En el ambiente austero de las unidades militares y a la orden de un jefe responsable inspirado en el dogma del mando “paternal y digno”, los efectivos cumplen diariamente con la actividad: administrativa, física y de instrucción, para adquirir las destrezas propias de su arma y el espíritu del cuerpo al que pertenecen. Pero también se les inculca como valores esenciales del “ser militar”: la abnegación, el desinterés, el honor, la ecuanimidad, la voluntad, la iniciativa, el carácter, la conducta ejemplar, el compañerismo y el espíritu de sacrificio, necesarios para lograr el “paradigma del servidor de la patria”: que cumple orgulloso su función desde la perspectiva del renunciamiento y el sacrificio porque prevalece el deber sobre el derecho y lo institucional a lo personal, con un superior sentimiento de pertenencia a su ejemplar institución artiguista fundamentada en la disciplina, la subordinación, el patriotismo y el espíritu militar. En su lenguaje coloquial, los militares activos y pasivos de todas las jerarquías se nombran “soldados” y aluden a “la vida militar”, porque como lo manda la Constitución “existen para la función” que cumplen en forma exclusiva y en disponibilidad permanente, con el predominio del “servidor” al individuo y el compromiso indisoluble de sus relaciones personales que también los apega hasta la muerte a “la familia militar”.
En recompensa, muchos jerarcas condicionados por el pasado y parlamentarios del Estado al que los militares sirven dignamente, son prestos en la diatriba por ociosos e innecesarios, para justificar el tratamiento indigno de “oveja negra” a los funcionarios que solo tienen el derecho de cobrar el más miserable sueldo público de “milico”, y las obligaciones exclusivas de: un horario continuo e ilimitado, estar siempre a la orden para respaldar el poder constitucional del gobierno y ser la mano de obra barata para cualquier tarea, siempre en silencio, pronto y bien, porque los errores, las inconductas y las tibiezas son castigados al instante con la pérdida transitoria de la libertad.
Aun así, las autoridades civiles tienen la certeza de una subordinación incondicional, porque la estricta legislación que impone a los militares el deber de acatar al mando superior en cualquier circunstancia, también impide sus titubeos prohibiendo las libertades de expresión y de reunión, y eso está muy bien, porque la democracia republicana que les da la custodia de las armas les quita el libre albedrío y los hace un grupo humano desigual a la sociedad que integran y tienen el deber de defender.
Así cumplen los militares la función especial que les impone la Constitución, ignorando mansamente los desprecios y las frecuentes críticas malsanas, porque tienen la plena conciencia histórica de que deben ser diferentes sin considerarse mejores ni peores que nadie. Estas razones motivaron a los parlamentarios más comprensivos y mejor intencionados del pasado a reconocer en su Ley Orgánica el carácter específico y excepcional del servicio militar con los beneficios especiales que mejoran las pasividades militares respecto a las jubilaciones por servicios civiles.
Pero para las actuales jerarquías civiles uruguayas todo esto no significa nada, porque desde un punto de vista doctrinario, no debe haber antecedentes en el mundo de ministros y parlamentarios que traten con tal liviandad y tan mal asesoramiento un tema esencial para la supervivencia del Estado nacional como es el manejo institucional del poder etático, que materializa la institución militar al asegurar en última instancia el poder legal del gobierno para hacer cumplir las leyes de la república. Hace un largo año que las mayores autoridades nacionales y los parlamentarios afines, que gobiernan hace doce, comenzaron una agresiva campaña para demonizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas de su propio país, porque los beneficios establecidos en su Ley Orgánica por la prestación del servicio militar constitucionalmente especial son “privilegios” irritantes que al retirarse producen una “sangría” a las finanzas del Estado, como si ellos fueran mercenarios que se deben autofinanciar el retiro.
En el summum de la inmediatez y del dogmatismo burocrático para igualar subsistemas jubilatorios, proyectan arrasar la Ley Orgánica y legalizar la exacción imaginando una equiparación mágica del servicio militar con el civil, para completar posteriormente el despojo a los retirados con dos impuestos exorbitantes de asistencia a los respectivos sistemas de seguridad social: civil y militar, que sumarían hasta el 50% de los haberes correspondientes, para detener “la sangría” y porque en la cúpula cobran “mucho”, según el rasero para los demás que aplica el zar de las finanzas.
El agravante a tan penosa situación es que la truculenta acción oficial inédita en el país para gravar y quitar beneficios, esta primera vez parece tener el éxito asegurado, porque solo perjudica a los militares que custodian las armas de la nación y no pueden responder a la pretensión de los jerarcas con un gremio de puño alzado como es de norma en el país. Ellos están absolutamente huérfanos de protección y viven sin derechos dócilmente atrapados en una esclavitud legal, siempre cumpliendo en silencio con el deber de respetar las correspondientes jerarquías del gobierno y haciendo el saludo militar con las manos estiradas.
