La última fuga de Alan García

En su segundo gobierno lideró una organización criminal para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht (ingeniería y construcción), según el fiscal especializado en corrupción, Juan Domingo Pérez.

Había regresado desde Madrid en noviembre con la alharaca de ampliar su declaración judicial, pero la prohibición de salir de Perú durante 18 meses lo de-sacomodó. Fue cuando asumió que se demostraría que le adjudicó a Odebrecht la construcción de una línea del Metro de Lima mediante sobornos. Lo admitió Marcelo Odebrecht, titular de la constructora, condenado a 19 años de prisión.

Ahora resulta que la culpa es de Vázquez. “En los hombros del presidente de Uruguay estará pesando la vida de Alan García”, dijo la exministra peruana Nidia Vilchez, como si el asilo político incluyera delitos comunes.

En 2017, cuando se descubrió la participación en las coimas de integrantes secundarios de su entorno, García los calificó de “ratas” y elogió el trabajo de la fiscalía. Cuando el cerco se estrechó sobre colaboradores más directos cambió de discurso y se erigió en perseguido político.

El exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó haber distribuido coimas por US$ 29 millones entre los presidentes sometidos a proceso Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pablo Kuczynski (2016-2018). El mismo día del sepelio el juez le impuso tres años de prisión preventiva a Kuczynski. Esta semana el fiscal le pedirá a Barata que precise con cuánto sobornaron durante el gobierno de García.

Cuando en América Latina se corre la manta, salta la corrupción en las cúpulas. Aparte de los cuatro peruanos tenemos a Lula da Silva y Michel Temer (Brasil), Ricardo Martinelli (Panamá), Otto Pérez Molina y Álvaro Colom (Guatemala), Rafael Callejas (Honduras), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández (Argentina), y a Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela), aún en el poder.

Con el suicidio se generó un minidebate secundario: ¿valentía o cobardía? Para Platón —muy lejos de las turbias pasiones contemporáneas— es una demostración de flojedad y cobardía. Es compartible, salvo cuando se pretende terminar con el sufrimiento de una enfermedad o debido a desajustes psiquiátricos.

García fue un político carismático, talentoso, inteligente y bien formado. También un arrogante y petulante superlativo. Un atropellador. No podía imaginarse entre rejas. Mauricio Mulder, congresista de su partido, calificó el suicidio como “un acto de honor y dignidad”.

Honor y dignidad hubiera sido demostrar su inocencia donde corresponde en una sociedad democrática en lugar de huir montado en una bala. Algunos culpan a “la mafia judicial” por haber ordenado detenerlo. En prisión preventiva no hubiera tenido ocasión de suicidarse.

Estaba convencido de que terminaría preso. Tanto, que les dejó una carta a sus hijos presuntamente escrita varios días antes. Hace una apología sobre su trayectoria y ataca a sus rivales: “Les dejo mi cadáver como una muestra de desprecio a mis adversarios”. Se coloca por encima de todos: “No tengo por qué aceptar vejámenes, he visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García (él, el supremo) no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos”.

La muerte de los políticos suele operar como un bálsamo sanador. Cuando mueren son todos buenos y los compadecen. Hace más de un siglo la penalista española Concepción Arenal razonaba: hay que compadecer al delincuente. Una cosa es compadecer y otra convertirlo en víctima o mártir. A los muertos y a los vivos se les debe hacer justicia.

Poco antes del suicidio había tuiteado: “Como en ningún documento se me menciona y ningún indicio ni evidencia me alcanza solo les queda la ESPECULACIÓN o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado”. Cuando el fiscal y la policía llegaron a detenerlo pidió para hablar por teléfono con su abogado. Se encerró y se voló los sesos.

Había estado prófugo en diversas etapas que comenzaron con la dictadura de Alberto Fujimori. Continuó durante gobiernos democráticos. Su último refugio fue España, donde su rumboso tren de vida contradecía su ingreso jubilatorio equivalente a 5.000 euros mensuales.

Vivió en el Nº 78 del Paseo del Pintor Rosales, una zona exclusiva. El alquiler de 5.000 euros (el total de su jubilación) estaba a nombre de su pareja, la economista Roxane Cheesman, con nacionalidad estadounidense. El chofer y el guardaespaldas de García cobraban 4.000 euros mensuales. El colegio Fernando VII, al que fue Dantón, hijo de la pareja de 14 años, cuesta 1.500 euros mensuales. Hay que añadir los viajes, servicios domiciliaros y pertenencia a clubes sociales de elite.

Para mantener el guion melodramático, en el cementerio le hicieron firmar a Dantón su afiliación al APRA sobre el ataúd. Almodóvar, de parabienes.

Su muerte pone fin a su investigación penal. El objetivo penal sobre García es de imposible contenido. Continúa sobre el resto de ocho investigados que integraron su gobierno. Quizá alentados por su ausencia dejen más claro su papel en la corrupción.