La capacitación en el sector rural llegó a lugares “tan remotos” como Valle del Lunarejo, en Rivera, Tambores y Rincón del Queguay, en Paysandú, Paso del Dragón, en Cerro Largo, y Caraguatá, en Tacuarembó, según registros del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
La cantidad de beneficiarios de las capacitaciones fueron 7.850 en el medio rural desde 2008 hasta junio del 2017, a partir de los convenios establecidos entre el Inefop e instituciones público-privadas y gremiales rurales. Y considerando los cursos presentados por las entidades de capacitación y los comités departamentales, que en promedio son unos 800 por año, se alcanza a unos 5.200 beneficiarios más, por lo que el total de beneficiarios rurales sería de 13.050.
La población rural de Uruguay es de 384.448, que representa el 12% del total del país, y la población rural dispersa es de 175.614, un 5,3%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2011. Teniendo en cuenta esos datos, la cantidad de beneficiarios a los que llegó Inefop representa el 3,4% del total de la población rural y el 7,4% de los pobladores de zonas rurales dispersas. Eso marca el “gran desafío” y “oportunidad de crecimiento que se tiene por delante”, señala el Inefop en el informe.
El Inefop es una institución pública no estatal creada por ley en 2008 con el objetivo de ejecutar políticas de formación profesional y fortalecimiento del empleo de los trabajadores de Uruguay. Es dirigido por un consejo directivo integrado por ocho titulares y sus alternos, en representación del Poder Ejecutivo, de los sectores empresarial y sindical y un representante de las empresas de la economía social.
En los primeros años de funcionamiento ese organismo tuvo un alcance “muy reducido”, con 800 a 900 beneficiarios anuales, y luego de un cambio en la metodología de trabajo logró incrementar ese número a más de 1.000 en 2013, y llegó a superar los 2.000 en 2016.
De tener una acción dirigida a partir de las ofertas de las entidades de capacitación, entre otras medidas, el Inefop pasó a establecer convenios con instituciones públicas y privadas del ámbito rural con alcance nacional y presencia en el territorio.
Pensando en el futuro, técnicos del organismo trabajan en las posibilidades de seguir incrementando esa metodología y en la búsqueda de complementaciones entre las diferentes instituciones público-privadas, como cursos que se realizan para el Instituto Nacional de Colonización, por parte del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y del Instituto Plan Agropecuario (IPA), el convenio Inefop-SUL y otras, como con las gremiales del sector y esas dos instituciones.
Y plantean la necesidad de “trabajar desde los territorios, según las demandas y necesidades de la población local, con un enfoque de desarrollo territorial. Si bien se entiende que puede haber capacitación sin desarrollo, no es posible pensar en el desarrollo territorial sin capacitación”.
Las líneas estratégicas del Ministerio de Trabajo están definidas en el documento Cultura del trabajo para el desarrollo, que comprende la continuidad y profundización en el proceso de trabajo decente y también priorizar la calidad del trabajo, señalan.
Se impulsan las líneas estratégicas y las temáticas “transversales obligatorias” como la equidad de género, seguridad laboral, derechos y obligaciones del trabajador y la inclusión expresa de personas con discapacidad.
Aislada y vulnerable.
Si bien están cambiando los modos de vida, todavía se produce una concentración de la población en centros poblados y ciudades debido a las transformaciones en los medios de traslado y las formas de trabajo y la rural “sigue siendo una población mayormente dispersa y aislada”, según el informe. Detalla que “de toda la población rural el 46% es todavía dispersa”.
“Por lo que hay una cantidad importante de la población a la cual es difícil de llegarle con capacitaciones”, reconoce.
Otro aspecto que cambia en el “rasgo histórico” de los trabajadores rurales asalariados agropecuarios es el lugar de residencia, ya actualmente una minoría reside en la ruralidad dispersa (29%).
En las localidades menores a 5.000 habitantes reside el 32%, según datos del INE de 2013. Eso también hace que sea “dificultoso” el llegar a acuerdos entre empresas y sindicatos, como se exige en la gerencia de empleo.
El informe destaca además la “gran importancia” de los productores familiares, que comprenden 25.285 predios, representando el 56% de las explotaciones, y que “casi no contratan mano de obra”.
Esa población “mayoritariamente tiene escaso nivel educativo formal (68% hasta primaria completa)”, advierte, y apunta: eso “hace que las capacitaciones no sean comunes y se deben realizar mayoritariamente de forma de ‘aprender haciendo’”.
Inefop considera que otro rasgo de esa población que la “hace vulnerable” es que el perfil histórico que en Uruguay presentan los trabajadores rurales asalariados del sector agropecuario refieren a la predominancia de hombres (84%) y a la escasa presencia de jóvenes (32%),
Esos aspectos evidencian la “vulnerabilidad por edad” y la “dificultad en el recambio generacional”.
En las últimas cuatro décadas los trabajadores rurales asalariados junto a los trabajadores familiares en el sector agropecuario componen la mayoría de los ocupados en el sector agropecuario (cerca de 90%). Además, se registra la cifra más elevada en 1985 (90%) y la menor en 1996 (83%).
El rango de variación de la presencia de trabajadores familiares en el período 1975-2013 varió en términos relativos del mayor guarismo registrado en un 40%, en 1975, y el menor registro en 2010, con un 29%. En 2013 los trabajadores familiares representaban un tercio del total de los ocupados en el sector agropecuario (33%), los que son “los de menores ingresos y accesibilidad de toda la población rural”, destaca el estudio.
Respecto a la “vulnerabilidad” del sector, el organismo indica que los trabajadores asalariados en el sector agropecuario en su amplia mayoría realizan tareas agropecuarias (73%), los cuales se distribuyen en tareas no calificadas agropecuarias (42%), tareas calificadas agropecuarias (21%) y operadores de maquinaria agrícola y forestal (10%).
“Cuatro de cada 10 trabajadores del sector desempeñan tareas consideradas no calificadas”, advierte. Menciona que el restante 27% de trabajadores rurales realiza tareas domésticas, de oficina, ventas, entre otras.
“Muchos productores familiares al no obtener el ingreso familiar necesario venden su fuerza laboral a productores más grandes o en otros sectores de la economía”, comenta.
En el sector de trabajadores rurales los que tienen mayor peso en el total son los agricultores, trabajadores calificados del agro, agricultura y pesca (49%) y los peones agropecuarios, forestales y de la pesca (33%), según los datos de Inefop.
Los asalariados privados son el 52% del total de trabajadores rurales, lo que representa 90.300 ocupados. Dentro de ese grupo, las ocupaciones más destacadas son las de mozos de labranza (48%) con 43.151 trabajadores, los criadores de ganados (12%) con 10.777 personas y cocineros (4%) con 3.672 personas.
La investigación muestra que los patrones son alrededor de un 12% y los trabajadores por cuenta propia con local suman un total de 48.800 ocupados (28% del total y en aumento).
Las ocupaciones más destacadas son las de criadores de ganados (57%) con 27.755 personas y agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines (12,7%) con 6.221 personas, conforme a los registros oficiales.
