Transcurridos 20 años desde que surgió el sistema, directivos de esa AFAP dicen que se ve un “incremento de los trámites en general” y en particular entre trabajadores de 60 años que piden cálculos jubilatorios. Lo que les muestran no siempre los deja conformes.
Para poder cumplir con esas expectativas de jubilación, las AFAP reclaman exoneraciones tributarias que permitan fomentar el ahorro voluntario en el corto plazo (aumentando el porcentaje de salario que se cobrará como pasividad). Y aunque aseguran que existe un “total apoyo político” al sistema mixto instalado en 1996, la norma que lo inauguró enfrenta hoy recursos de inconstitucionalidad y un próximo juicio contra el Estado.
“Que el diseño hubiera incluido de entrada una AFAP de capitales estatales fue un diferencial que permitió que transcurrieran estos 20 años con otra legitimidad”, opinó Luis Costa, presidente de República AFAP. “Se fueron dando los cambios necesarios ante la evolución del sistema: siempre dijimos que había que manejar dos fondos, teníamos que permitir una mayor amplitud en las inversiones y dejar a la gente evaluar su situación. Eso facilitó el funcionamiento”, agregó.
En el origen del régimen las AFAP fueron seis, pero en el transcurso de las dos décadas hubo cambios de accionistas y fusiones.
Al cierre de 2015 los afiliados eran unos 1,3 millones, la mayoría de entre 36 y 40 años de edad. República tenía casi 39%, seguida de Sura (24%), UniónCapital (21%) e Integración (16%).
En esa fecha las prestaciones bajo el régimen de AFAP eran casi 30.000, la mayoría jubilaciones por incapacidad.
Para María Dolores Benavente, gerente general de UniónCapital y presidenta de la Asociación Nacional de Administradoras de Fondos Previsionales (Anafap), “el sistema está consolidado”. Agregó: “Han pasado gobiernos de diferentes orientaciones políticas y se ha mantenido y fortalecido. Una prueba es que el actual reclamo (de inconstitucionalidad) por parte de personas de entre 51 y 59 años es contra el artículo 27 de la ley 16.713 que determina cómo el BPS calcula las jubilaciones, y no contra los que crean las AFAP”, declaró a Búsqueda.
Anafap apuntará este año a “proponer mejoras en aspectos de la ley que pudieron haber tenido sentido en su creación por la delicada situación financiera del BPS”. Además estimó necesario “diversificar las alternativas de renta vitalicia” que se ofrecen donde el único jugador hoy es el Banco de Seguros del Estado.
Desde Sura también apuntan a “fomentar el ahorro voluntario”, un mecanismo por el cual el afiliado puede incrementar lo destinado a su AFAP y que hoy es de escaso uso. Su gerente general, Gonzalo Falcone, destacó que las AFAP “han cumplido con su principal cometido, la administración de los fondos previsionales, generando importantes rentabilidades para sus afiliados. En el monto total que administran todas las AFAP, un 66% corresponde a la rentabilidad obtenida y un 34% a los aportes efectivamente realizados por los trabajadores”.
Pero llamó la atención sobre el “factor demográfico” que en general impactará en los sistemas de seguridad social. “Viviremos más y por ende tendremos que incrementar nuestro ahorro para poder solventar los gastos durante un periodo mayor en nuestra vida pasiva”, planteó.
Un sistema “viable”
“La reforma fue positiva para el país y es buena para las personas porque las trata mejor que si solo existiera el BPS”, apuntó Jimena Pardo, directora de República AFAP. “Esto no quiere decir que sea un jubilación millonaria. (...) Si la gente quiere cobrar un poco más y llegar a lo que cobraba en actividad tiene que retrasar su retiro”, señaló.
En 1995 el déficit del BPS equivalía a 3,1% del Producto Bruto Interno.
En setiembre de ese año, con los votos del Partido Colorado, Nacional y del Nuevo Espacio se aprobó la ley 16.713, que modificó el sistema previsional. La norma creó dos sistemas: de transición para los mayores de 40 años (que se mantendrían en el BPS ajustando algunas variables como el tope jubilatorio) y el régimen mixto. Así nacieron los actuales dos pilares: el de solidaridad intergeneracional por el BPS y la capitalización individual donde las AFAP invierten los aportes de los trabajadores en títulos de deuda (mayormente estatales).
El 12 de febrero de 1996 se firmó el acta fundacional de República AFAP. En la ceremonia participaron los entonces ministros Luis Mosca (Economía) y Ana Lía Piñeyrúa (Trabajo y Seguridad Social), además de Ariel Davrieux (director de Planeamiento y Presupuesto). Se habló de un acto “histórico” que otorgaría una “compensación justa y ecuánime” a los trabajadores” suponiendo el fin de la “solidaridad invertida”, donde honestos pagaban por evasores. Los titulares de los bancos República (César Rodríguez Batlle), de Previsión Social (Juan Berchesi) y de Seguros (Carlos Cassina) fueron los primeros afiliados al ser sus instituciones accionistas de la administradora.
Era parte de una ola de reformas que había comenzado en América Latina con el sistema chileno. Uruguay, junto con Argentina y Costa Rica, optó por un sistema mixto.
