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    La opinión pública “siempre es punitiva” porque “está gobernada por el odio”, pero “solo el castigo” no cambia a los presos

    Según Nils Öberg, encargado del sistema penitenciario de Suecia

    La realidad de las cárceles en Suecia no tiene punto de comparación con la situación penitenciaria en Uruguay. Los escenarios son diferentes en todos sus niveles. La infraestructura, primero que nada, pero también la cantidad de funcionarios, de condenados cumpliendo penas alternativas y, sobre todo, de personas dentro de las prisiones. Sin embargo, para Nils Öberg, encargado del sistema penitenciario sueco, aunque “es difícil encontrar puntos de encuentro” por los distintos contextos sociales o hasta de legislación entre ambos países, los desafíos “son parecidos”.

    Por eso, semanas atrás visitó Uruguay para intercambiar estrategias con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. La corta visita no le permitió recorrer las cárceles, pero tiene identificado que “hay un gran número de personas en prisión” que “exige una estrategia a largo plazo para cambiarlo porque no existen soluciones mágicas”.

    El principal desafío común que encontró es el abuso de drogas. El experto contó a Búsqueda que ese problema llevó a que en las décadas de los 70 y 80 las cárceles suecas estuvieran superpobladas, tal como lo están las uruguayas hoy. En estos últimos años en Suecia se volvió a dar un brote de jóvenes consumidores de drogas como consecuencia de “estar marginados en la sociedad”. Si esa situación no se logra cambiar, serán ellos los que vuelvan a poblar las cárceles durante los próximos 40 años, dijo Öberg.

    Los números entre ambos países muestran una brecha enorme. A pesar de que en Suecia viven cerca de 10 millones de habitantes, tres veces más que en Uruguay, la cantidad de personas privadas de libertad ronda las 4.000, unas tres veces menos que en las prisiones uruguayas. En las cárceles suecas hay en promedio un funcionario por cada recluso; en Uruguay hay uno cada cuatro o cinco presos. Y a diferencia de la experiencia local, donde la aplicación de penas alternativas es incipiente, en el país escandinavo hay 12.000 “clientes”, como los llama Öberg, cumpliendo sanciones de este tipo.

    “Usamos la palabra clientes para describir a quienes no están en prisión y cumplen condena no bajo custodia. Como no están en prisión, no les decimos prisioneros, les decimos ‘clientes’ por falta de una mejor palabra”, explicó el sueco.

    La clave para atacar los altos números de personas recluidas en cárceles, según el experto sueco, es que todas las partes involucradas apunten hacia un mismo norte: la reinserción de los presos en la sociedad. Lo siguiente es pasar de la práctica a la acción y el foco está en el personal. “Necesitas gente que haga el trabajo y necesitas una organización profesional. La parte fácil, aunque es cara, es proveer un espacio físico sano y seguro. La parte difícil es desarrollar la sentencia de modo que se proporcione a las personas actividades significativas”, agregó Öberg.

    Petit tiene un discurso similar y en su último informe anual señaló los problemas de las prisiones uruguayas. En un tercio de los centros de reclusión hay “condiciones inhumanas” para los reclusos, con carencias importantes en infraestructura. Y la actividad para cientos de presos de los módulos 8, 10, 11 y 12 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez, por ejemplo, llegó a ser inexistente durante semanas. Öberg no se sorprende porque sabe que es la realidad de muchos centros a lo largo del mundo, pero sí se preocupa porque tiene claro que un panorama así no da buenos resultados.

    “En Suecia tenemos programas de reintegración social para los problemas con drogas y delitos sexuales, actividades educativas, pero solo eso no es suficiente. Todos deben entender que alguien que está encarcelado por muchos años tiene mucho tiempo en la cárcel y hay que llenarle ese tiempo con actividades que tengan sentido”, dijo.

    En las cárceles suecas con mayor cantidad de presos instalaron industrias textiles, plásticas, de la madera, metalúrgicas, y compiten en el mercado económico como cualquier empresa. Tienen sus clientes y, por ejemplo, han logrado ser el mayor servicio de lavandería del país.

    “Cambiamos la mentalidad de la persona que fue acusada de un delito y también tratamos de darle un ambiente que sea lo más parecido al afuera para que esté preparado al salir, así cuando se levantan tienen un trabajo a donde ir que le da una estructura a la vida de la persona”, explicó.

    A pesar de las diferencias, en la sociedad sueca también enfrentan a diario el mismo debate que se plantea en Uruguay: ¿Por qué darles tanto dinero a los que cometieron delitos? ¿No deberían ser castigados por lo que hicieron? Y la respuesta de Öberg es siempre la misma: “Sí, entiendo que haya gente que solo quiera el castigo, pero la alternativa es mucho más costosa, porque el delito y la criminalidad cuesta a la sociedad muchas veces más que un sistema penitenciario que funcione bien”.

    En su opinión, Suecia se encontró con “políticos sabios” que entendieron que cuando una persona llega a la cárcel no es por un único factor sino por varias causas que no se resuelven solo con una pena. Aunque el experto tiene claro que la diferencia de la política criminal con otras políticas es que “está gobernada por el miedo, el enojo o la ira”. “Y si esa es la única perspectiva del problema, las políticas criminales siempre van a ir en dirección de la mano dura porque la opinión pública no es diferente en Suecia, Uruguay o Estados Unidos, siempre es punitiva”, dijo.

    Sin embargo, reconoce que es una discusión permanente. “Al final la pregunta es simple: ¿Queremos que el sistema penitenciario se trate solo de castigar o que sea más que eso?”.

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