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Durante el año pasado, el Estado incorporó 1.889 vínculos laborales con calidad de empleados públicos y otros 550 no funcionarios. Con eso, creció a 312.565 el número de relaciones de trabajo con el sector público, un nuevo máximo histórico.
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El número de adscriptos, que trabajan como colaboradores directos de los ministros que los designan, se redujo en tres, de 94 a fines de 2017 a 91 un año después. Su sueldo promedio en 2018 era de $ 77.146, aunque el máximo superaba los $ 138.000.
El relevamiento de datos que efectúa la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) se extendió en 2018, por primera vez, a entidades vinculadas o con participación pública. A fines de ese año las personas jurídicas de Derecho Público no estatal y las sociedades privadas donde el Estado era socio mayoritario tenían, sumadas, 8.656 relaciones de trabajo.
Entre 1995 y 2018 el total de vínculos laborales con el Estado (funcionarios y no funcionarios públicos) no coincide con los ciclos que presenta la trayectoria del Producto Bruto Interno (PBI), según un análisis incluido en los documentos que acompañaron la Rendición de Cuentas enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento a fines de junio. En el período hubo dos etapas: hasta el 2003, la evolución es decreciente, mientras que comienza a aumentar a partir del siguiente año; luego, entre 2004 y 2018, tanto el total de vínculos como el PBI se movieron de manera ascendente, aunque a ritmo distinto (1,9% y 5,4%).
En 2018 la cantidad de vínculos en el sector público aumentó 0,8% (2.439) respecto al año anterior.
Hubo un incremento de 912 vínculos de funcionarios en el Poder Ejecutivo, fundamentalmente por la regularización como provisoriatos y contratos de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que antes eran convenios con organizaciones de la sociedad civil contabilizados como no funcionarios.
Por otro lado, el aumento de 550 vínculos de no funcionarios fue sobre todo a incorporaciones en la Universidad de la República (558 más que en 2017) debido a los colaboradores honorarios y docentes libres que no se informaron en años anteriores, así como por el Ministerio del Interior (incremento de 474) por contratos de arrendamiento de servicios de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales que no se informaron en años anteriores y el Ministerio de Educación (suba de 341) correspondientes a docentes no escalafonados.
El “otro Estado”
Si bien los empleados de las personas jurídicas de Derecho Público no estatal no se consideran funcionarios públicos, los alcanzan algunas normas de conducta, como la ley anticorrupción y otras disposiciones referidas a la responsabilidad en la gestión patrimonial. A base de eso, la ONSC las incluyó ahora en sus informes anuales: a diciembre de 2018 tenían 5.952 vínculos laborales, una reducción de 773 frente al año anterior. Ese total contabiliza al personal, por ejemplo, del Laboratorio Tecnológico, el Inefop, el Instituto Plan Agropecuario, el Instituto Investigaciones Agropecuarias, Mevir, el Patronato del Psicópata y el Centro Ceibal.
También recepcionó datos de 26 entidades de Derecho Privado con participación estatal mayoritaria de, básicamente, empresas públicas como Ancap, UTE, Antel o el Banco República: totalizaban 2.704 vínculos laborales y 70 integrantes de directorios a fines de 2018, que en la mayoría de los casos incluyen personal de las empresas o entidades estatales de las que son propiedad. Son 76 más que un año atrás.
Afro
El año pasado entraron a trabajar al Estado y a las personas jurídicas de Derecho Público no estatal 642 afrodescendientes, con lo que la ley que les asegura una cuota de 8% del total de ingresos quedó incumplida (fueron 3,29%).
Los organismos que cumplieron con dicha cuota fueron 14 en total; las intendencias de Durazno y de Rivera, la Universidad de la República, así como el Instituto del Niño y el Adolescente, estuvieron entre los que lo hicieron de forma más holgada.
Discapacitados
Para las personas con discapacidades, otra ley prevé la reserva del 4% de las nuevas incorporaciones que haga el sector público. Durante el año pasado ingresaron 91; eso representó 1,27% de las vacantes cubiertas (se debían alcanzar 288 para cumplir con el cupo mínimo). Varios gobiernos departamentales del interior, además del Instituto de Colonización, cumplieron con la cuota para discapacitados.
