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“Somos un país chiquito, pero hay diferencias” internas, dijo a Búsqueda Sandra Romano, responsable del Programa Violencia y Salud en el Ministerio de Salud Pública (MSP). Romano se refiere a los primeros datos nacionales sobre violencia doméstica que demuestran que existe una mayor prevalencia de ese problema en la zona limítrofe con Brasil.
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Existen diferencias por regiones dentro de Uruguay. La zona de Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Tacuarembó presenta los índices de prevalencia de violencia doméstica más altos del país (34%), mientras que los más bajos están en la zona sur de Canelones y Maldonado (16%). Los números también son altos en la zona limítrofe con Argentina —Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano— con 29,9% seguido de la región centrosur —Colonia, San José, Florida, Lavalleja, Flores y Durazno (29,3%)— mientras que Montevideo registró 28,9%.
“La violencia es un tema con fuerte componente cultural. A pesar de que somos un país chico, con pocas fronteras geográficas, hay diferencias culturales. No sabemos aún cómo juega, podemos tener hipótesis, seguramente es un tema cultural de cuán legítimos se consideran determinados comportamientos”, comentó Romano.
La “Encuesta de prevalencia de violencia doméstica” fue realizada por la Unidad de Sociología de la Salud de Facultad de Medicina de la Universidad de la República junto con el Instituto Nacional de Estadísticas. Fue una iniciativa financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) en la que participaron el Ministerio de Desarrollo Social, el Poder Judicial, el MSP y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional.
El gobierno aprobó en noviembre de 2012 las “Medidas hacia un país libre de violencia doméstica” y en este documento figura el compromiso del MSP de crear centros de referencia y atención por departamento antes de finalizado el período de gobierno y “duplicar el número de equipos de referencia en los departamentos de la frontera seca del país”, precisamente la zona que hoy se comprueba presenta la prevalencia más alta de violencia doméstica.
“Era también lo que se percibía en los servicios de salud sin tener los números. Las cifras son concordantes con la información que manejábamos de otras fuentes, pero ahora por primera vez tenemos evidencia numérica cuantitativa y tenemos mayor fuerza para profundizar en esto”, informó Romano. Si bien en esta zona “hay equipos de referencia”, es donde “hay menos y hay que trabajar más”, agregó.
Violencias.
A nivel nacional, una de cada cuatro mujeres de 15 años y más, asistidas en servicios de salud pública y privada, manifestó haber vivido episodios de violencia doméstica en alguna de sus expresiones en el último año. La prevalencia de violencia doméstica a nivel nacional es de 27,7%. Discriminada por tipo de agresión el 23,9% corresponde a violencia psicológica, 6,3% física y 6,2% sexual.
En la zona de mayor índice de violencia doméstica —limítrofe con Brasil— la violencia física es la más baja (se da en un 3,9% de las agresiones), mientras que Montevideo registra el número más alto de violencia física, que asciende al 7,5%. La violencia psicológica incluye desde gritos e insultos hasta actos de humillación y control. La violencia física pueden ser empujones, sacudones, cachetazos o golpes con objetos, entre otros. La sexual incluye todos los actos sexuales contra voluntad de la persona que pueden ser tanto relaciones sexuales como otras acciones consideradas por la mujer como humillantes.
En cuanto a la violencia sexual, es más alta (8,6%) en la zona central del país, y la más baja (2,4%) se ubica en el litoral, en los departamentos más próximos a Argentina.
Problema de todos.
Las situaciones de violencia doméstica se presentan en mujeres asistidas en la salud pública y privada. En el sector público la violencia doméstica es mayor (34,4%) que en el privado (24,5%).
“Si bien hay diferencias entre el sector público y privado, las cifras son altísimas. Es un tema que se cree que ocurre en las situaciones de carencia, menor nivel cultural y vulnerabilidad social, pero no es así”, destacó Romano.
Por otra parte, “no hay una relación clara entre nivel educativo y violencia doméstica”, señaló el integrante del equipo de investigación Franco González Mora durante la presentación de la encuesta el miércoles 15.
“Inicialmente fue muy difícil empezar a instrumentar estrategias de respuesta del sector privado porque se cree que allí ‘no pasa’. Dicen, ‘ay, a mí me daría vergüenza tener que preguntarle a la señora eso’. Pero capaz que a la señora le pasa y nunca pudo hablarlo con nadie. Estos números tienen mucha importancia, implican que una de cada cuatro mujeres que se van a atender en el servicio privado puede haber pasado por al menos un episodio de violencia doméstica en el último año y una de cada veinte puede haber sufrido una situación de violencia sexual”, destacó Romano.
En siete de cada diez situaciones de violencia doméstica la mujer declara convivir con el agresor y en algo más del 40% de los casos el agresor es su pareja actual, esposo o compañero permanente.
Daños y costos.
En 2006 el Poder Ejecutivo aprobó mediante decreto la política de salud sobre violencia doméstica y desde 2010 el MSP exige a las instituciones cumplir con el relevamiento para detectar casos de violencia en la asistencia de salud a cambio de una partida económica (meta prestacional). En la actualidad 40 de las 45 instituciones de salud cumplen con el requisito. Entre julio y diciembre de 2012 hubo 4.090 situaciones detectadas en el sistema de salud.
“Los servicios de salud son lugares privilegiados para instrumentar respuestas a las situaciones de violencia hacia la mujer y sobre todo para la búsqueda de detección precoz, para no esperar a las consecuencias graves para poder llegar antes”, destacó Romano.
Las mujeres que padecen violencia doméstica suelen consultar más a los sistemas de salud. González informó que el 15,6% de las mujeres agredidas necesitaron algún tipo de atención médica para curar sus lesiones.