El oportunismo de los iracundos por los “privilegios de los militares”, sintetizados en la burla demagógica del erudito jerarca de la economía: “Porque se gasta dinero que no podemos destinarles a la educación y a la salud”, sugiere el uso del tema antimilitar (que siempre rinde) como un distractor de otros graves problemas políticos y judiciales relacionados con la gestión pública, y nos hace dudar del carácter de sus promotores oficialistas porque recién ahora reivindican desaforadamente la inconstitucional igualdad con los civiles, después de la muerte de los generales y coroneles (y de las respectivas esposas pensionistas) fundadores y líderes de la coalición política que integran y a cuya sombra crecieron, y la del anterior ministro de Defensa Nacional que asumió con carácter firme la responsabilidad del mando y el señero amparo político de la institución armada.
Estoy convencido de que en el estado actual del factor militar de nuestro país se necesita una verdadera reingeniería de las Fuerzas Armadas, por lo cual es absolutamente prioritario establecer una “estrategia militar de la defensa nacional”, que contemple las condicionantes del potencial nacional y del empleo de los medios en el combate moderno, para determinar el correspondiente modelo de organización, el despliegue territorial y los fundamentos doctrinarios para la capacitación: profesional, de comando y estado mayor, estratégica, táctica, logística y operacional, todo lo cual se debería realizar con una perspectiva absolutamente autóctona y sin considerar ningún prototipo.
Como corolario, surgirá la necesaria modificación de la Ley Orgánica militar incluyendo el sistema previsional, con un enfoque racional y a mediano plazo, para recomponer la actual pirámide trunca de los efectivos militares por el exceso de personal superior en las más altas jerarquías, y modificar el plan de carrera, mediante el ascenso en vacantes reales en todos los grados y el retiro obligatorio de quienes queden fuera de cuadro, el incremento racional de todas las edades de retiro obligatorio conservando la máxima tasa de reemplazo, la limitación del retiro voluntario y la prohibición de incrementar el haber de retiro por servicios civiles posteriores, sin afectar el derecho configurado de los activos.
Pero empezaron por el final publicando el penúltimo día de mayo el proyecto (redactado con un asesoramiento técnico misterioso) de Reforma del Sistema de Previsión Social Militar, firmado por todos los ministros de Estado y catalogado como “una reforma razonable, posible y gradual” por las dos autoridades que lo presentaron en el Parlamento. Su desconexión con la Ley Orgánica militar explica la ausencia del ministro de Defensa Nacional, y la foto del agrio ministro de trabajo y seguridad social saludando sonriente y canchero como protagonista principal, lo dice todo: si se aprueba como está, es el principio del fin de las Fuerzas Armadas del Uruguay, porque serán inevitablemente destruidas. Se pretende desconectar de su Ley Orgánica a los retirados militares integrantes de la reserva, para crear un hombre viejo-nuevo, retirado-jubilado, militar-cívico, que también deberá ser masoquista-tonto para tolerar toda su vida al estado que lo relega en la actividad y lo escamotea en el retiro.
Solo menciono algunas espinas de esta corona que sus autores llaman proyecto, pero que es una mala copia premeditada de las condiciones establecidas para el régimen general del Banco de Previsión Social (BPS).
Se fundamenta en una aberración igualitaria con la ley jubilatoria para los trabajadores civiles y se ignora absolutamente la especialidad constitucional en la prestación del servicio militar, que se retribuye con el sueldo más bajo del Estado y que se cumple a tiempo completo y en destino variable, con las exigencias extremas de una legislación propia que incluye el horario continuo, la privación transitoria de la libertad y la pérdida de los derechos de expresión, reunión, asociación, negociación salarial y al trabajo suplementario.
Termina de un plumazo con el actual sistema de pensiones militares, porque se pretende aplicar el propuesto civil cualquiera sea el estatuto de retiro del causante, lo que permite suponer que también incluye a los supuestos excluidos: los activos con más de 20 años de servicio y los retirados. Se reitera la negación del carácter específico de los servicios prestados en la jurisdicción militar y se castiga miserablemente a los causahabientes en su más crítica circunstancia vital, al cambiar una ley más favorable para una mayoría de personas viudas, ancianas, indefensas y dependientes, lo que evidencia una odiosa humanidad negativa para la familia militar y un doloroso calvario para los viejos soldados condenados a morir como si no lo fueran.
