La niñez en manos del Parlamento

La columna de Pau Delgado Iglesias

5 minutos

Nº 2119 - 22 al 28 de Abril de 2021

Quiso robar una joyería y tuvo a su dueña, una señora de 74 años, retenida como rehén durante más de siete horas. El operativo ocurrió en noviembre de 2020 en Montevideo y, por el gran despliegue que implicó, seguramente resulte fácil de recordar. El delincuente, Kevork Nicolás Demirdjian Silva, de 42 años, tenía ya tres antecedentes penales y 10 indagatorias por diversos delitos, entre los que figura una indagatoria por violencia doméstica en noviembre de 2017 y otra en setiembre de 2018. En ese mismo año (en noviembre de 2018), Demirdjian se había encadenado frente a la Suprema Corte de Justicia en reclamo por la tenencia compartida de sus hijos.

“El tema con estos movimientos es que, si vos rasqueteás, de cada 10 se salvan tres”, me explica por WhatsApp Daniel Moragues, presidente del Espacio Social Nacional, refiriéndose a las organizaciones que militan por la tenencia compartida de niños y niñas (como Familias Unidas por Nuestros Niños, Stop abuso, Papás Presentes Uruguay, entre otras). En las elecciones internas de 2019, Moragues estuvo vinculado al Partido Colorado: fue en ese momento que entró en contacto con estas organizaciones de varones que se acercaban a plantear sus problemáticas y decidió apoyarlas, sumándose a las manifestaciones que convocaban. Con el tiempo empezó a ver que “el que no tenía problemas de denuncias por violencia de género, tenía problemas de abuso de alcohol”, y entonces ejemplifica con el caso de Demirdjian.

El martes 20, la agrupación que Moragues preside, el Espacio Social Nacional, publicó en su cuenta de Facebook el desacuerdo con los proyectos de tenencia compartida que están en este momento en el Parlamento. “Como todos saben, hemos participado en varias instancias de movilizaciones con los grupos de tenencia compartida, siempre aclarando que lo hacemos porque creemos que los niños tienen derecho a disfrutar de sus familias completas”, explica el comunicado. Sin embargo, encuentran que los proyectos de ley “no están viendo como prioridad al niño” y no pueden aceptar “que un menor quede expuesto y vulnerable ante un agresor, ya sea madre o padre”.

Este comunicado se suma a la postura que desde hace meses plantean las organizaciones por los derechos de niños y niñas. El 12 de abril, el Comité de los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista emitieron un comunicado en el que manifiestan su preocupación sobre el carácter regresivo de los dos proyectos de ley que en este momento están siendo estudiados en el Parlamento (tenencia compartida responsable y corresponsabilidad en la crianza). Se trata de dos iniciativas muy similares que quieren introducir cambios en la forma de regular la tenencia de los hijos: uno del Partido Nacional y otro de Cabildo Abierto, ambos presentados al Parlamento en setiembre de 2020 (pocos meses antes de que el activista por la tenencia compartida copara la joyería).

Hasta ahora, el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que, si una pareja se separa, la tenencia de sus hijos o hijas debe definirse de común acuerdo y, si esto no es posible, se define en el juzgado de familia. Según las organizaciones mencionadas, las propuestas “modificarían negativamente las situaciones actuales, pretendiendo igualar las diversas realidades familiares al establecer de antemano una solución reglada en todos los casos”. Así, se desconocen las circunstancias particulares de cada familia, pero sobre todo la opinión y la voluntad de niñas, niños y adolescentes.

Además, estos proyectos parecen desconocer la extrema vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a casos de violencia y abuso infantil intrafamiliar y la complejidad de los procesos judiciales. El proyecto del Partido Nacional (corresponsabilidad en la crianza) plantea: “La mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio hasta tanto no exista una sentencia firme de condena en contra del denunciado por parte del tribunal competente”. Esto quiere decir que incluso ante la denuncia (por violencia u otro motivo) a uno de los progenitores niñas y niños seguirán estando obligados a mantener la tenencia compartida y el régimen de visitas, lo que según el comunicado vulnera “el principio general de precaución”, dejando a niñas, niños y adolescentes sin garantía de protección en su entorno familiar.

“¿Porqué posteaste eso?”, “¿Te diste vuelta?”, son los mensajes que recibe Daniel Moragues desde que la directiva del Espacio Social Nacional publicó ese mensaje en Facebook. Es que, según Moragues, toda la directiva actual del Espacio conoce a las personas que forman parte de estos movimientos a favor de la tenencia compartida. A pesar de todo, la agrupación prefirió “poner en la balanza el bienestar y la protección de nuestros niños, sobre posiciones de índole política”, invitando a “compañeros, militantes, seguidores y, sobre todo, los legisladores que sabemos nos leen” a reflexionar.

Desde esta columna se invita también a la reflexión, en particular de quienes integran el Parlamento: los intereses políticos no deberían nunca jugar con la vida y la seguridad de quienes más necesitan protección: las niñas, niños y adolescentes de este país.