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Las organizaciones no gubernamentales que denuncian malos tratos en algunos de los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) tienen “intereses” porque se “financian” con este tipo de problemas debido a que son contratadas por el Estado para dar talleres en los servicios de seguridad. El planteo lo realizó el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López, el domingo 22 en el diario “El Observador”.
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“A nosotros nos auditan todos los recursos que recibimos”, respondió a López el integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay Luis Pedernera.
No es la primera vez que las organizaciones sociales son criticadas por la forma en que son financiadas y por eso se plantean mejorar su “transparencia” y diversificar el acceso a recursos.
“Los cuestionamientos a la transparencia y rendicio´n de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil esta´n presentes en todos los países y a menudo los medios de comunicacio´n tienden mantos de dudas sobre el valor de la actividad de las organizaciones, el origen de sus fondos o el impacto de sus acciones, incluso con acusaciones directas, por ejemplo, de opacidad en su gestio´n, de ausencia de mecanismos de buen gobierno, de no exigir condiciones a los donantes, o incluso de la necesidad de mayores controles al sector no-gubernamental por su posible vinculacio´n con fuentes financieras del narcotra´fico y del terrorismo internacional”, se evaluó en la investigación “Aporte a la generación de propuestas de mecanismos de financiamiento de las ONG en el Cono Sur y Brasil”, realizada por el Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD).
El ICD, que funciona en Montevideo, investigó la situación de las organizaciones no gubernamentales en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y fue presentada a mediados de junio.
En el capítulo sobre financiamiento se reconoce que “cada vez más” las organizaciones de la sociedad civil “deben mostrar lo que hacen, cómo lo hacen, con qué fondos, cuáles son sus sistemas de relaciones y su impacto real”. “Son elementos que pueden incrementar su credibilidad y legitimidad y que pueden ser factores que amplíen su capacidad de acceso a fondos de distintas fuentes”.
Los investigadores señalan las dificultades para acceder a cooperación internacional. Por ejemplo, indican que en países como Chile y Uruguay “este tipo de recursos se ha reducido drásticamente y en el futuro no se avizoran cambios al respecto”.
En el caso de Uruguay, la cooperación internacional cayó cerca de un 20% respecto a 2011, según el último informe de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. De acuerdo a esta agencia, hasta 2012 había 478 iniciativas activas y el monto aportado por cooperación tradicional bilateral y multilateral era de U$S 157.770.092. La Unión Europea, España y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aparecían como los principales cooperantes.
El trabajo concluye que “salvo alguna excepción en la forma de un fondo para el desarrollo de la sociedad civil, en ninguno de los países hay formas de apoyo institucional desde el gobierno como tampoco recursos que permitan su desarrollo y fortalecimiento”. “Aún más, las formas de contrataciones del gobierno tienen condiciones muy poco beneficiosas, o incluso desventajosas para las organizaciones de la sociedad civil”, afirma.
“En los cinco pai´ses se comprueba la ausencia de una cultura de donacio´n. En algunos casos, como en Chile, se ha comenzado a transitar el camino de lograr una legislacio´n que incentive la donacio´n de personas y de empresas, por ejemplo con determinadas exoneraciones tributarias. En otros pai´ses, como en Argentina, se realizan campan~as para lograr un cambio cultural en esta direccio´n. Pero la legislacio´n es muy limitada en Uruguay o en Brasil, donde la legislacio´n constituye una verdadera traba a las donaciones, con muy pocos esti´mulos”.
Los investigadores sostienen que la cooperación internacional como “fuente privilegiada de financiamiento” para las organizaciones sociales “ha ido desapareciendo en los últimos años de los países del Cono Sur”. “Aunque algunas organizaciones o sectores que trabajan temas como defensa de derechos, incidencia y cabildeo o gobernanza mantienen la cooperacio´n internacional como su fuente principal de sustento, el panorama y perspectivas de las fuentes de cooperacio´n privada, bilateral y multilateral estudiadas configuran un contexto preocupante”, agregan.
Propuestas.
En el trabajo se plantean algunas ideas para diseñar un mecanismo de financiamiento para las organizaciones sociales.
Entre esas ideas se sugiere que hay que “incidir sobre las autoridades de planificacio´n, de cooperacio´n internacional y de desarrollo social de cada pai´s para que se establezcan mecanismos que aseguren la actuacio´n de calidad y auto´noma de las organizaciones de la sociedad civil, asegurando que una parte de cada proyecto, contrato o subvencio´n se pueda destinar al fortalecimiento institucional”.
Otra medida planteada es crear mecanismos de financiamiento alternativo, como “impuestos a las transacciones financieras de corto plazo, u otros mecanismos que se esta´n tambie´n valorando a nivel internacional, como impuestos a la aviacio´n, a los pasajes ae´reos, a los arti´culos de lujo, etcétera, estableciendo que los ingresos por estas vi´as pasan a engrosar fondos para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil”. “Este tipo de mecanismo puede ser de corte nacional, para transacciones en un pai´s o para transacciones globales, donde los fondos deberi´an nutrir mecanismos precisamente globales de financiamiento”.
Además propone “debatir de forma firme y llevar propuestas claras sobre las cuestiones de gobernanza de este tipo de fondos, quie´n los maneja, cua´l es su destino final y quién participa de la toma de decisiones”.
Por último sugiere “insistir para que los gobiernos del Cono Sur y Brasil opten por mecanismos disponibles internacionales, como los fondos del GPSA del Banco Mundial, que constituyen una de las pocas posibilidades actuales para las OSC (organizaciones de la sociedad civil) de acceder a recursos para desarrollar actividades de fortalecimiento institucional y de monitoreo de poli´ticas pu´blicas”.
