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    Laicismo, Poder Judicial y Masonería

    Sr. Director:

    Voy a referirme, de la manera más breve posible, a cuatro episodios que han tenido actualidad a partir de setiembre de 2015: A) la exigencia de un grupo de organizaciones en “defensa del Estado laico” a algunos legisladores, para que rectificaran su compromiso de no votar leyes “en contra de la palabra de Dios”; B) la propuesta de instalar la imagen de la Virgen María en la rambla de Montevideo; C) el oficio de una misa celebrada por el cardenal Sturla en honor al Ejército; D) la opinión del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia relativa a la conveniencia de que los jueces uruguayos declaren si integran la Masonería.

    Como lo he hecho en las oportunidades anteriores que escribí solicitando que se publicara mi pensamiento en la sección “Cartas al Director” del semanario Búsqueda, comienzo confesando mi “profesión de fe” agnóstica y libertaria (esta en el sentido estricto de la palabra). Realizada la precedente aclaración paso a realizar los siguientes comentarios sobre los episodios referidos.

    Respecto de la exigencia planteada a legisladores para que se desdigan de su convicción de la preeminencia de las leyes de Dios, me resulta algo totalmente contrario a la libertad individual de esos legisladores y de quienes los votaron. En tanto libertario no me gusta delegar mi voluntad en nadie, pero la sociedad en la que vivimos se organiza bajo forma marcadamente democrática y representativa (son excepciones el plebiscito y referéndum). Me explico un poco más, en la Constitución de Uruguay existen 99 diputados y 31 senadores elegidos por voto secreto y representación proporcional. Quiere decir que se acepta el supuesto de que quienes son electos para esos cargos representan el sentir y el pensar de una importante cantidad de ciudadanos. Por lo tanto, sin forzar la lógica, los diputados y senadores que emiten una opinión cuentan con el aval de quienes los votaron. Pedirles que se retracten es pedir que sus representados se retracten y eso es improcedente. El tema no es nuevo, ya se planteaba en la literatura de la antigua Grecia, en la obra Antígona de Sófocles. Antígona es el personaje principal de la obra y es condenada a muerte porque dio sepultura a su hermano Polinices, siguiendo el mandamiento de sus dioses y desconociendo la orden del rey Creonte que había dispuesto que no fuese enterrado. En síntesis, los representantes que expresan que no votarán leyes contrarias a la palabra de Dios, están verbalizando su conciencia, que se debe suponer compartida por sus electores y ellos entienden, como Antígona, que las leyes del dios o de los dioses, tienen mayor rango que las humanas. Obviamente no es mi pensamiento, pero no puedo menos que respetarlo.

    Respecto de la propuesta de instalar la imagen de la Virgen María en la rambla de Montevideo, tampoco encuentro nada en mi conciencia ni en la Constitución del Uruguay que impida aceptarlo. De hecho ya existe la imagen de Iemanjá y anualmente, en el mes de diciembre de cada año, miles de personas celebran su día con ofrendas. ¿Por qué discriminar y negarle a alguien lo que la Constitución no prohíbe a texto expreso y que se concedió a otro ante igual situación? ¿Qué problema puede existir si una corriente religiosa decide celebrar su fe en un espacio público, como ya se hace? ¿Acaso no se utilizan espacios públicos para manifestar ideas contrarias a los gobiernos de turno? Los espacios públicos son públicos y en el colectivo hay personas de todas las creencias y todas tienen derecho a explicitarlas. Obviamente mi agnosticismo libertario me aleja de todo sentimiento religioso y de sus exteriorizaciones, trabajo para que en el futuro no sea necesario, pero, mientras tanto, entiendo que prima la tolerancia y la libertad de expresión del pensamiento.

    En cuanto al oficio de una misa celebrada por el cardenal Sturla en honor al Ejército, entiendo que no corresponde que el Estado indique, a ninguna confesión religiosa, a quién debe homenajear con sus rituales. Es igualmente claro que todas las personas que sientan afinidad con quien realiza el ritual puedan participar. Lo que no corresponde es que quienes participen en esos rituales concurran en representación de alguna entidad estatal. Quienes participen deben hacerlo a título individual. Si quienes participan son integrantes del Ejército no pueden concurrir uniformados, ni se puede convocar a los miembros del Ejército por las vías oficiales que se utilizan para el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto entiendo totalmente equivocado el proceder del ministro de Defensa y del comandante en jefe del Ejército. Obviamente mi agnosticismo libertario me lleva a pensar que la profesión militar deberá desaparecer algún día y que, si alguien no puede ser católico apostólico y romano son los militares, porque ellos son entrenados para matar y eso violenta el primer mandamiento (en esta afirmación dejo de lado la triste historia de dicha Iglesia y sus millones de víctimas).

    Finalmente me referiré a la opinión del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia relativa a la conveniencia de que los jueces uruguayos declaren si integran la Masonería. Detrás de esa opinión existe la inaceptable sospecha de que algún miembro de esa institución pueda dictar una sentencia favoreciendo a otro miembro de la misma institución y apartándose del ordenamiento jurídico. Entonces también debería pedirse a los jueces una declaración sobre si son socios de determinado club deportivo o si concurren habitualmente a los oficios religiosos de alguna confesión. A mi juicio la Masonería es una institución formada por hombres, con todas las virtudes y defectos de los demás miembros de la sociedad a la que pertenecen, pero que se esfuerzan por lograr su absoluta libertad de conciencia. Si lo anterior es correcto como deber ser, todos los ciudadanos y en particular los jueces, deberían ser miembros de la Masonería. ¿Por qué limitar esa eventual declaración a los jueces? ¿No habría que requerirla también a los demás funcionarios públicos, por ejemplo, al presidente, los ministros, y todos aquellos que pueden tomar decisiones que de alguna forma inciden en las personas físicas o jurídicas? La Masonería ha sido perseguida a lo largo de la historia por todos los que han despreciado las libertades individuales. Desde la Inquisición, las monarquías absolutas, el nazismo, el fascismo, el franquismo, los regímenes pro soviéticos, la dictadura en Uruguay y todo otro tipo de totalitarismo contrario a la libertad, han denostado y perseguido a los masones, con frecuencia sometiéndolos a tortura, prisión y muerte. La Masonería en Uruguay tiene 160 años de existencia, sus estatutos están inscritos en el Ministerio de Educación y Cultura, sus autoridades son elegidas por voto secreto de sus miembros, varios próceres de la independencia de América Latina y varios presidentes del Uruguay han sido miembros de dicha institución, ¿existen sospechas respecto de los mismos? En síntesis, entiendo que la opinión del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia desconoce la historia de la referida institución y constituye el punto de partida para cualquier otra medida estatal contraria a la libertad de conciencia.

    Ariel Callorda Salvo

    CI 1.206.841-4