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La comunicación que hizo el viernes 10 el secretario general de Presidencia, Álvaro Delgado, durante la reunión llevada adelante en la Torre Ejecutiva, provocó un nuevo trancazo en las negociaciones entre la coalición de gobierno y el Frente Amplio por la renovación de cargos en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas y por la sucesión del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y del ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis Tosi. Todas esas designaciones requieren mayoría especial y, por lo tanto, acuerdo entre el gobierno y la oposición.
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En ese encuentro, Delgado manifestó a representantes de la coalición oficialista que las autoridades de la Corte Electoral iban a ser renovadas sobre el final del año, una vez que estuviera terminada la contabilización de las firmas para el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, según dijeron fuentes del encuentro.
El comentario de Delgado fue replicado por los participantes del encuentro en varios medios de prensa y causó malestar en el Frente Amplio, como lo expresó su principal negociadora, la senadora Lucía Topolansky, en una entrevista con el programa radial En perspectiva.
Si bien la nueva integración de los nueve ministros titulares de la Corte Electoral está resuelta, la suplencia del presidente José Arocena es el principal obstáculo. Incluso, la continuidad del actual titular, de más de 80 años, no era el plan original ni del oficialismo ni de la oposición, pero la falta de acuerdo sobre un sucesor implicó que se lo ratificara en el cargo, ya que es considerado una garantía como figura “neutral” que no representa a ninguno de los partidos.
El Frente Amplio quiere que la primera suplencia de Arocena recaiga en uno de sus ministros, concretamente en el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco. En la coalición no descartan esa posibilidad, pero hay quienes entienden que ese lugar debe ser ocupado por algún representante del ahora oficialismo, bajo el entendido de que los ministros frenteamplistas suplían a Arocena cuando la actual oposición era gobierno. El mismo criterio, consideran, debería seguirse para designar la primera suplencia de la actual presidenta del Tribunal de Cuentas, Susana Díaz, quien tiene el apoyo de ambas partes para continuar en el cargo.
Según pudo saber Búsqueda, dentro de la coalición el sector colorado Batllistas, liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, reclama designar al primer suplente de Arocena bajo el argumento de que es el único sector que perderá representatividad en el organismo, ya que su ministro Juan Máspoli abandonará el cargo para dar lugar a la cabildante Sandra Chá.
Pero también hay algo de ruido entre el oficialismo y la oposición sobre cuándo debería darse el cambio de ministros. El senador frenteamplista Charles Carrera dijo a Búsqueda que a su juicio la renovación de la Corte Electoral debe darse una vez que termine “todo el proceso” del referéndum, es decir, incluyendo el acto eleccionario si ocurre. “Durante ese proceso no podemos modificar a las autoridades de la Corte”, sostuvo.
En paralelo, el Frente Amplio insiste en unir la negociación de los organismos de contralor con los de la Fiscalía de Corte y la Suprema Corte de Justicia como un único paquete, mientras que la coalición entiende que deben ser dos discusiones distintas. “Nosotros habíamos propuesto negociar un paquete”, dijo Topolansky en la entrevista. Esta definición sorprendió en el oficialismo. Según dijo el senador Gustavo Penadés a la diaria, “eso no fue lo que se planteó” en las últimas reuniones.
El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sostuvo que es claro que la oposición “quiere generar fisuras en la coalición”, a sabiendas de que a su partido le interesa la representación en la Corte Electoral. El legislador insistió con el planteo de Cabildo Abierto de cambiar los miembros “políticos” de la Corte Electoral por mayoría simple, una propuesta que es rechazada por el Partido Colorado por considerarla inconstitucional.
Las negociaciones sobre la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia vienen menos avanzadas que la de los organismos de contralor. El Frente Amplio busca impulsar al ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno Alberto Reyes para suceder a Tosi y está dispuesto a apoyar una nominación de Graciela Gatti, ministra del mismo tribunal penal y presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Gatti había sido impulsada por el Partido Nacional para la Fiscalía, pero provocó rechazo en el ministerio público por tratarse de una jueza.
En Fiscalía tampoco hay avances en la negociación. El Frente Amplio propuso a la fiscal de homicidios Mirta Morales, pero, según publicó el miércoles 15 la diaria, no ha existido aún una respuesta del oficialismo. La oposición rechaza el nombre del fiscal de delitos económicos Enrique Rodríguez, que habría sido impulsado por algunos integrantes del oficialismo, y también tiene reticencias con la fiscal especializada en estupefacientes Mónica Ferrero, otro de los nombres que circuló en los últimos días.
