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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). En la enigmática muerte del fiscal federal Alberto Nisman que sacude a Argentina, pocas cosas parecen ciertas. Una de ellas es que su cadáver con un tiro en la cabeza apareció en su apartamento el domingo 18 de enero, un día antes de que asistiera al Congreso para detallar su acusación de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había buscado un pacto secreto con Irán para encubrir a funcionarios de ese país por responsabilidades en el atentado de 1994 contra la mutual israelí AMIA, que cobró 85 vidas. Esta semana también se supo que Nisman había escrito el borrador de un pedido de arresto de la propia mandataria y de su canciller, Héctor Timerman. Aunque aún se ignora (y quizá nunca se aclare) cómo murió exactamente el fiscal, lo cierto es que ambos hechos han planteado al gobierno de ese país un enredo del que hasta ahora no consigue zafar.
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El borrador del pedido de arresto contra la presidenta, el canciller y el diputado Andrés Larroque, referente de la agrupación kirchnerista La Cámpora y considerado por Nisman parte activa del acuerdo con Irán, había sido redactado por el fiscal en junio. El texto de 26 páginas que apareció en la papelera del apartamento de Nisman, nunca pasó a integrar el informe que presentó al juez Ariel Lijo cuatro días antes de aparecer muerto. Pero el simple hecho de que redactara un documento de ese tenor, con una solicitud inédita en la historia de Argentina, sugiere que el fiscal estuvo bastante seguro de las pruebas que tenía, dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.
Fernández de Kirchner y Timerman han negado las acusaciones de Nisman sobre un pacto oculto para blindar a los iraníes en la causa AMIA y varios juristas creen que el fiscal habría tenido dificultades para probar que efectivamente hubo delito de encubrimiento. Sin embargo, ayer miércoles 4 la Cámara Federal argentina decidió que el juez federal Daniel Rafecas, un especialista en derechos humanos y el Holocausto, deberá investigar las denuncias de Nisman contra la presidenta y sus colaboradores.
Esto puede abrir un nuevo frente de problemas para un gobierno que parece ir a los tumbos desde que se conoció la muerte de Nisman, con pasos en falso y errores cometidos por sus principales figuras. La propia Fernández de Kirchner endosó primero la hipótesis de suicidio y pocos días después dijo estar convencida de que “no fue suicidio”. Su jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rompió públicamente el lunes 2 páginas del diario “Clarín” que revelaban la existencia del borrador con el pedido de arresto de la presidenta, calificándolas como “basura”, pero el martes 3 la fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de su colega, confirmó que el documento había sido preparado por Nisman, contradiciendo a Capitanich y lo que ella misma había dicho antes (más información en la página 34).
“Sabemos el comienzo de esta historia, pero no el final. Estamos ante un caso supercomplejo, que sintetiza con particular dramatismo las peleas que ya sabíamos que existían, pero no a este grado, entre los servicios de inteligencia y con la Justicia”, dijo el analista político argentino Sergio Berensztein a Búsqueda. Y advirtió que el gobierno de Fernández de Kirchner aparece en todo esto “muy descentrado y sin una estrategia clara de control de daños”.
Cuestión de inteligencia
Pese a ser considerado el peor ataque terrorista en la historia de Argentina, nadie ha ido preso por el atentado de la AMIA hace más de dos décadas. Pero Nisman, que tenía 51 años y llevaba 10 años a cargo de la investigación, había señalado la responsabilidad de cinco ciudadanos iraníes (desde un ex ministro de Seguridad hasta un ex agregado cultural de la Embajada de Teherán en Buenos Aires) cuya captura pidió a Interpol. Esto provocó roces entre ambos países hasta que en enero de 2013 Fernández de Kirchner anunció un “Memorando de entendimiento” con su par iraní del momento, Mahmoud Ahmadinejad, para encauzar la investigación.
El pacto fue declarado inconstitucional en Argentina el año pasado tras su aprobación legislativa, mientras sus críticos advertían que podía afectar los pedidos de extradición internacional que habían sido emitidos. Nisman llegó a la conclusión de que Fernández de Kirchner y Timerman buscaban proteger a los responsables de los ataques y presentó su denuncia por “encubrimiento agravado” el 14 de enero.
Según conversaciones interceptadas entre representantes argentinos e iraníes transcriptas en la acusación, las negociaciones secretas tenían como objetivo facilitar el acceso de Argentina a petróleo a cambio de proteger a los iraníes acusados. Las relaciones bilaterales mejoraron, con un aumento en el intercambio comercial favorable a Argentina entre 2010 y 2013, pero la denuncia señala que el pacto oculto fracasó cuando quedó claro que Interpol mantendría el pedido de captura. El gobierno argentino ha rechazado esta versión.
De cualquier manera, según Berensztein, el “Memorando de entendimiento” mostró que “predominaba en Argentina una vocación de entendimiento con Irán, facilitada por servicios de inteligencia proiraníes, que en este caso son básicamente Cuba y Venezuela”, a costa de desarticular las redes que Buenos Aires había construido antes con la CIA estadounidense y el Mossad israelí.
Aunque advirtió que la información que existe es parcial, el analista dijo que los problemas vinculados con la muerte de Nisman “surgen del corazón del poder, sobre todo de las zonas menos transparentes del Estado”. Y mencionó dos hipótesis a tener en cuenta. “Una es que lo de Nisman es el final de una puja con intereses facciosos y algunas terminales medio mafiosas, típicas de los servicios de inteligencia de Argentina”, indicó. “La otra opción, un poco más terrible —y quiero ser prudente en esto pero hay algunos indicios—, es que estamos en el inicio de una serie de hechos en algunos casos materiales y en otros de amenazas a miembros del Poder Judicial, de los medios e incluso del entorno político”.
La semana pasada, Fernández de Kirchner anunció en silla de ruedas y con un pie aparentemente fracturado la disolución de la Secretaría de Inteligencia, acusando a un sector no identificado del espionaje de participar en una operación desestabilizadora para “bombardear” el acuerdo con Irán. El Senado argentino comenzó a tratar de apuro esta semana un proyecto de ley de Inteligencia. Pero esto ocurrió sin la presencia de la oposición y en medio de temores de que la nueva agencia a crearse podría ser usada para intereses particulares u oscuros, una vieja costumbre argentina que parece bien vigente.
