La mayoría de los ciudadanos opinan que la Justicia es “lenta” y más del 60% creen que sus decisiones no son independientes

 Consultados sobre la imagen del sistema judicial, el 54% respondió que es “más bien anticuado” o “claramente anticuado”. El 18% lo evaluó como “en parte moderno y en parte anticuado”, el 14% dijo que es “claramente moderno” e igual porcentaje no sabe o no contesta.

En agosto de 2015 el Parlamento aprobó una ley que dio un nuevo estatuto a la Fiscalía como servicio descentralizado, sacándola de la órbita del Ministerio de Educación y dotándola de más autonomía.

Por otra parte, en este momento el sistema de Justicia se prepara para aplicar un demorada reforma del proceso penal, que comenzará a regir parcialmente en 2017 y que jueces y fiscales consideran que es impostergable. Una parte central de la reforma es que la investigación criminal quedará en manos de los fiscales en lugar de los jueces, por lo que pasará de ser un sistema inquisitivo a uno acusatorio. 

La encuesta consultó a los ciudadanos si consideran conveniente que, tal como prevé la reforma, sean los fiscales quienes lleven a cabo las investigaciones. El 42% opinó a favor y el 11% señaló lo contrario. El 8% respondió que no es ni conveniente ni inconveniente; 39% no sabe/no contesta.

Sin embargo, cerca de dos tercios de los encuestados (65%) dijeron que no habían oído hablar sobre la reforma del proceso penal. Solo el 9% afirmó que había oído sobre el tema y que tiene una idea clara y el 22% había escuchado acerca del asunto pero no lo tiene claro. El 4% no sabe o no contesta.

A pesar de la visión crítica del sistema judicial, el 56% está de acuerdo con que aun con sus defectos e imperfecciones “constituye la garantía última de defensa de la democracia y las libertades”. El 16% está muy en desacuerdo o en desacuerdo con ese concepto y el 14% no está “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. El mismo porcentaje no sabe o no contesta.

Inseguridad.

Esta visión negativa del sistema de Justicia se da en un contexto crítico para las autoridades, que enfrentan reclamos cada vez más urgentes para reducir la delincuencia. La muerte de dos taxistas en menos de una semana —que fueron baleados en intentos de rapiña— provocó paros del servicio de taxis y del transporte de ómnibus.

Esos crímenes, sumados a otros recientes como el asesinato de un hincha de Nacional por parte de un parcial de Peñarol en Villa García, redoblaron las críticas de la oposición, que propuso medidas como el aumento de las penas en determinados delitos y pidió acordar un plan de acción a largo plazo.

El tema de la inseguridad fue el eje central del Consejo de Ministros del lunes 28, tras el receso de la Semana de Turismo. El presidente Tabaré Vázquez planteó en la reunión la urgente necesidad de restringir la circulación de dinero en efectivo en aquellos ámbitos que son objetivos de la delincuencia, comentaron asistentes a Búsqueda.

El mandatario decidió comenzar con la implementación de las medidas en los taxis y las estaciones de servicio, según informó en conferencia de prensa el ministro de Economía, Danilo Astori. La restricción del uso de efectivo en ciertos establecimientos comerciales como medida de seguridad está prevista en la ley de Presupuesto vigente.

Los peajes de las rutas son otra actividad que está a estudio para aplicar esta medida, aseguraron los informantes.

Añadieron que el mandatario se mostró preocupado por el incremento de delitos en las últimas semanas y solicitó a su equipo de trabajo que estudie otras estrategias para reducir el uso de dinero en efectivo en ámbitos públicos.

El miércoles 30 el subsecretario de Economía recibió a jerarcas de la Intendencia de Montevideo, del Ministerio del Interior y representantes de la Patronal de Taxis, de las compañías de ómnibus y de las estaciones de servicio para discutir el tema. El gobierno anunció que no se requerirá exclusivamente una tarjeta de crédito o debito para pagar los viajes en taxis y que se podrá usar la tarjeta STM que se emplea para viajar en los ómnibus urbanos y metropolitanos.

Otro de los anuncios realizados después del Consejo de Ministros apunta a trabajar en una política de Estado en materia de seguridad ciudadana.

“En lo que tiene que ver con cosas de todos los días, como la convivencia pacífica, ha habido algunas manifestaciones públicas de algunos integrantes de la oposición que nos parecen que son de recibo”, dijo el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, en referencia al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien propuso trabajar en conjunto con el gobierno para acordar medidas a largo plazo.

A su vez, el presidente Vázquez solicitó trabajar en una política para impulsar “la cultura de la paz ciudadana”. Esta idea apunta a prevenir las acciones delictivas con propuestas culturales y recuperación de valores, explicaron integrantes del Poder Ejecutivo.