero la perspectiva del cambio legal tiene sus detractores tanto a nivel local como en el extranjero.

Cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en agosto, la Oficina para el Control de Narcóticos de Naciones Unidas emitió una declaración en la que advierte que si se sanciona la ley Uruguay violará las convenciones internacionales.

El canciller de México, José Antonio Medae, por su parte, criticó la decisión de Uruguay. Los “cambios de estrategia unilaterales no ofrecerán una solución a un problema que rebasa fronteras”, dijo a la prensa el miércoles 6 informó la AFP.

A nivel local, las encuestas divulgadas desde que se anunció la propuesta indican que el porcentaje de aprobación del proyecto hace más de un año creció poco y no alcanza al tercio de la opinión pública.

El martes 29, en una jornada organizada por la Academia Nacional de Medicina para discutir el tema de la legalización del cannabis, el psiquiatra Fredy da Silva dijo que hay estudios científicos que atribuyen efectos dañinos en los consumidores de marihuana. Además, relató que los pacientes que trata por consumo de pasta base le dicen que están esperando que se apruebe la ley para ir a buscar la droga “del Pepe” y cambiarla por pasta base en las bocas de venta. “¿Cómo las van a vender en las farmacias? ¿Qué van a poner en la puerta de las farmacias que los adictos saben que hay uno o dos o 20 quilos de marihuana?¿Un 222?”, cuestionó.

La Federación Internacional Farmacéutica (FIP, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay expresaron esta semana su rechazo a que se utilicen las farmacias para la venta de marihuana con fines recreativos, aunque no por cuestiones de seguridad.

“Las sustancias que sean utilizadas, no con propósitos terapéuticos, paliativos o de diagnóstico sino utilizadas (o abusadas) para fines recreativos, no deben ser provistas a los usuarios en las farmacias comunitarias. Éste seria el caso de la marihuana, como podría ser el caso del alcohol y el de los productos con tabaco”, dice la FIP en un comunicado emitido el martes 5.

En la sesión de la Comisión de Salud del Senado del jueves 7, las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) advirtieron que el consumo entre adolescentes, según informó ayer miércoles “El País”. “Existen estudios que revelan que el consumo de alcohol y drogas en la adolescencia alteran el desarrollo neurológico y se lo relaciona con el fracaso escolar, los problemas de conducta y síntomas depresivos”, advirtió el integrante del Consejo Directivo Central Néstor Pereira.

Incluso dentro del Ministerio del Interior hay dudas sobre la viabilidad de la iniciativa. Mientras el subsecretario Jorge Vázquez planteó públicamente su oposición en varias ocasiones, oficiales de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que prefieren mantener su nombre en reserva, dijeron que la norma es “un salto al vacío” (Búsqueda Nº 1.683).

Calzada dijo que muchos de los argumentos que esgrimen los que se oponen al proyecto se deben al desconocimiento sobre la norma y a que la “desconfianza es producto de 100 años de políticas orientadas a generar miedo”.

En cuanto a la venta de marihuana en farmacias —hasta 40 gramos por mes por usuario registrado, según el proyecto de ley—, opinó que no supondrá una dificultad porque esos establecimientos manejan otras sustancias, como los opiáceos, que son “mucho más valiosos” que la marihuana y ya tienen “mecanismos de seguridad y control fuertes”.

Además, recordó que la venta para menores permanecerá prohibida y se harán campañas para alertar sobre el daño de la marihuana para disminuir su uso entre adolescentes. El titular de la JND puso el ejemplo de la regulación del tabaco, que logró bajar el consumo en adolescentes de 32% a 12%.

Consultado acerca de si tiene dudas con respecto a las consecuencias de la ley y su implementación, Calzada respondió que tampoco nadie había previsto todos los efectos de la legislación vigente, como el hecho de que “una ingeniería como esta le iba a originar a Estados Unidos un millón de presos” y a Uruguay más de 1.000. Y luego, agregó: “Si no tuviera dudas de lo que estamos haciendo sería un inconsciente”.