Para igualar con el régimen civil del BPS, crea el absurdo de un imposible retiro voluntario de soldado a los 60 años de edad y con 30 años de servicio al que nadie podrá acceder, porque establece un retiro obligatorio menos exigente con 48 y 22, respectivamente.
Interviene inexplicablemente al MDN nombrando en su dependencia del SRPFFAA a sendos representantes de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, lo que permite suponer una intención aviesa para administrar las pasividades militares en el BPS.
Establece el tope jubilatorio igual a los servicios civiles en la única profesión estrictamente jerarquizada del país, dándole el máximo valor de los insumos de la secretaría de un diputado a los profesionales con más de 40 años de servicio, en un cambalache igualitario de jerarquías que ignora las respectivas responsabilidades ejercidas en la actividad e inherentes al mando y la obediencia.
Las restricciones impuestas en los requisitos de calificación, las tasas de reemplazo, las bases de cálculo del haber básico, el sistema de compensaciones y otras varias que se disponen, cuando sean técnicamente cuantificadas determinarán una sensible rebaja de los haberes en cada caso. Es inaudito que luego de proyectar el despojo a los futuros pasivos, en un acto igualitario supremo de astucia y burla administrativa se les otorga a los militares con sueldos de hambre un aumento exclusivo del 2 % para que le paguen al Estado el mismo aporte que los civiles.
Si el mando superior no cumple con los pasivos el mandato constitucional especial para militares y los considera como civiles para quitarles beneficios y gastar menos, afectará inmediata y gravemente el funcionamiento de la institución por la gran disminución de efectivos causada con el retiro masivo de los que pueden evitar el perjuicio y el consecuente incremento exponencial del gasto en pasividades. Pero lo más inquietante, será el posterior reclamo lógico de sus activos para ser igualmente considerados al amparo del Estatuto del Funcionario y recuperar sus derechos, ganar mucho más y trabajar mucho menos, porque continuar en la jurisdicción militar resultaría una explotación inaceptable de parte del Estado, que legisla una discriminación negativa para la función y la igualdad solo para la jubilación. Estas graves consecuencias resultarán una claudicación dramática de los valores esenciales en la única institución genuinamente artiguista que permanece incondicionalmente al servicio del gobierno de la República, y una victoria pírrica del sinsentido político, porque la pérdida de la cohesión militar y el desgaste institucional consecuente debilitarán sensiblemente y a corto plazo la única herramienta de poder real de que dispone la autoridad legal, en un contexto altamente preocupante para la seguridad interior y exterior de la nación.
En estos momentos que se discute el tema en los más diversos foros, queda en evidencia que el odio, la inconsciencia y la ignorancia generan el ridículo cuando son potenciados por la soberbia. En una “charla” que ponía a “la reforma de la caja militar en la mira”, con un símil de tiro al blanco propio de los militares, connotadas figuras oficialistas expresaron, entre otras cosas en el mismo sentido, que la reforma propuesta todavía “mantiene privilegios”, porque el retiro obligatorio de un soldado es con 48 años y debería ser con 60 años, igual a un obrero de la construcción y que es un acto de justicia acercar todo lo posible las pasividades militares al régimen general. Me permito recordar a las personas representativas con el tupé de decir estas estupideces, que a los tiradores más expertos les puede salir el tiro por la culata y que promover ligeramente como justicia la peligrosa igualdad de un militar con un obrero de la construcción sugiere en el largo plazo la siniestra simiente de militares con el espíritu del Sunca.
Tengo el deseo sincero que todos los parlamentarios de mi país que no odian a los militares, puedan resolver este tema neurálgico que afecta gravemente al pasado y al futuro de la institución armada, porque en esta circunstancia insólita en la historia nacional, el mando superior desatiende a las Fuerzas Armadas y ellos son el único amparo para la institución militar y los hombres que la integran en cualquier condición de revista. Espero que también intenten asumir la realidad desde la perspectiva militar, con un profundo análisis crítico de las consecuencias negativas para la institución, si se excluyen de la Ley Orgánica los requisitos de calificación para las pasividades por servicios militares y se modelan en los vigentes para los jubilados por servicios civiles, fundamentando erróneamente un acto de justicia por la igualdad de las personas para imponer una inconstitucional igualdad de las distintas funciones respectivas.
Pienso que la visión política y económica debería complementarse con una serena reflexión estratégica de personas idóneas, porque la aprobación de este proyecto injustamente igualitario y financiero que degrada el servicio militar, tal como está planteado, en el mediano plazo afectará gravemente la moral y la cohesión de la institución fundacional que debe respaldar al gobierno nacional para ejercer su autoridad, y tal debilidad del factor militar comprometerá gravemente la seguridad de la República en una situación de crisis.
General (R) Oscar Pereira
