La solución de Catón

Fue entonces cuando irrumpió en el lenguaje popular el vocablo “compartimentación”. Se refería a la necesidad de operar en compartimientos estancos que la guerrilla entendía claves para ocultar sus delitos.

Para comprenderla basta con leer el artículo 1º: “La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea estatal o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”.

Equivale a decir que quienes ejercen funciones públicas están sometidos a una norma que habilita al ciudadano a saber la verdad y controlar su gestión. Con esa ley la administración comenzó a ser más transparente y a transitar de la mano de la convivencia democrática y la libre circulación de las ideas.

Esa transparencia —esencial para aspirar a servicios públicos de calidad— permitió desnudar la oscura gestión del gobierno y del ministerio y su incapacidad para ofrecernos seguridad y contener el brutal aumento delictivo, aunque ahora pretenda maquillar la realidad mediante malabarismos porcentuales.

El gobierno sostiene que la transparencia de la información delictiva afecta su gestión y genera sensación de inseguridad; ha procurado censurarla por todos los medios, directos e indirectos, con énfasis en la TV, olvidando que desde hace 60 años existe un democrático control remoto que alcanza para no mirar.

En esta etapa, también con fines políticos como en el pasado, decide compartimentar, ocultar y escamotear información pública. Supone que sin acceder a información imparcial el ciudadano perderá argumentos para disentir o cuestionar y podrá preservar su imagen en el tramo previo a la campaña electoral.

¡Como si fuera posible ocultar las hordas de menores armados que asolan la ciudad, el drama de ciudadanos copados, las corrupciones e ineficiencias policiales, los arrebatos o tapar a los muertos con la manta de Catón para que nadie los vea!

Mientras tanto el ministro —o quien él decida— informará lo que le convenga sin que los ciudadanos o los periodistas lo puedan contrastar. Como en los regímenes de derecha o de izquierda, totalitarios o con vocación de serlo.

Por eso decidió que varios aspectos de su cartera pasen a ser “reservados”. Es una facultad que le otorga el artículo 9º de la misma ley para los casos en que se pueda “comprometer la seguridad pública o la defensa nacional” o “poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

De un plumazo, mediante ocho resoluciones, decidió “reservar” la información sobre procedimientos, documentación e infraestructura policial, los hechos o personas investigadas, la estrategia policial, los medios y operativos para combatir el delito, la ubicación de las dependencias policiales, los domicilios de los jerarcas y de sus familiares, los procedimientos de “Asuntos Internos” (que investiga infracciones o delitos de policías) y los procedimientos disciplinarios a los que esos funcionarios sean sometidos. Todo se paga con nuestro dinero y nos ocultan qué destino se le da.

La mayoría de estas restricciones son una censura que, además y por extensión, incluye otras informaciones. Bonomi y sus compañeros son arteros y bien lo saben.

Las reservas destinadas a preservar la integridad de los jerarcas o divulgar cómo y dónde se realizará un operativo podrían ser razonables. El resto ingresa en el artículo 8º de la ley: “Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley” y las que sean “de carácter reservado o confidencial”.

Por alguna razón los redactores y los legisladores que analizaron la ley al detalle establecieron en 2008 su “interpretación estricta”. Esto es, como lo indica la Real Academia, que se debe ajustar a la necesidad de la ley y que no admite interpretación.

Esa clara advertencia se relaciona con el artículo 6º: “Es responsabilidad de los sujetos obligados por la presente ley, crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en plenitud”. Advierte que si se altera la información el jerarca será responsable.

¿Qué informaciones causaron acciones o atentados que afectaran la seguridad pública o pusieron en riesgo la vida de los funcionarios en los cuatro años de vigencia de la ley? Si alguno ocurrió, no solo se ocultó, sino que seguramente se debió a la incapacidad del ministerio.