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Finalmente el presidente Hugo Chávez Frías se impuso en las elecciones del denominado “7O”. Y lo hizo por un margen de votos que no deja lugar a dudas: lo que se pensaba que sería un final cerrado en el conteo de votos, fue un triunfo contundente por más de 10 puntos porcentuales, representativos de más de 1,4 millones de votantes.
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Atrás quedan las asimetrías entre ambos candidatos, en particular en lo referido al uso y abuso de los medios de comunicación, al uso irrestricto del erario público en que incurrió el candidato/presidente frente a las dificultades crecientes a las que se debía someter el opositor Capriles. Atrás quedan también la andanada de amenazas, insultos y descalificaciones que desde el abuso del poder se hacía contra el mismo Capriles y sus seguidores. Desde “nazi”, a “judío de mierda”, pasando por “imperialistas pitiyanquis”, candidato del “sionismo imperialista” o “candidato de la derecha”, los oficialistas, con Chávez a la cabeza, no ahorraron adjetivos descalificativos para con su oponente.
Esta elección de trascendencia regional como ninguna otra, nos lleva a pensar en dos principios del derecho constitucional y político llamados “legitimidad de origen” y “legitimidad de ejercicio”. El primero se vincula a que quien gobierna lo haga habiendo sido elegido para el cargo con apego a las normas vigentes para esa elección. Que el acto por el cual es elegido no se encuentre viciado por violar las normas. La “legitimidad de ejercicio” se relaciona con el apego al cumplimiento de las normas jurídicas en el transcurso del ejercicio del cargo.
En el caso concreto de Chávez, su avance sobre la propiedad privada, sobre las libertades civiles cada vez más conculcadas, sobre los medios de comunicación cada vez más perseguidos, sumado a una corrupción generalizada y estructural que tiene a los gobernantes como protagonistas, puso en jaque al gobierno “chavista” en punto a su “legitimidad de ejercicio”. El abuso del poder violentando toda norma jurídica colocó a Chávez en posición de ser considerado un gobernante legítimo en cuanto su origen, ilegítimo en cuanto el ejercicio del poder.
Pero el pueblo mayoritariamente le ha reconfirmado su legitimidad al votarlo mayoritariamente y dotar a su mandato de una nueva “legitimidad de origen”. Entonces es el propio soberano, el pueblo, el que le está diciendo a Hugo Chávez Frías y al mundo que no le importa nada la “legitimidad de ejercicio”. Al contrario: ratifican en forma contundente que no existe tal ilegitimidad: a la mayoría de los venezolanos les gusta así, prefieren así, quieren que sea así. Prefieren un gobernante para el cual la ley y el derecho es una mera referencia que puede cumplir o no siempre y cuando electo legalmente, ese gobernante se llame Hugo Chávez Frías.
Lo importante es que como nunca regirá en Venezuela la premisa de que “cada uno puede hacer lo que quiera, lo que no se puede es obviar las consecuencias”. Reasumirá en enero y los pronósticos indican que Venezuela repetirá en 2013 sus récords. Volverá a ser el país campeón mundial de la inflación; deberán enterrar en Caracas la mayor cantidad de muertos en situación de violencia, más que en cualquier otra ciudad del mundo; seguirá coartada la libertad de prensa y muy posiblemente las expropiaciones a propiedades privadas se intensifiquen y, en esta materia, volverán a ser los primeros. La corrupción estructural se mantendrá intacta. El uso de los dineros venezolanos para influir en la política interna de otros países de la región continuará, en desmedro del uso de esos dineros para atender las crecientes necesidades de la sociedad venezolana. El “regalo” de millones de barriles de petróleo a países aliados seguirá siendo moneda corriente en 2013.
Nada indica que algo de todas estas lacras, cambiará.
