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En el primer semestre de 2017 el Ministerio del Interior realizó una Encuesta Nacional de Victimización con el objetivo de conocer cuál es la “cifra negra” de delitos que no se denuncian ante la Policía y lograr así, junto con los registros oficiales, diseñar acciones más acertadas en seguridad pública. Dos años después de presentados los resultados de la encuesta, el ministerio asegura que su uso es “desaconsejable” para establecer líneas de base en programas, acciones y políticas dirigidos a reducir la cantidad de delitos de rapiña, ya que hacerlo “constituiría un procedimiento harto problemático desde el punto de vista técnico”.
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Según dos informes internos de la cartera, a los que accedió Búsqueda, la Encuesta Nacional de Victimización 2017, liderada por Gustavo Leal —entonces director de Convivencia y Seguridad Ciudadana—, arrojó cifras “fuertemente divergentes” de las que obtuvo la Policía en su medición de los delitos a través de las denuncias que recoge el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. “En particular, de acuerdo a la encuesta, el número de delitos de rapiña ocurridos y denunciados durante el período cubierto por dicha encuesta habría sido más del doble de los registrados en el sistema de gestión de seguridad pública en el mismo lapso”, indica uno de los informes. “Existe una fuerte posibilidad de que eventos caratulados como hurtos por la Policía hayan sido clasificados como rapiñas por la encuesta”, agrega.
Por orden del ministro Jorge Larrañaga, la secretaría de Estado decidió solicitar distintos análisis sobre la encuesta, ya que la administración anterior no publicó sus resultados totales: en agosto de 2018 se presentó un informe preliminar que iba a estar sujeto a revisión, ampliación y modificación en una segunda fase de análisis y relevamiento que nunca se cumplió.
Los análisis sobre la encuesta concluyen que hay una “brutal diferencia” entre la cantidad de delitos que las personas entrevistadas dicen haber denunciado y la cantidad de delitos registrados ante el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Entre las causas mencionan “posibles falencias metodológicas”, “una serie de importantes debilidades de aspectos del diseño” y “defectos en la capacitación de encuestadores”. Se critica por ejemplo que la encuesta no da cuenta de la realización de un pretest o prueba piloto, una condición “absolutamente prescrita en toda la literatura metodológica sobre este tipo de investigación”.
A partir de esas conclusiones, el ministerio no descarta iniciar una investigación administrativa que determine si existieron hechos irregulares en la elaboración de la encuesta, dijeron fuentes oficiales.
Realidad.
El Ministerio del Interior publicó la primera Encuesta Nacional de Victimización en 2012 y en 2016 firmó un convenio con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para desarrollar la segunda edición. “Brindará una mayor certeza en los números que se manejan, sobre todo internamente, para luego ver cómo se trabaja en cada territorio y combinar lo que recoge la Policía, aparte de la propia denuncia, con lo que informe la encuesta. Queremos la realidad de la cifra de delitos, no manipular la realidad para que parezca menos”, valoró entonces el ministro Eduardo Bonomi, quien firmó el acuerdo por el cual la cartera pagó al INE $ 8,1 millones.
El diseño de investigación, el marco teórico y conceptual, la herramienta de relevamiento y los procedimientos de análisis e informe para el estudio se basaron en las convenciones internacionales reflejadas en el Manual de Encuestas de Victimización de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (Cepe). El trabajo fue liderado dentro del ministerio por Leal, junto con un grupo de funcionarios de su confianza. Se realizó con base en unas 7.634 entrevistas y en función a una muestra representativa de hogares y personas mayores de 18 años residentes en localidades de 1.000 o más habitantes.
