La niña depredada

No ocurrió en la oscuridad de un cine. Fue en la vida real. Poco importa si esa aberración se rectificó jurídicamente, si muchos se sintieron aliviados cuando el monstruo se quitó la vida, o si la madre fue procesada por su abominable omisión a los deberes de la patria potestad. El fiscal y el juez son coautores del padecimiento de la víctima y de sus secuelas vitalicias.

No es este el único caso. Los hubo y hay de menor entidad que trampean la ecuanimidad y la transparencia, como el más reciente en el juicio al intendente de Salto, Andrés Lima, en el que el juez y la fiscal impidieron arbitrariamente que fuera público o disponer, también contra la ley, la reserva del expediente público de las barras bravas.

Ante el cúmulo de hechos, el ciudadano va estibando los yerros pequeños o grandes que fomentan la desconfianza en el sistema y en los magistrados porque sus jerarcas suelen actuar con liviandad.

Pero en este caso las reacciones del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y de la Suprema Corte de Justicia indican que puede terminar el hábito de barrer bajo la alfombra por la influencia de relaciones personales, funcionales, gremiales o por lo que fuere.

La trayectoria del ex fiscal de Rivera Ricardo Chiecci, con una carrera forjada por concursos, no permitía imaginar los graves errores que cometió. En junio de 2010 debió apelar el archivo del caso que decidió el juez de Rivera Gustavo Iribarren, hoy juez penal de tercer turno de Montevideo. Las pruebas rompían los ojos y era imposible la libertad del depredador. El fiscal es el defensor de los intereses de la sociedad, para el caso de una menor desamparada a la cual debía proteger. Nadie más podía hacerlo. En una segunda instancia omitió sacar de circulación al hombre al no imputarle el delito de violación.

“Fue un error inexcusable”, remarcó Díaz en conferencia de prensa. Lo reafirmó al calificarlo como “horror inexcusable”. Si hubiera dicho “monstruosidad inexcusable” tampoco habría exagerado.

Como primer paso dispuso el traslado del fiscal de la materia penal a una Fiscalía que no sea penal ni de menores y la Corte le pidió informes a Iribarren.

Como es habitual en los gremios o partidos que defienden a ultranza a sus integrantes, la Asociación de Magistrados Fiscales admitió en un comunicado que Chiecci cometió errores pero intentó justificarlos con argumentos que desmerecen al gremio.

Dice que cuando ocurrieron los hechos, Chiecci estaba a cargo de tres Fiscalías y que debido a ese exceso de trabajo “la posibilidad de cometer errores se incrementa exponencialmente y ningún operador está exento de ello”. ¡Vaya tranquilidad para el ciudadano!

Destacaron también la “larga trayectoria” sin deméritos de su colega y expresaron preocupación por “la forma inapropiada e irrespetuosa” mediante la cual fue tratado, a través de “valoraciones no jurídicas que extralimitan los formas correspondientes”, aludiendo a las expresiones de Díaz.

Tienen pleno derecho a manifestarse, pero el irrespeto es un antivalor. Se opone a la moral y a las buenas costumbres. Decir públicamente que el fiscal cometió un “horror inexcusable” no es un irrespeto. Por el contrario, sus omisiones, desinterés, falta de celo y desconocimiento de la ley, fueron un gravísimo irrespeto para la menor, para sus garantías, una afrenta para la sociedad y un aumento en la desconfianza en el sistema porque muchos suelen generalizar y meter a todos en la misma bolsa. Por eso hay que defender a los buenos y castigar con severidad a los malos. El corporativismo quita credibilidad.

Si los fiscales, por razones legales y para la salud del sistema, aplican la transparencia en los juicios que tramitan, más aún deben aplicarla cuando están involucrados sus colegas.

Es probable que, como argumentan, Chiecci, como muchos otros fiscales, estuviera recargado de trabajo por tener que atender tres Fiscalías. La cuestión es que si, como se deduce de los dichos del gremio, era consciente de que el exceso de trabajo lo agobiaba, disminuía su capacidad de análisis y le impedía realizar cabalmente su tarea, debió comunicarlo formalmente y exigir más asistencia. No lo hizo.

De la misma forma que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para que alguien sea juzgado, muchísimo menos el exceso de trabajo puede ser una excusa para justificar esos horrores.

Ni el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia o el gremio de los fiscales podrá evitar que esa niña permanezca el resto de su vida dentro de un túnel oscuro.