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El fútbol uruguayo es deficitario. Esa sentencia la dicen dirigentes de equipos que manejan presupuestos millonarios y también de clubes que no cuentan ni siquiera con agua caliente en los vestuarios. Y recurren a ella para fundamentar casi todo. Para explicar las negociaciones por los contratos de televisación, para justificar por qué no hay logros a escala internacional y recientemente para darles un sentido a las deudas millonarias que mantienen con el Banco de Previsión Social (BPS).
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El domingo 21 El País informó que el BPS presentará denuncias penales a los clubes por quedarse con los aportes que retuvieron a los jugadores e iniciará juicios civiles intimando su pago. Búsqueda accedió a diversos documentos donde se indica la situación de los clubes ante el BPS. En algunos casos, los menos, como Montevideo Wanderers y Liverpool, están al día con sus aportes. Pero la gran mayoría deben aportes, algunos incluso desde la década de 1990, que suman decenas de millones de dólares.
Solo nueve equipos, por ejemplo, reúnen más de US$ 50 millones en impagos. Y la cifra se estima está cerca de los US$ 100 millones, ya que de acuerdo a un relevamiento de la AUF en 2018 eran más de 25 los equipos con deudas ante el BPS.
El cambio determinante ocurrió en 2009. Ese año los jugadores dejaron de aportar bajo un régimen ficto y, de forma gradual, comenzaron a adecuar sus aportes al del régimen que rige a la mayoría de los trabajadores. Este monto se trasladó al presupuesto de los clubes y, según los dirigentes consultados, esto agravó los problemas financieros que tenían porque implicó un incremento cercano al 20% de sus gastos.
Los principales equipos del fútbol uruguayo, Nacional y Peñarol, arrastran deudas por aportes que no pagaron entre los años 1996 y 2003. En el caso de Nacional, la cifra supera los $ 320 millones, que, de acuerdo a la cotización del dólar al cierre de julio —$ 34.326— equivale a unos US$ 9,3 millones. Peñarol debe pagar $ 216 millones (US$ 6,3 millones). Luego de esos años, de acuerdo a los documentos analizados, ambos se mantuvieron al día.
Solo nueve equipos, por ejemplo, reúnen más de US$ 50 millones en impagos. Y la cifra se estima está cerca de los US$ 100 millones, ya que de acuerdo a un relevamiento de la AUF en 2018 eran más de 25 los equipos con deudas ante el BPS.
Rentistas enfrenta una situación muy compleja. El club que presidía el expresidente de la AUF Wilmar Valdez tiene una deuda que supera los $ 550 millones —unos US$ 16,6 millones— con varios juicios en curso de funcionarios que reclaman haberes impagos. Las deudas del club comenzaron a generarse en 2008 y los diferentes convenios que firmó para ponerse al día fueron incumplidos sistemáticamente por la institución.
Cerro estuvo a punto de no iniciar el campeonato uruguayo por deudas. Los jugadores estuvieron más de siete meses sin cobrar su salario. A pocas horas de iniciar el torneo el club pagó más de US$ 300.000 y pudo competir. La presidenta de Cerro, Graciela Castro, afirmó a la prensa que la situación del club era de extrema fragilidad y dio a entender que apenas dan los números para sobrevivir. Ante BPS la situación es aún más compleja. El monto total que debe asciende a $ 374 millones —US$ 10,9 millones— y los convenios para saldar la deuda se terminarían de pagar recién en mayo del año 2033.
Progreso tampoco está al día y el convenio que firmó llega hasta el 2030. El monto que le queda por pagar es de $ 73 millones —US$ 2,1 millones—.
Defensor Sporting es otro de los que no está al día. Los aportes que no pagó se remontan al período comprendido entre los años 1997 y 2000 y la cifra suma hoy $ 77,8 millones —unos US$ 2,3 millones—.
Rampla Juniors, club del que fue dirigente el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso, vive una situación similar, ya que sus deudas se arrastran desde 2002. Sin embargo, generó deudas por no pagar los aportes en distintos meses que llegan hasta este año. La cifra que adeuda es poco más de $ 74 millones —US$ 2,1 millones—. Racing, en tanto, debe US$ 1,5 millones.
Entre la dirigencia del fútbol se maneja como idea conceptual que el BPS “nunca ejecuta”. Varios reconocieron a Búsqueda que han colocado al organismo estatal primero en la lista de sus acreedores porque de esa manera postergan el pago de las demás deudas, ya que si el primero no acciona para cobrar, los que vienen luego tampoco pueden hacerlo.
En algunos casos, como informó El País, el organismo estatal llevó a juicio sus reclamos, pero en los últimos años son casos contados.
En diálogo con Búsqueda, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dijo que esta “persecución penal” es la que “genera que no haya personas interesadas en ser presidente o secretario general de los clubes por el riesgo al que quedan expuestos”. En su opinión, “la realidad económica pasa por encima de la ley” porque los clubes, según él, no tienen las condiciones de poder afrontar ese gasto. Y como ejemplo planteó lo que sucede en el básquetbol, que está en un régimen de excepción hace 10 años. “Y hay equipos del básquetbol que son más poderosos que el 80% de los equipos del fútbol”, afirmó.
Por eso Alonso propuso que “se genere un régimen específico para el deportista, aunque vaya a contrapelo de lo que han sido las tendencias en el Uruguay”. La AUF está preparando un documento que presentará a los candidatos a la presidencia en el que explican por qué es necesario crear un nuevo régimen que sustituya al actual, que es “imposible” que los clubes puedan afrontar.