La nebulosa Mujica-Justicia-ONU

La ríspida relación entre ambos poderes, que llegó a su máxima expresión en 2013 por varias sentencias de inconstitucionalidad y el traslado de la jueza Mariana Mota, pareció zanjada a mediados del año pasado. Mujica invitó al entonces presidente de la Corte, Jorge Ruibal, a reunirse en su chacra de Rincón del Cerro. El mandatario comprometió su respeto por las sentencias judiciales —¡bueno sería que no!— y aseguró que no había intervenido en el “caso Mota” ni lo haría.

El reproche fue presenciado por un circunspecto Mujica. Cuando los periodistas lo consultaron, contrariamente a su estilo, respondió lacónico que esas complicaciones son parte de la democracia. Su atención estaba centrada en la metida de pata ante la ONU y en la violación de su compromiso con Ruibal.

Al día siguiente, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se comunicó con Larrieux. Le explicó que fue él quien compareció ante la ONU porque el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, estaban en Cuba de visita oficial. Le aseguró que ni Mujica ni él habían intervenido en el informe que estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fuentes que participaron en su redacción me dicen que la parte conflictiva no estaba en el borrador inicial.

Ante los argumentos defensivos de Guerrero sobre la inocencia de Mujica, la Corte redactó una nota muy cauta y solicitó reunirse con el presidente. Consciente de su responsabilidad, o para sacar la pata del lazo, Mujica ordenó que se gestionara su visita a la Corte. La reunión fue el 17 de febrero.

En esa cumbre, el presidente insistió en que el traslado de Mota no le incumbe y destacó que no comparte el informe. Durante un “cordial” intercambio de opiniones, aunque no se llegó a discutir el tema a fondo, se instaló la sospecha de que existe interés en enfrentar al gobierno con la Justicia. También de que los responsables son cercanos al gobierno o lo integran.

Pese a que sobre el traslado de Mota aún debe expedirse el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambas partes coincidieron, una vez más, en que sobre esto “se cerró el debate” institucional.

Algunos sospechan que quienes agitan el tema del traslado de la jueza no se limitan a acciones públicas como la asonada en la Corte o los comunicados de prensa que, con el aval de Mota, buscan transformarla en una super-jueza-víctima.

Si realmente Mujica desconocía y no comparte el párrafo del informe que refiere a una eventual inconstitucionalidad en el traslado, se trató de la maniobra de un “topo” o de una brutal ineficiencia diplomática.

De lo contrario, no queda claro cómo es posible que en un documento redactado por especialistas —presuntamente reservado y preciso— se agregue algo en contra de la opinión del presidente. También es extraño que se entregue sin revisarlo o, si se leyó, que conociendo la posición de Mujica no se haya modificado o, al menos, que el presidente fuera alertado telefónicamente a Cuba.

Muchas dudas, sombras y medias verdades se esconden detrás de la falta de transparencia. Una nebulosa tapada por la compartimentación.

El conflicto —aunque pocos le hayan dado su real dimensión— fue de tal entidad que es difícil entender cómo nadie ha pedido explicaciones públicas sobre este hecho, que es un émulo del espionaje de la guerra fría, inédito en Uruguay.

Naturalmente se puede especular con que Mujica le mintió a la Corte, que conocía el contenido del documento, y que ante el lío trasladó su responsabilidad a otros. O, ¿por qué no?, que no valoró adecuadamente lo que decía el informe. Pero luego del escándalo, ¿qué acciones tomó? ¿Pidió explicaciones a los responsables? ¿Qué respuestas obtuvo? ¿Qué dice la Dirección de Asuntos Políticos de la Cancillería? Deberíamos saberlo. Pero no.

Tras el rotundo rechazo de Mujica al documento quien debe dar explicaciones es el canciller Almagro. Los funcionarios de Relaciones Exteriores no hacen nada sin consultarlo y él conocía la opinión de Mujica. Si también a Almagro le hicieron la mosqueta tiene la obligación de explicar si ordenó identificar a los infieles. En cualquier caso, suya es la responsabilidad política por exponer a un poder del Estado al desprecio internacional sin posibilidad de enmienda.

No se trató de la cuenta impaga de una libreta de almacén, sino de un informe del gobierno ante la ONU.

Menos mal que no fue una declaración de guerra.