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El Poder Ejecutivo se incorporó este año a las negociaciones del TiSA, un tratado comercial internacional de liberalización del sector de servicios. Según el gobierno, al participar se podrá incidir en la discusión a nuestro favor y al final del proceso se podrá decidir si el país se incorpora o no. (1)
El PIT-CNT ha anunciado que hará campaña en contra del TiSA, ya que rechaza que las empresas extranjeras participen en las telecomunicaciones, la energía y el agua; que aumente la presencia extranjera en el sector financiero y las compras estatales; y en definitiva se opone a toda forma de imperialismo y pérdida de soberanía.
No voy a argumentar sobre los eventuales efectos económicos y sociales de aprobar el tratado, porque eso ya se está discutiendo ampliamente. Me quiero centrar en lo otro: las cláusulas que atentan contra la libertad y la democracia, y el secretismo de las negociaciones.
Ya hay tratados por los que empresas extranjeras pueden demandar internacionalmente al estado uruguayo por haber sido afectadas por sus acciones. Un ejemplo es la demanda que enfrentamos de Phillip Morris por políticas de combate al tabaco.
Es decir que un tribunal de arbitraje extranjero, sin el menor control ciudadano, puede sancionar al estado por decisiones de interés público en el marco de la legislación nacional, lo que es una aberración. Jamás debería triunfar la libertad económica sobre la salud pública. Además, a la Ciadi no pueden acudir individuos, organizaciones no gubernamentales, ni empresas uruguayas, lo cual claramente viola el principio de igualdad ante la ley.
Los numerosos tratados internacionales en discusión están agregando más cláusulas que atacan la libertad de los ciudadanos e impediría acceder a la cultura, la salud y la tecnología, y deberíamos oponernos firmemente a ellos.
Por ejemplo, el TPP que están negociando los países del Pacífico contiene un capítulo de propiedad intelectual que pretende aumentar aún más la duración de los derechos de autor, restringir drásticamente los usos permitidos durante dicho plazo, responsabilizar a los operadores de sitios web por acciones de los usuarios, prohibir el desbloqueo de aparatos electrónicos y habilitar las patentes de informática y seres vivos, entre otros puntos. (2) El TTIP entre América del Norte y la Unión Europea tiene una sección similar. No debemos aceptar semejantes contratos leoninos.
Sobre el secretismo de las negociaciones, el periodista Martín Aguirre dijo en una columna: “Parece poco probable que, estando involucrados países como Estados Unidos y zonas como la Unión Europea, haya muchos secretos y cosas misteriosas. Más allá de las teorías conspirativas tan en boga, las reglas de transparencia que rigen esos países hacen imposible que nada se pacte sin que la sociedad civil tenga chance de analizarlo”. (3)
La prensa lamentablemente nos informa que no es así. Varios tratados internacionales se están negociando en secreto, lo que se opone frontalmente a la democracia. Por ejemplo, los miembros del Parlamento Europeo que desean estudiar el TTIP deben ingresar a una sala sin computadoras, teléfonos ni lapiceras, leer el texto bajo vigilancia de un guardia y salir en dos horas. Y por si llegaran a memorizar algún punto, deben mantener la confidencialidad o ser castigados penalmente. (4)
El fiscal Enrique Viana intimó al Poder Ejecutivo a publicar un informe sobre las negociaciones del TiSA. Ojalá su acción permita revelar lo que enfrenta Uruguay.
