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    Lacalle Pou anunció las “primeras medidas” de ahorro, recorte al descuento de IVA y beneficios para “reactivar la economía”

    El presidente Luis Lacalle Pou pretendía enviar rápidamente señales de austeridad, para empezar a cumplir con la promesa de corregir el déficit fiscal y así poder “aflojar la cincha” al sector productivo. Con la economía global sacudida por la —ahora— pandemia de coronavirus, las definiciones se demoraron un poco más de lo esperado, hasta que el miércoles 11 firmó junto a sus ministros un decreto con las primeras medidas de baja del gasto público, que se combinan con una suba de impuestos —al recortar parte del descuento de IVA a los pagos con tarjetas— y un ajuste en las tarifas de UTE, OSE y Antel a partir de abril.

    El anuncio lo hizo el propio mandatario, acompañado por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Fue en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva a la hora de los informativos centrales de televisión y en la que solo se dio espacio a cinco preguntas. En un comunicado distribuido allí, el Poder Ejecutivo señala que se trata de las “primeras medidas para mejorar las cuentas públicas, atender emergencias sociales y reactivar la economía”.

    Paralelamente, Lacalle informó que junto con los distintos ministerios se empezó a delinear en qué áreas o unidades se ordenarán auditorías, como prometió en la campaña electoral. Mencionó como la primera de “muchas, o de varias”, la que se iniciará en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), planteada por el Ministerio de Trabajo. “Estimamos que tienen que ser acotadas en el tiempo y que deben tener mucha profundidad porque no tenemos muchos recursos para destinar”, explicó.

    Ahorro

    Las medidas anunciadas para abatir el gasto permitirán cumplir con el anuncio hecho durante la campaña electoral de ahorrar “en el entorno de US$ 900 millones anuales”, según el comunicado.

    En concreto, en la conferencia explicaron que el decreto obligará a los ministerios a bajar gastos de funcionamiento —excluidas las partidas salariales— e inversiones en al menos 15%. También prohíbe la renovación automática de todos los vínculos de servicios personales, así como el llenado de todas las vacantes de puestos generadas en 2019 y solo permite cubrir un tercio de las que se produzcan en 2020. Esa restricción no aplica para los docentes, el personal técnico y especializado de la salud y del Ministerio del Interior abocado directamente a funciones de seguridad pública.

    Además, a cada inciso de la administración central se le exige “arbitrar todas las medidas necesarias de ahorro en sus créditos” para compensar los gastos que le causen las condenas en juicios o arbitrajes contra el Estado.

    El decreto exhorta a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, a los entes autónomos y servicios descentralizados, además de los gobiernos departamentales, a “actuar en la misma línea” de austeridad. “El gobierno da por descontado que los nuevos directorios de las empresas públicas respaldarán el compromiso asumido por los ministros, como forma de enviar un mensaje claro y contundente a la población de que el ahorro es una prioridad de gestión en todas las dependencias del Estado”, se subraya en el comunicado.

    Otra medida apunta a que se cumpla efectivamente la exigencia —prevista en la ley de Presupuesto del gobierno de José Mujica— de que las instituciones públicas y privadas que reciben subsidios o subvenciones del Estado por encima de $ 20 millones, presenten compromisos de gestión. Se le pone como plazo el 30 de abril próximo.

    El ahorro estimado con cada medida anunciada no fue explicitado.

    Impuesto

    Uno de los anuncios novedosos fue la decisión de acotar el beneficio del reintegro de algunos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los pagos con tarjetas; se trata de un estímulo que tuvo el plan de “inclusión financiera” impulsado por las administraciones del Frente Amplio y que, en algunos aspectos, el nuevo gobierno pretende derogar. En una fecha no precisada —porque se requieren adecuaciones tecnológicas—, la devolución de IVA bajará de cuatro a dos puntos porcentuales para los pagos con débito. El beneficio en el caso de los consumos en restaurantes se reducirá de nueve a cinco puntos de IVA.

    Con esto, el Ejecutivo estima que se quedará con unos US$ 40 millones anuales, que hasta ahora reintegraba a los consumidores.

    Tarifas

    Lacalle hizo un comentario de corte más político al anunciar el incremento de las tarifas de la electricidad (10,5%), el agua por cañería (10,7%) y la telefonía (9,78% en promedio) que regirá desde el 1º de abril. Subrayó que la “adecuación” estará por debajo de la evolución de los costos de las empresas públicas, por lo que el ajuste tarifario no está siendo utilizado “para tapar el agujero del malgasto” fiscal, como —según él— hicieron los anteriores gobiernos.

    Agregó que el ajuste es un “efecto de la inercia de la ineficiencia del gobierno que se fue”, y cuestionó a las autoridades salientes por no haber dispuesto en enero un aumento en las tarifas públicas.

    “Si todo sigue como hoy, y es bastante osado” de decir dada la inestabilidad económica y financiera mundial, este sería el único ajuste del año, señaló Lacalle Pou.

    La suba del precio de los combustibles quedó en suspenso, por ahora, y sin fecha anunciada. El presidente alegó que en los últimos días Ancap logró hacer compras de petróleo a futuro “a buen precio” para los proximos tres meses, lo que permitirá que el ajuste de tarifas “seguramente sea sensiblemente menor que el que habría sido”.

    Alfie manejó en la conferencia otro argumento de urgencia para actuar: según la información recibida durante la transición, “en números gruesos”, el déficit de caja proyectado para el conjunto de las empresas públicas era de US$ 500 millones para este año. “En ese contexto, no hay posibilidad alguna de no adecuar” las tarifas.

    El ajuste “debió ser bastante superior; no se hace (un aumento mayor) por un tema de competitividad. Y no se recuperan estos meses de no aumento”, acotó.

    Según el director de la OPP, en 2020 los entes estarán “en zona de empate o déficit”, que sería menor al del año pasado por el “esfuerzo de ajuste del gasto”.

    Apoyos sectoriales

    Lacalle Pou aclaró que los ahorros no son “un fin en sí mismo”, sino que apuntan a permitir aliviar la carga fiscal sobre el sector privado. Por eso, dijo, su gobierno definió mantener los incentivos a ciertos rubros productivos: a la leche, arroz, flores, frutas, hortalizas y de productos apícolas, así como a los productores de ganado bovino y ovino —en todos los casos, que no tributen Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas—, se les devolverá el IVA incluido en las compras de gasoil que hagan para desarrollar su actividad.

    Paralelamente, el Poder Ejecutivo exhortó a UTE a instrumentar beneficios comerciales para los tamberos y otras empresas vinculadas con la cadena láctea. También pidió a ese ente que conceda ventajas sobre los suministros identificados con usos eléctricos de riego con fines productivos.

    Arbeleche acotó que el “foco es reactivar la economía”.

    Información Nacional
    2020-03-12T00:00:00