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El tema dominante la semana pasada fue el dictamen del fiscal Pacheco en el sentido de que el senador De León no habría cometido un delito penalizable en su uso abusivo de la tarjeta corporativa de Alur. Ello causó una lógica indignación pública.
Sin embargo, me permito diferir. Creo que Sendic, De León, García Pintos, y tantos otros, han actuado y actúan conforme a la lógica.
Para comprenderlo solo se requiere un cambio de óptica. Los uruguayos vivimos con la ilusión infantil de que las empresas, entes, intendencias y reparticiones públicas son nuestros, son “del pueblo”. Es evidente que no es así. Son de sus funcionarios.
Lo comprobamos diariamente en su funcionamiento, en sus tarifas, y en la definición de sus atribuciones y objetivos. El ciudadano, el usuario, es meramente la excusa. Para ellos, casi una molestia. Somos clientes cautivos, nada más alejado de propietarios. Pero como a los uruguayos nos encanta que nos mientan y embauquen, lo aceptamos sin cuestionamiento.
En la empresa privada, el poder deriva de la propiedad. Lo mismo ocurre en las empresas públicas. El poder lo tiene el directorio político y lo comparte gustoso con los sindicatos. Por lo tanto, son los verdaderos propietarios.
En una empresa privada no nos llama la atención que el “dueño” utilice los recursos, excedentarios o no, de la forma que le dicte su capricho. Si esa forma es prudente, todo está bien. Si no, la empresa tendrá problemas. En todo caso, la DGI podrá objetar que se pase como gasto algo que debería generarse en utilidades disponibles.
Si un director de una empresa pública decide que es correcto comprarse cosas, viajar, financiar masivamente a su partido o catapultar su carrera política, canalizando fondos de la empresa en forma abierta o disimulada, no tenemos nada que objetar. Por supuesto —todos lo sabemos—, el uso de las tarjetas corporativas es apenas una ínfima punta del iceberg. Ponemos énfasis en ello solo porque es lo demostrable. La contratación masiva de cargos innecesarios, los sueldos abultados por no producir nada, ni siquiera presentarse a trabajar, los sobrecostos por ineficiencias insultantes, los contratos inflados a familiares y amigos, todo eso es una práctica normal a la que estamos acostumbrados desde tiempos inmemoriales.
El gobierno de Margaret Thatcher –—heroína de la historia, lógicamente considerada un demonio por la estulticia uruguaya— devolvió algunas empresas públicas deficitarias a sus pretendidos propietarios —los ciudadanos— entregándoles una acción a cada uno. Con el tiempo esas acciones se fueron vendiendo y comprando, los accionistas organizados eligieron sus directorios y las empresas comenzaron una nueva vida, en serio, esta vez con propietarios legítimos.
Hasta que los uruguayos no seamos de verdad dueños de las empresas pretendidamente públicas, no tendremos derecho a quejarnos de que sus verdaderos dueños las utilicen como les plazca.
