La “nueva” Policía que tuvo a Guarteche, un hombre formado en la represión al narcotráfico y respaldado por la agencia estadounidense DEA, como mascarón de proa, contó con un equipo de oficiales jóvenes como Alfredo Clavijo (exjefe de la Guardia Republicana), Mario Layera (ex director nacional), Williams García (inteligencia) y la exdirectora del Centro Comando Unificado (CCU) Ana Sosa, entre otros.
A pesar de que los informes del BID y de otros organismos internacionales destacan los logros de Uruguay en la materia, los gobiernos del Frente Amplio, que al comienzo titubearon en reprimir, fracasaron en bajar el número de delitos, en especial homicidios y rapiñas.
Pese a eso, la gestión de Bonomi fue defendida no solo por el Frente y los organismos internacionales, sino incluso por Diego Sanjurjo, el asesor de seguridad ciudadana del ahora canciller Ernesto Talvi, que polemizó con el luego designado subsecretario Guillermo Maciel, que había estado en el ministerio como director general en la presidencia de Jorge Batlle y que el año pasado se pasó del Partido Colorado al Partido Nacional.
El cambio de gobierno representó una nueva oportunidad no solo para Maciel, sino también para varios oficiales del instituto policial.
La “nueva nueva” Policía del gobierno de Luis Lacalle Pou está encabezada por Diego Fernández, un experimentado oficial formado en la Guardia Republicana, que asumió como director nacional, mientras que en Montevideo el jefe es Erode Ruiz, cuyo último destino fue la jefatura de Maldonado.
Tanto Fernández como Ruiz son de confianza directa del presidente y representan, según supo Búsqueda, el retorno de la vieja guardia.
Sin embargo, las fuentes indicaron que a pesar de los anuncios de volver a reforzar las comisarías y descentralizar el programa de patrullaje PADO, basado en el sistema georreferencial aplicado por el CCU, eso no significa que se produzca forzosamente una “vuelta al pasado”, sino que seguramente habrá una adaptación a las nuevas circunstancias, porque las formas del delito también cambiaron.
El experto frenteamplista en seguridad e inteligencia Jorge Jouroff insistió en diálogo con Búsqueda en que aún es pronto para juzgar la actuación del nuevo gobierno en materia de seguridad pública.
“Una cosa son operativos y otra planes estratégicos, y eso el nuevo gobierno aún no lo ha mostrado. Una orientación estratégica se mide por resultados, y para eso es muy pronto, se necesita tiempo”, advirtió Jouroff, que fue director general del Ministerio del Interior con José Díaz.
Por otra parte, una alta fuente policial que forma parte del nuevo elenco dijo a Búsqueda que precisamente el resultado de los nuevos operativos deberá verse en el tiempo.
“Escoba nueva siempre barre bien, pero yo quiero que esta barra bien en el tiempo”, dijo el jerarca.
En ese sentido, otro experto en seguridad consultado puso en duda el resultado de estos operativos que además “son materialmente insostenibles en el largo plazo”.
La presencia del presidente y el ministro en el velorio de la agente fallecida que fue herida en la puerta de su casa el viernes 6, cuando regresaba uniformada y armada de la guardia en una embajada, fue vista como una fuerte señal de compromiso con el instituto.
Otro punto a favor, además de la tranquilidad que despertó en parte de la población más presencia en las calles, fue que el domingo 8 el operativo policial, que supuso un gran despliegue de más de 200 efectivos y varios blindados en el centro de Montevideo, a pesar de las críticas y recelos, terminó sin incidentes.
Junto al plan estratégico, que si existe no ha sido mostrado, otro aspecto a tener en cuenta es la próxima discusión parlamentaria de la ley de urgente consideración y el papel que se le asigne a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.
Uno de los puntos irritantes que contiene la ley, sobre todo para el Frente, es la introducción de la presunción de legítima defensa para los policías.
A su vez, a raíz del nuevo papel del Ejército en la frontera seca con Brasil, votado por el Frente Amplio, comenzó una discusión acerca de la nueva función de la fuerza de tierra como auxiliar de la Justicia.
