La región mejoró la calidad de sus gobiernos pero el gasto público continúa siendo procíclico, destacó el Banco Mundial

Uno de los disertantes, Luis Felipe López-Calva —codirector del nuevo Informe sobre el Desarrollo Mundial del BM—, dijo que en general los países de América Latina mejoraron la calidad de sus gobiernos, si bien, salvo Chile, siguen haciendo un manejo fiscal que profundiza los ciclos económicos.

—En los últimos años, América Latina vivió un proceso de crecimiento económico muy importante que, además, ha sido acompañado por una reducción de la desigualdad. Las tensiones que se reflejan ahora por la desaceleración económica también lo hacen en términos de demanda por una mejor gobernanza. Esto, que a mediano plazo puede ser muy positivo, está generado en parte por el crecimiento de las clases medias.

Lo que documentamos en el caso de Latinoamérica es que en los últimos años hubo un proceso de fortalecimiento institucional importante, aunque con heterogeneidad en los distintos países. Eso hace que hoy los sistemas estén más preparados para responder mejor a las demandas por mejor calidad de gobierno. Aunque se refleja en conflictos en el corto plazo, lo que vemos es que América Latina está preparada para procesar dichas demandas de manera constructiva.

—¿Cuál es la realidad de Uruguay?

—Lo que pasa con Uruguay es que parte de un nivel de solidez institucional y de educación más alto que los demás, y tiene sus problemas muy particulares. En el reporte mencionamos dos o tres ejemplos relacionados con el país que en general son positivos. Uno es la reforma fiscal de 2007, que fue complicada pero ha tenido efectos interesantes sobre la distribución del ingreso. También señalamos el caso de los partidos políticos en Uruguay, que son mucho más programáticos y menos clientelares. El gran reto —que no es exclusivo de Uruguay sino de toda la región— es cómo pasar de un modelo de crecimiento más basado en acumulación de factores e inversión, a uno más sustentado en la productividad y la innovación. Y esto se relaciona también con la gobernanza, en el sentido de que se precisa fortalecer las instituciones, reducir los costos de transacción y hacer más predecible el ejercicio de la ley de forma de darle espacio a ese otro modelo distinto al que ha sido el tradicional para Latinoamérica.

— Las economías de la región vienen deteriorándose, y surgen tensiones políticas y sociales. ¿Es el mejor momento para encarar ese cambio de modelo al que hace referencia?

—Cuando pensamos en la diversificación en la región —que es central para lograr mayor crecimiento— también hablamos de la estabilidad macro. Y tendemos a decir siempre que ha avanzado mucho en este campo, lo que obviamente es cierto. Pero en otro aspecto la región no ha avanzado —y esto tiene que ver con la gobernanza— y es en la capacidad de ser anticíclicos en la política fiscal. Quizás con la excepción de Chile, América Latina tiene una política que es totalmente procíclica: en momentos de expansión aumenta (el gasto público) y redistribuye, mientras que cuando viene la contracción se va hacia la austeridad y los recortes. Esta prociclicidad de la política fiscal explica la volatilidad del crecimiento económico en la región; esto, insisto, tiene que ver con la gobernanza. Hay una explicación política: cuando hay exceso de rentas hay mucha presión para redistribuirlas. Es muy interesante que en algunos países se esté discutiendo de manera abierta que la política fiscal tenga una lógica mucho más contracíclica. Es algo en lo que se deberá avanzar en el futuro.

—¿Qué tan directa es la conexión entre la corrupción y el desempeño de las economías?

—Obviamente hay una relación, por varias razones. Una de las cosas que planteamos en el informe es que la corrupción no es solamente una transacción entre unas pocas personas. Es un sistema que sostiene un equilibrio político. Esa es la corrupción que daña más en el largo plazo. No hablamos de una desviación que hay que corregir para volver al equilibrio; en distintos ámbitos y países, la corrupción es un sistema de distribución de rentas que sostiene un equilibrio político. El reto es cómo moverse desde ese punto a un equilibrio de gobernanza que esté basado en reglas y en transparencia.

Esto, por tanto, es más complejo que simplemente eliminar la corrupción en un tipo de transacción específica. Hasta cierto punto, el nivel de crecimiento económico puede estar sustentado en un equilibrio político asociado a un mecanismo de corrupción. Pero cuando se quiere pasar a un modelo de crecimiento mucho más basado en la innovación y la protección de los derechos de propiedad, por ejemplo, se precisa un sistema basado en reglas. Ahí es cuando el sistema anterior empieza a ser un obstáculo.

—¿Esto supone también actuar sobre la corrupción en la que participa a veces el sector empresarial?

—Nuestra mirada sobre la gobernanza es la de una interacción para la toma de decisiones entre actores de gobierno y actores externos al mismo, del sector privado. En un sistema basado en ese tipo de rentismo, quienes tienen más capacidad de influencia inclinan las decisiones a su favor. Eso termina afectando las posibilidades de crecimiento económico a mediano plazo.