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Aunque asume como una posibilidad que algunas iniciativas pueden quedar por el camino en la negociación política, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, incluyó en su proyecto de ley de urgente consideración varias medidas de fuerte corte liberal y desregulador.
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Además de un amplio capítulo dedicado a la seguridad pública, entre los 459 artículos del “borrador” entregado el miércoles 22 a sus socios de la coalición que gobernará desde el 1º de marzo figuran medidas como la desmonopolización de la importación y refinación de petróleo y los derivados, así como la exigencia para las sociedades anónimas con participación estatal de que promuevan la apertura de una porción menor de su capital accionario en la bolsa de valores.
En el caso de la desmonoplización del negocio de los hidrocarburos, el texto propuesto es muy similar al de la Ley 17.448, de diciembre del 2001 —del gobierno de Jorge Batlle—, derogada dos años después mediante un referéndum.
El proyecto entregado por Lacalle Pou prevé un nuevo régimen para alquilar inmuebles sin garantías y propone algún ajuste regulatorio para el mercado de campos.
El proyecto entregado por Lacalle Pou también prevé un nuevo régimen para alquilar inmuebles sin garantías. También propone algún ajuste regulatorio para el mercado de campos, por ejemplo, permitiendo que sean personas jurídicas —y no solo físicas— las titulares de las sociedades dueñas de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.
Otra desregulación planteada cumple con una promesa de la campaña electoral: eliminar la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios vía bancaria o de instrumentos de dinero electrónico, aunque va más allá al quitar esa exigencia para “todo concepto originado en transacciones entre particulares”. Es un disparo a la línea de flotación de la “ley de inclusión financiera”, una de las reformas principales de los últimos dos gobiernos del Frente Amplio. “Soy partidario de la libertad”, afirmó el mandatario electo al referirse a ese punto, entrevistado en radio El Espectador.
En el sector de las comunicaciones, el proyecto de urgente consideración de Lacalle Pou plantea derogar total o parcialmente ocho artículos de la “ley de medios”. Entre otras cosas, permite que los canales puedan pedir licencias para ofrecer Internet y a las telefónicas dar servicios de televisión.
En materia laboral, propone un régimen de “compatibilidad” entre una actividad laboral y el cobro de una jubilación común. Otros artículos —que apuntan a garantizar el “goce del derecho de propiedad” privada, según dijo Lacalle Pou en rueda de prensa— refieren a la ocupación de los lugares de trabajo y los “piquetes”. Uno plantea que el derecho de huelga deberá ejercerse de manera “pacífica, sin perturbar el orden público”, y “asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho a la dirección” a ingresar en los locales de la empresa. Agrega que el Poder Ejecutivo “podrá imponer restricciones a dichas medidas” cuando los huelguistas no cumplan con tales condiciones.
Negociación política
El presidente electo se refirió al texto como un “borrador” o un “anteproyecto” abierto a la discusión, incluso para recibir “aportes” desde el Frente Amplio. Lo definió como una iniciativa “popular” porque, según él, da respuesta a necesidades de la gente; así lo había transmitido a legisladores blancos en un encuentro en el Club Armonía a mediados de diciembre.
La intención del gobierno es dar margen a la negociación durante febrero, para poder enviar el proyecto al Parlamento el 2 de marzo.
Las reacciones tras la divulgación del texto preliminar fueron cautas, tanto desde los partidos socios de los blancos en la coalición —Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente— como del actual oficialismo. El colorado Ernesto Talvi, futuro canciller, destacó el texto como un instrumento que permitirá “marcar las grandes reformas” del próximo período.
El texto es “bastante peor” de lo que se anunciaba en el documento programático de la coalición al abarcar, además de las remuneraciones, todos los pagos por montos elevados y los del Estado, dijo a Búsqueda el coordinador del programa de “inclusión financiera” del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba. “Los efectos son negativos en todos los planos” y supone un “retroceso enorme en materia de transparencia, al ir a contrapelo de adonde va el mundo”, añadió. En ese aspecto “es una señal preocupante cómo será percibido el país”.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, criticó en declaraciones a la diaria el artículo referido a la limitación de las ocupaciones de los lugares de trabajo en un conflicto sindical y opinó que incluirlo “solo puede tener razones ideológicas”.
