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    La policía y la vida

    N° 1719 - 27 de Junio al 03 de Julio de 2013

    El juez penal Homero Da Costa y la fiscal María Camiño sostuvieron el mes pasado una controversia. La fiscal pidió archivar una investigación sobre la muerte de una persona causada por disparos de un policía en el barrio Marconi. Como ese pedido es preceptivo, el juez archivó pero señaló varias irregularidades en el procedimiento policial. Sin embargo, pese a que las irregularidades significan un fuerte alerta sobre la seguridad pública, ni el oficialismo ni la oposición han incursionado en la formación profesional integral de la policía como garantía para los ciudadanos.

    Da Costa —un magistrado de experiencia que integra la lista de los mejores jueces penales— advirtió sobre un operativo “poco profesional” en el que a los funcionarios los hechos se les “fueron de las manos”. Dice que el matador demostró una “falta de equilibrio emocional alarmante” y que debió actuar “con ponderación y con prudencia”. Agregó que al efectuar disparos “en forma paralela al piso hacia un conglomerado de unas cincuenta personas” debió suponer que “era muy factible” que algún disparo pudiera alcanzar a una persona y abatirla, como sucedió.

    Para la fiscal, los policías “cumplieron con su deber. En el ejercicio de sus legítimas potestades estaban efectuando el arresto de varios sospechosos de haber participado en una rapiña (y el procedimiento fue) impedido por un grupo de unas cincuenta personas que habitan en el barrio mediante el ejercicio de la violencia”.

    La Policía tiene el deber de aplicar su energía represiva ante la violencia, pero, ante todo, debe velar por la vida de los ciudadanos, el bien más preciado. En Marconi, Pocitos, el Borro o Carrasco. El gatillo fácil se debe investigar hasta el hueso. ¿Qué hubiera sucedido si durante el copamiento de la Suprema Corte de Justicia alguno de los violentos militantes hubiera muerto por un disparo de la Policía? Probablemente otra cosa.

    Del expediente queda claro que el incidente pudo evitarse y que las irregularidades no solo fueron del matador. Da Costa relata: el policía más antiguo, el que oficiaba como “superior”, es diabético dependiente de la insulina y se descompensó durante el procedimiento; el homicida se desmayó; otro funcionario se sintió lesionado por un “ataque de pánico” y quedó fuera de acción: sostenía haber sido herido de un balazo pero los médicos no encontraron heridas; otro policía besaba las balas antes de disparar y les gritaba a los revoltosos que iban a morir todos. Alarmante.

    Los propios compañeros del homicida declararon que su colega no estaba en condiciones de trabajar como policía ejecutivo y que debió ser destinado a un trabajo administrativo.

    Los hechos parecen copiados de la serie de películas de los 80 “Locademia de Policía”. Se presentaban como guiones de humor pero reflejaban el drama de la inseguridad aumentada por quienes tienen la obligación de garantizarla.

    El del Marconi fue un procedimiento de una flagrante mala praxis. Lo avaló el presidente de la Confederación Uruguaya de Policías (CUP), Óscar de los Santos: “Hay policías que tienen una preparación de tres, cuatro o cinco meses, algo que para nosotros es muy poco tiempo”, declaró en el sitio Montevideo.com.

    Ese tiempo no es suficiente para preparar ni física ni psicológicamente porque muchos policías “no saben manejar el poder que tienen”, añadió. Reveló que la necesidad de tener más efectivos lleva a las autoridades a “sacar al policía a la calle lo antes posible” lo que en algunos casos sucede con solo 45 días de preparación. Eso —agregó—, como dijo el juez, se traduce en “error en los procedimientos” y en “abusos policiales”.

    En esto no está en juego determinar si la razón le asiste a Da Costa o a Camiño —ocasionales protagonistas—, lo que jurídicamente puede ser discutible. Pero los señalamientos del juez y las declaraciones del presidente del CUP no dejan dudas en cuanto a que a la inseguridad y al riesgo de vida que provocan los delincuentes se añade la de algunos policías por falta de formación y profesionalismo. Como acaba de quedar en evidencia en Rivera, donde la Policía no preservó la escena del homicidio de Rita Viera Da Cunha.

    Acabo de leer convocatorias públicas de algunos países europeos para la incorporación de nuevos funcionarios policiales.

    Parten de la exigencia de estudios secundarios, límite de edad, características físicas y poseer libreta de conducir. Completados estos requisitos se realiza un concurso de oposición para el curso: aptitud física, cultura general, entrevistas y exámenes psicotécnicos y médicos. Los aspirantes añaden puntos con conocimientos de otros idiomas o académicos.

    Quienes superen los mínimos —los cupos son limitados— se incorporan a los centros de formación. Realizan como internos entre seis y nueve meses de instrucción en las escuelas policiales. Lo complementan finalmente durante algunos meses en forma práctica pero controlados para evaluar su personalidad, disciplina, espíritu de equipo y corrección. En suma, para que salgan a la calle a controlar y reprimir con un respecto extremo hacia los ciudadanos a quienes les deben garantizar la seguridad y la vida.

    ¿Que son países desarrollados? Ahora están sumidos en una profunda crisis económica con un altísimo desempleo y crecientes índices de delincuencia local e internacional. Pero para sus gobiernos la seguridad es aún prioritaria. ¿Qué impide tener en Uruguay el mismo rigor para seleccionar y formar a quienes deben protegernos?