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Hay presos políticos en Uruguay. He leído con mucho interés y lo recomiendo “El canciller en la tormenta”, del Dr. Juan Carlos Blanco, recientemente publicado. Es un relato pormenorizado de los acontecimientos que le tocaron vivir, escrito en forma amena, ajeno a todo rencor.
Es una vergüenza nacional que al día de hoy existan presos políticos en Uruguay; el Dr. Blanco es uno, injustamente acusado y denigrado. En los miles de fojas de actuaciones en los tres poderes y en las comisiones relacionadas con los derechos humanos, nada lo involucra en un hecho criminal.
Es atacado por haber integrado aquel gobierno como ministro. Se lo podrá comprender o no, pero él consideraba que fue llamado al servicio público en tiempos de incertidumbre y confrontación y consideró que era su deber asumirlo. Siempre albergó la esperanza de un pronto retorno a la normalidad institucional democrática lo más pronto posible. Cuando en 1976 asumió que esto no era posible, renunció a su cargo.
Todos los actores de aquel tiempo perturbado, amigos y no amigos, sabían cuál era la realidad de su persona y nadie lo alineaba entre los extremistas y violentos. De acuerdo o en desacuerdo con él, lo respetaban y lo veían como un remanente del gobierno constitucional empeñado en rescatar todo lo posible de la Suiza de América, en medio de la tormenta. Ahora, luego de décadas de campaña incesante, es presentado como monstruo y golpista. Es el chivo expiatorio que sirve para aplacar a las fieras en el terreno político, dándoles alguien a quien devorar. El hecho de que él sea inocente es un detalle menor.
Como ministro de Relaciones Exteriores no tenía injerencia alguna en operaciones antisubversivas ni respecto a personas detenidas. Tampoco tenía el poder político que se le pretende asignar. En las acusaciones solo se alegan suposiciones, “debió saber”, “pudo prever”, “tenía que saber” y similares hipótesis que parecen haber invertido la presunción de inocencia. ¿A alguien se le ocurriría hoy acusar penalmente al canciller Almagro por abusos indebidos de policías o militares?
A modo de cierre, ¿podemos como sociedad permitir que el Dr. Blanco siga preso, cuando no hay prueba alguna que lo justifique? Y si no existe la grandeza política de reconocer su inocencia y dejarlo en libertad, ¿no debería primar al menos la grandeza humana permitiendo que una persona de 80 años cumpla su condena en casa con los suyos?