Históricamente, además de la Policía, solo la Prefectura Nacional Naval tenía esa competencia. Luego de los atentados de las Torres Gemelas en 2001 en Estados Unidos, se creó la policía aeroporturaria, dependiendo de la Fuerza Aérea, pero Uruguay carece hasta ahora de un cuerpo fronterizo, una tarea que asumirá ahora el Ejército en colaboración con la Policía, aunque eso no determina necesariamente que la fuerza se sume al combate al narcotráfico.
Lluvia de denuncias
“Estamos haciendo lo que no hicieron durante 15 años y les parece extraño. Dejaron una cultura de la anomia, el irrespeto que da lo mismo hacer una cosa que otra. ¿Pretenden con ese accionar desestabilizar la gestión del Ministerio del Interior?”, respondió Larrañaga en El País a algunos cuestionamientos que recibió apenas comenzaron los operativos de vigilancia.
La senadora frentista Carolina Cosse, por ejemplo, manifestó su preocupación por “los excesos cometidos por el Ministerio del Interior”. El comité central del Partido Socialista fue un poco más lejos ya que criticó “el avance de discursos y medidas punitivas dentro del propio Frente Amplio”, mientras el senador Charles Carrera (MPP) opinó que apoya toda acción que sirva para combatir a la delincuencia, “pero eso no significa que haya que justificar excesos contra quienes merecen protección policial, en lugar de abusos injustificados”.
Los “abusos injustificados” del Ministerio del Interior no son una novedad de este gobierno, pero cuando los directivos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo quisieron introducir capacitación en derechos humanos en la formación de los oficiales no fue posible y solo accedieron a dar unas charlas. Este mes, desde que Larrañaga comenzó su gestión, la Institución recibió el récord de 22 denuncias.
Desde que se creó la Institución en 2012, explicó el director Juan Faroppa, el Ministerio del Interior lleva la delantera en materia de denuncias. En 83 casos desde entonces, los investigadores llegaron a la conclusión de que se había violado un derecho y por consiguiente se envió un informe con recomendaciones a las autoridades y a fin de año al Parlamento.
Las 22 denuncias que afectan a Interior desde el domingo 1º deberán ser estudiadas por los equipos de abogados, asistentes sociales y psicólogos y algunas de ellas quizás sean desechadas. Por ley, tampoco seguirán curso los casos que a su vez hayan sido denunciados ante una fiscalía penal.
Precisamente, fuentes de la Fiscalía indicaron a Búsqueda que existen unos 15 casos en trámite en todo el país.
Las actuaciones de los fiscales en Salto, Canelones, Artigas, Rocha, Tacuarembó y Montevideo están siendo estudiadas “con mucha calma y tranquilidad” para dar garantías a todas las partes.
Después del episodio que se produjo en la plaza principal de San José, donde un policía redujo con un arma larga a un artista callejero y las posteriores explicaciones del nuevo jefe de Policía, Orestes Leles, el caso que causó mayor impacto fue la denuncia presentada por el funcionario municipal Daniel Piñeyro, que expuso el caso en Radio Sarandí, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.
La abogada de Adeom, María de la Fuente, dijo a Búsqueda que las imágenes presentadas por el ministro Larrañaga al presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira y a la secretaria general de Adeom Valeria Ripoll para justificar el accionar policial, antes que las viera el propio fiscal, “fueron editadas, son parciales y muestran solo una parte del incidente” en la que su cliente fue golpeado y baleado cuando se trasladaba en moto en los accesos a Montevideo.
Mientras el fiscal Carlos Negro investiga el caso, que podría derivar en la primera crisis para Larrañaga, Pereira, que no quiso ingresar en los detalles, dijo que el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales “van a dar la pelea para evitar que se enfrenten trabajadores contra trabajadores”.
Para Pereira, “que estemos en una sociedad más violenta no justifica violentar también las libertades civiles ni los derechos humanos”.
Pereira dijo que no hay que aceptar que se estigmatice a la gente como hizo el jefe de Policía de San José. “¿Quién es el jurado de eso?”, preguntó.
Información Nacional
2020-03-12T00:00:00
2020-03-12T00:00:00