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El equipo económico de gobierno se resiste a hablar de ajuste y alega que lo que tienen en curso es un proceso de “consolidación fiscal”. Sostienen que ajustes fueron los aplicados en los años noventa y de principios del 2000 por blancos y colorados, porque entonces se hacían recortes de gasto público y subas de impuestos significativas. Es un juego semántico de la dialéctica política del que poco entiende el ciudadano común, quien seguramente volverá a escuchar ese término el próximo período, cualquiera sea el partido que gobierne.
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Un estudio de hace pocos meses elaborado por economistas del Banco Mundial (BM) profundizó en el análisis de los costos y beneficios de los ajustes fiscales en la región, ya que son varios los países que enfrentan simultáneamente desequilibrios relativamente significativos en sus finanzas públicas y alto endeudamiento. La “frágil situación fiscal de la mayoría de los países de América Latina sigue siendo la principal preocupación desde el punto de vista macroeconómico”, señala el documento. El desequilibrio era de 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en la región, y Uruguay estaba por encima de esa mediana. Algunos ya empezaron a tomar medidas, “pero el ritmo del ajuste fiscal tendrá que aumentar, habrá que emprender más reformas estructurales (particularmente en lo que se refiere a sistemas previsionales), y habrá que fortalecer y/o implementar reglas fiscales, según sea necesario”, añade.
Desde enero de 2017, Costa Rica, Surinam, Chile y Brasil vieron rebajadas sus notas de crédito por parte de la agencia Fitch y “no es sorprendente, entonces, que las autoridades fiscales en los países con grado de inversión como Colombia y Uruguay adviertan en repetidas ocasiones acerca del riesgo de perder la valiosa calificación de grado de inversión si no se reducen los déficits”.
Para Uruguay, el BM estimó que sería necesario un ajuste equivalente a algo menos de un punto del PBI para aumentar el superávit primario —antes del pago de intereses de deuda— y así estabilizar la relación entre deuda y Producto.
Desde otra perspectiva, la pregunta de cuánto tendría que crecer el ratio deuda/PIB para perder el investment grade tiene una respuesta preocupante para Uruguay: “es el país con el menor espacio fiscal”. El que está más cómodo es Chile.
Qué ajuste. ¿Cuánta verdad hay, para el caso de América Latina, en la sabiduría convencional de que los ajustes fiscales deberían generar beneficios a largo plazo a expensas de costos a corto plazo? El estudio del BM, coordinado por el uruguayo Carlos Végh —su economista jefe para la región—, señala que no. Y pone como ejemplo las “tablitas” cambiarias aplicadas en los noventa en el Cono Sur, que generaron un auge económico en los primeros años. Pero es claro, según el organismo, que la región se beneficiaría de los ajustes fiscales especialmente en el mediano y largo plazo.
Los déficits fiscales más bajos reducen la inflación, aumentando el crecimiento a largo plazo mediante efectos por el lado de la oferta. También contribuye a la expansión económica un menor endeudamiento público.
En términos más generales, en modelos de horizonte infinito, los efectos de un abatimiento de los desequilibrios fiscales en el crecimiento dependerán de qué variables se ajustan a largo plazo. Por ejemplo, si es mediante un aumento de los impuestos sobre la renta o la inversión, puede que la actividad económica se resienta debido a retornos más bajos de la acumulación de capital. En cambio, si el ajuste es vía un recorte del gasto público primario (en particular, del gasto público improductivo), el crecimiento puede aumentar.
Además, según el análisis del BM, cualquier corrección fiscal que reduzca la probabilidad a largo plazo de una cesación de pagos puede potenciar el crecimiento al mejorar la confianza y, por ende, la inversión tanto en capital físico como humano.
