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Los analistas se exprimen, la derecha europea, los conservadores y los racistas festejan, los inmigrantes con antecedentes se angustian, y el comercio internacional está expectante. Incertidumbres para temas centrales. Hay solo una certeza: Donald Trump tiene la llave para las designaciones en la cúpula de la Justicia de su país. Con mayoría en el Senado puede producir cambios de fondo, algunos con proyección internacional.
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Los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos —integrada por “liberales” y “conservadores”, según la ideología del partido que los respalda—, son relevantes. Constituyen un precedente que obliga a todos los tribunales e inciden en casi todas las políticas de Estado.
Diferencias centrales con Uruguay. Aquí los codificadores determinaron que los ministros de la Suprema Corte de Justicia requieran los dos tercios de votos de los integrantes de la Asamblea General. Si no hay acuerdo a los 90 días, ingresa el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones. No existe un “dedazo” del presidente de la República ni el de los partidos. No se vota por adhesión partidaria. Una gran cosa.
El sistema americano también tiene luces. El presidente propone un candidato y una Comisión Judicial del senado pide la opinión no preceptiva al Colegio de Abogados. Luego lo somete, en sesiones públicas, a minuciosos interrogatorios: capacitación, experiencia, criterios jurídicos, temperamento, patrimonio, producción doctrinaria, etc. Son sesiones públicas. ¡Bien vendrían esas luces!
El candidato de Trump integrará la cabeza del Poder Judicial. La Corte está conformada por nueve magistrados. Hay una vacante por el fallecimiento en febrero de Antonin Scalia, que había sido propuesto por el ex presidente Ronald Reagan. Era un conservador contrario al matrimonio homosexual, a favor de limitar el aborto y defensor de la interpretación textual de la Constitución.
Obama pretendió cambiar la relación que favorece a los conservadores. Pero, astutos y confiados, los republicanos difirieron la cuestión hasta luego de las elecciones. Ahora, más de un año después de producida la vacante, el juez será afín a los republicanos. En los últimos años la mayoría ha sido conservadora, pero Trump puede ampliarla y extenderla en el tiempo; solo requiere la mayoría simple en el Senado.
Para los republicanos de la élite política es clave. Antes de la elección asesores de Trump lanzaron un mensaje: tan importantes como la elección presidencial son los valores en juego (los que tienen los votantes que le dieron la victoria) a través de los nombramientos judiciales. La demagogia de la campaña y el desinterés popular sepultaron ese tema.
Los jueces de la Corte Suprema son vitalicios. Si observamos el origen presidencial de las designaciones y algunas edades, es razonable suponer que la biología puede generar otras vacantes durante esta presidencia de Trump que se ampliaría si fuera reelecto. La mayoría conservadora se puede convertir en más sólida que el muro que propuso para la frontera.
Los de más edad de los ocho jueces son Anthony Kennedy de 80 años (propuesto por Ronald Reagan), y Ruth Bales de 83 y Stephen Breyer de 78 (Bill Clinton). Un conservador y dos liberales.
Los restantes son John Roberts, de 61, Clarence Thomas de 68 y Samuel Alito de 66 (George Bush). Los otros dos, Sonia Sotomayor de 62 años y Elena Kegan de 56, fueron propuestas por Obama.
Habrá otro importante cambio. La fiscal general Loretta Lynch será desplazada. Obama la propuso en noviembre de 2014 y los republicanos demoraron cinco meses en darle el voto. Fue designada con 56 votos contra 43. Los republicanos le cuestionaban que hubiera respaldado proyectos a los que ese partido se oponía.
Lynch tuvo proyección internacional cuando en mayo embistió contra las cúpulas corruptas de la FIFA y de otras organizaciones regionales del fútbol. No ha sido objeto de cuestionamientos severos o descalificantes, pero como Trump quiere cambios radicales es seguro que Lynch volverá a ejercer la profesión.
El titular de la Fiscalía es el abogado jefe del gobierno federal e integra el gabinete del presidente. ¿Alguien imagina a Lynch, demócrata, luchadora por los derechos civiles y afroamericana en un gabinete junto a Trump?
El fiscal general es la cabeza del Departamento de Justicia y dicta políticas generales para los fiscales de distrito de todo el país. Representa a los Estados Unidos en los asuntos legales y opina y les hace sugerencias al presidente y a los otros jerarcas del gobierno cuando se le requieren. También representa al gobierno ante la Corte Suprema en los casos relevantes para el Estado. Peso pesado.
En dos meses comenzará el proceso de cambios. Las propuestas de Trump marcarán la jurisprudencia de la Corte y el accionar de los fiscales que, según las directivas que reciban, pueden poner más énfasis en el combate contra determinados delitos y flexibilización para otros.
El fiscal general es también jefe del director del FBI, hoy James Comey. A este ex republicano, que ahora se dice independiente, Hillary Clinton lo responsabiliza de su derrota por anunciar 11 días antes de la elección que la investigaba por enviar correos oficiales de un servidor privado.
Un coctel jurídico y político agitado por el barman Trump. La judicial es una cuestión de fondo que no le llegó al elector. Como aquí, a pocos les importa, salvo cuando les toca en carne propia.
