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La discusión sobre la integración del Tribunal de Cuentas ha sido un problema casi permanente en la relación entre el oficialismo y la oposición en el actual período. Y la situación podría agravarse debido al interés de la coalición gobernante de quedarse con la presidencia del organismo, hasta hace poco ocupada por una persona neutral.
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Con la reciente renuncia de la expresidenta del tribunal, la neutral Susana Díaz, tanto el oficialismo como la oposición quedaron en la puerta de pasar a tener mayorías en el órgano de contralor. Su primer suplente, el contador Linder Reyes, fue exfuncionario y jerarca de la Intendencia de San José había sido propuesto por el Partido Nacional, mientras que quien le seguía en la nómina, la abogada Mariana Gulla, es abogada de la Universidad de la República y había integrado la lista a pedido del Frente Amplio.
Si bien Reyes había dicho a Búsqueda que dudaba en asumir debido a que enfrenta algunos problemas de salud, finalmente comunicó hace un par de semanas que aceptaba el cargo. En su primera sesión como integrante, Reyes votó con el oficialismo la resolución que avaló la compra de dos buques de patrulla oceánica para la Armada Nacional por US$ 92 millones al astillero gallego Cardama, según publicó El Observador. Había dos informes jurídicos diferentes y los ministros del oficialismo, junto con Reyes, consideraron que la compra no debía ser observada, a diferencia de lo que entendían los del Frente Amplio, que habían cuestionado que la compra fuera secreta y que no se había respetado el artículo 149 del Tocaf.
Más allá del tema en cuestión, a los ministros frenteamplistas les llamó la atención un aspecto en particular: el novel integrante no asumió como presidente, sino como un ministro más, y quien condujo la sesión fue uno de los ministros frenteamplistas, Miguel Aumento, porque quien venía presidiéndolo, el nacionalista Francisco Gallinal, se encontraba de viaje.
Ahora en el Frente Amplio hay preocupación de que la presidencia permanezca en manos de Gallinal una vez que vuelva de sus vacaciones y no de Reyes, como preveían en un principio. Los ministros de la coalición oficialista consultados por Búsqueda aseguraron que, por reglamento interno, el que debe definir a quién le corresponde la titularidad del organismo es al propio tribunal y no la Asamblea General, que simplemente debería designar a los integrantes.
En diálogo con Búsqueda, Reyes dijo que debe ser el propio tribunal el que designa su presidencia. El flamante ministro aseguró que cuando quedó la vacante del cargo por la renuncia de Díaz, fue convocado para que asumiera, pero simplemente como un integrante más del tribunal y no como presidente. Además, dijo que no opinaría sobre quién debería ejercer la presidencia, pero que no correspondería que fuera él. “Es un organismo que viene funcionando bien. Sería un atrevido, siendo nuevo, ser el presidente de un organismo que no conozco, cuando entré ayer. No corresponde”, declaró.
Búsqueda intentó sin éxito comunicarse con Gallinal para consultarlo acerca de si seguirá ejerciendo la presidencia del tribunal.
En la mira
La discusión sobre la presidencia del organismo es seguida en filas opositoras desde el Parlamento. En la Legislatura pasada se acordó la integración actual del Tribunal de Cuentas y en esta se había resuelto no tocar la proporcionalidad de su integración, aunque sí un cambio de nombres dentro del Partido Colorado que al final no se llevó a cabo.
Ahora algunos legisladores del Frente Amplio consideran que si Reyes no es quien asume la presidencia, la coalición estaría violentando el espíritu del acuerdo parlamentario, en la medida en que la suplencia del cargo antes ocupado por Díaz también formó parte de las negociaciones.
“Por algo hay un suplente de cada partido, no es casualidad que Díaz tuviera un suplente nacionalista, otra del Frente Amplio y otra del Partido Colorado”, dijo una fuente de la oposición a Búsqueda. La lista de suplentes está compuesta por Reyes, Gulla y Karina Sapolinski (Partido Colorado). En una misma línea, un legislador frenteamplista sostuvo que el acuerdo implicó expresamente al presidente “con sus respectivos suplentes”, entre los que no están ninguno de los otros tres ministros de la coalición: los nacionalistas Gallinal y Darwin Machado, y el colorado Álvaro Ezcurra.
La suplencia de la presidencia de otro organismo de contralor, la Corte Electoral, terminó por complicar la renovación de sus ministros, algo que es reclamado de forma constante por Cabildo Abierto. Con su titular acordado, diferencias entre el Frente Amplio y el Partido Colorado respecto a quién debía ser el primer suplente del presidente de la Corte, José Arocena, hicieron caer un acuerdo que implicaba el ingreso de la abogada cabildante Sandra Chá al organismo.
