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La reforma del proceso penal es un “mal negocio” desde el punto de vista económico, porque requerirá una cuantiosa inversión de dineros públicos, pero es “indispensable” porque “garantiza derechos y transparenta” los juicios, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y presidente de la corporación a partir de febrero, Jorge Chediak.
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Esa reflexión de Chediak, que resume el contenido del resto de las exposiciones, fue realizada el jueves 4 en el evento “El nuevo proceso penal y su relación con el periodismo”, organizado por el programa de Justicia e Inclusión, la Unión Europea y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el hotel Four Points. En el evento expusieron también el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el fiscal penal Carlos Negro, el ministro de Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno Luis Charles, la directora de la Defensoría Pública, Verónica Acuña, y el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, entre otros. El público estaba compuesto por jueces y fiscales con competencia penal y periodistas de todo el país.
En grandes líneas, la reforma del proceso penal que está previsto que entre a regir a partir de 2017 cambia el actual modelo inquisitivo por uno acusatorio. De ese modo, el juez que actualmente dirige la investigación se dedicará únicamente a la tarea de juzgar como tercero imparcial, recayendo la investigación en los hombros de los fiscales. La defensa también podrá realizar su investigación y dedicará sus baterías a patrocinar a su cliente. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede actualmente, será distinto el juez que dicte el procesamiento de aquel que dicte la condena, procurando evitar la contaminación.
Otro de los cambios más importantes de la reforma es que los juicios penales dejarán de ser escritos y reservados para ser orales y públicos. Adicionalmente, los magistrados tendrán que estar presentes en las audiencias, a diferencia de lo que sucede actualmente, que en muchos casos los testimonios pueden ser tomados por un receptor.
“Esta reforma procesal cuesta mucho dinero, la reforma por audiencia es un mal negocio”, advirtió Chediak a los presentes en el seminario. El magistrado señaló que para cumplir con el objetivo de que los juicios sean orales y públicos se tendrán que acondicionar y alquilar o adquirir nuevas salas de audiencia. También será necesaria una importante inversión en recursos humanos. De acuerdo con un diagnóstico que realizó la SCJ, será necesario duplicar el número actual de jueces con competencia penal en todo el país, pasando de 62 a unos 130.
A pesar del costo, el ministro que presidirá la corporación el año próximo valoró que los beneficios de la reforma son “muy grandes.
“Es indispensable, se garantizan derechos, se transparenta el proceso penal y se genera confianza”, valoró.
A su juicio, uno de los cambios más significativos será el acortamiento de los juicios penales, que hoy demoran en promedio 18 meses. La reducción será especialmente significativa en los casos de flagrancia, aquellos en los que el presunto delincuente fue apresado in fraganti delito, porque de la audiencia saldrá con una sentencia.
“Fracasado rotundamente”.
El fiscal de Corte opinó que es difícil explicar esta modificación a la opinión pública, porque la población “no ve el proceso penal como un problema”, ya que sus preocupaciones “más bien apuntan al tema de la seguridad”.
“Sin embargo el actual modelo ha fracasado rotundamente, en primer lugar frente a la víctima, a la que no ampara, ignora y si se quiere, desprecia”, valoró.
Pero también fracasa frente a los victimarios, “a quienes encierra en cárceles inhumanas sin sentencia”. De acuerdo a datos del ex comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé —citados por Díaz— el 64% de los presos están procesados sin sentencia. “O sea que tenemos personas inocentes presas y personas culpables sueltas”, ironizó.
En esa línea, el fiscal de Corte señaló que el sistema actual tiene una “gran selectividad”, debido a que la gran mayoría de los presos son personas jóvenes, pobres y con escasa formación. “No es que los operadores sean ineptos, sino por la selectividad del sistema”, acotó.
Con respecto a que sea el mismo juez quien actualmente dicta el procesamiento y la condena, el fiscal de Corte informó que el 98% de los fallos son de condena y solo el 2% de absolución. “¿Esto se debe a que los jueces son unos fenómenos y los fiscales y defensores unos burros?”, preguntó. Y de inmediato respondió que esas cifras responden a la forma en la que está diseñado el sistema. “No es una crítica a los operadores, porque si el sistema todavía se mantiene es porque los operadores son buenos”.
La “frutilla de la torta” para Díaz es que con este proceso penal, si Uruguay fuera demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “pierde 13 a 0”.
“Rendir cuentas”.
El cambio de proceso penal traerá grandes modificaciones para el trabajo de los fiscales, advirtió Díaz. Los representantes del Ministerio Público serán quienes llevarán adelante la investigación dirigiendo a la Policía, y cuando crean que tienen un caso sólido lo presentarán ante el juez.
También van a tener que comunicarse con más frecuencia con los periodistas y la sociedad. “Antes el operador veía al periodista como un enemigo. Ahora vamos a tener que empezar a rendir cuentas más a menudo. ¿O acaso integramos una castas que no podemos ser criticados?”, inquirió.
El fiscal penal Carlos Negro coincidió con este aspecto: “En el acusatorio los que manejan la información son otros sujetos, los fiscales. Ese fiscal va a tener que aggiornarse. Es fundamental que la fuente directa de información sea el fiscal, para evitar los juicios paralelos” en los medios, afirmó.
A su turno, la defensora de oficio Verónica Acuña sostuvo que los abogados de la Defensoría Pública van a estar con los “ojos muy abiertos” para que en el nuevo proceso penal se “garanticen los derechos humanos”. “Vamos a ser muy observadores de la duración de los procesos, que la premura no sea en desmedro de las garantías”, advirtió.