Según datos del Banco Central (BCU), a fines de abril de 1996 el sistema de AFAP uruguayo tenía 29.369 afiliados, apenas 2% de la población activa. Al año la cantidad se había multiplicado por más de diez y representaba 27% de los activos.
En 2001 el mercado adoptó su actual composición: Unión y Capital se fusionaron en UniónCapital (hoy propiedad del banco brasileño Itaú), Integración se mantiene a manos del venezolano Bandes, y Santander y Comercial se transformaron en Afinidad AFAP (que fue comprada por el grupo colombiano Sura).
A fines de 2015 las cuatro empresas administraban U$S 10.333 millones en dos fondos.
Golpes y reformas
Desde su creación el sistema ha tenido críticas. El Frente Amplio votó en contra de la ley que lo creó y en 1999 el PIT-CNT quedó a menos de 8.000 firmas para convocar a un plebiscito que eliminara las AFAP. Pero las críticas no terminaron.
En 2013 la representación de trabajadores en el Directorio del BPS había vuelto a barajar la posibilidad de un referéndum, pero la descartó tras la aprobación de la ley 19.162. Esa norma fue la primera modificación del sistema, permitiendo la desafiliación a quienes ingresaron voluntariamente a una AFAP, entre otros cambios. Según datos a fines de enero, de las 47.000 personas que solicitaron asesoramiento al BPS (instancia obligatoria previo a la decisión) casi 12.000 optaron por salirse.
“Hasta ahora todo ha ido bien. Pero también es cierto que 85% de lo que administran las AFAP está puesto en papeles del Estado, donde los intereses los paga el Estado. Es como una serpiente que se muerde la cola. La pregunta es si no estamos asegurando el resultado final”, afirmó el 18 de febrero el presidente del BPS, Heber Galli, en Radio El Espectador.
“La discusión no es AFAP sí o no, sino si el sistema de capitalización individual es la forma correcta para la seguridad social. Las administradoras son un instrumento, son el accesorio. En el sistema de capitalización yo sé cuánto pongo y no sé cuánto saco, porque depende de la rentabilidad y la evolución de la economía en general. Un compañero decía que eso es poner la plata de los trabajadores en la timba financiera”, agregó.
Por los 20 años del sistema, la representación de trabajadores en el Directorio del BPS elabora un documento en el que, entre otros puntos, critica la rentabilidad lograda. Un adelanto del estudio, al que accedió Búsqueda, señala que “buena parte de la rentabilidad solo ha servido para mantener el poder adquisitivo del dinero aportado por los trabajadores”.
“Generalmente, las AFAP muestran que entre 60% y 65% del dinero que hay en el fondo de ahorro previsional es rentabilidad y el resto es aporte de los trabajadores. Este dato, que es cierto, tendría valor para una economía sin inflación, pero para una como la uruguaya no parece demasiado clarificador. Desde abril de 1996 a la fecha, la inflación acumulada fue de 458%. Sería conveniente mostrar cuánto hay de rentabilidad en términos reales. Y ya de paso conocer cuánto han recaudado por comisiones en estos 20 años a precios de hoy”, dice ese análisis.
Agrega que las tasas de rentabilidad, que alcanzan 8% en unidades indexadas (UI) a la inflación y 7% en unidades reajustables (UR) “efectivamente son altas pero fundamentalmente por lo ocurrido al comienzo del sistema y sobre todo la crisis de 2002”.
“Para alguien que entró en 2005, la rentabilidad creció prácticamente en igual medida que los salarios. Esto resulta preocupante para toda una generación de jóvenes que hoy deben saber que de no cambiar drásticamente la rentabilidad, terminarán cobrando, luego de 30 años de aportes, unos $ 3.000 o $ 4.000 mensuales. Lo dijimos para los cincuentones que hoy sufren por haber quedado entrampados en este sistema y lo decimos para esta generación cuya perspectiva es realmente preocupante”, dice el estudio.
En diciembre, un grupo de 1.000 afiliados de entre 50 y 59 años de edad (tenían menos de 40 en 1996) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley 16.713 ante la Suprema Corte de Justicia. Se presentarán otras 2.000 firmas y “van a seguir”, comentó a Búsqueda su abogado, Helios Sarthou. En setiembre, “El País” había informado que ese colectivo presentará una demanda contra el Estado, hoy en etapa de audiencias de conciliación.
“Si uno compara la jubilación del régimen de transición con la del sistema mixto hay una diferencia de alrededor de 20% o más (a la baja). Se produce un trato inequitativo solo por una razón de edad, que rompe el principio de igualdad que es constitucional”, argumentó Sarthou.
Directivos de las AFAP estiman que a esas personas se las está usando “como caballito de batalla que puede servir, pero el reclamo es que el BPS dé un tope (jubilatorio) más alto”. Sarthou aclaró que, a diferencia de otros recursos presentados en 2008 contra la norma, “hoy se sabe que los resultados son perjudiciales porque ya hay jubilaciones”. Apuntó: “Ya no es teórico y eso cambia”.
Las AFAP reconocen que en el fondo de retiro hay 100.000 personas, así que el universo (de afectados) es enorme”, agregó el abogado.
El Frente Amplio incluyó en su programa de gobierno para este período la intención de revisar aspectos del régimen; antes hablaba de terminar con el lucro de las AFAP.
Economía
2016-03-10T00:00:00
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