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Se acaba de cerrar el capítulo electoral más reñido de la historia brasileña. Durante la campaña a dos vueltas los principales candidatos, férreamente enfrentados, se dedicaron acusaciones e insultos en lugar de intercambiar iniciativas o propuestas para que los ciudadanos pudieran adoptar la mejor decisión.
Ese tono y la polarización acentuaron aún más la situación de un país profundamente dividido desde los escándalos de corrupción que envolvieron al expresidente (elegido nuevamente) Lula da Silva, y también del impeachment que culminó con la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Un país que ahora clama por volver a ser feliz mediante un cambio de mando, luego de atravesar la pandemia del Covid-19 y las casi 700.000 muertes ocurridas dentro de la errática estrategia sanitaria desarrollada por el actual gobierno. Esa estrategia comenzó con el rechazo a las consecuencias del virus y luego fue corregida por una intensa campaña de vacunación. Brasil siempre ofrece un escenario pleno de contradicciones que se han ido agudizado en los ámbitos político y sanitario y cuyos efectos han sido parcialmente mitigados por una economía que sigue creciendo luego de la pandemia.
El resultado de las elecciones presidenciales coloca otra vez a Lula da Silva ante la responsabilidad de gobernar un país de 215 millones de habitantes, de los cuales unos 33 millones pasan hambre. Este grupo ha sido afectado por los vaivenes de una pandemia que particularmente pesa más sobre los países poco desarrollados y con débiles estructuras de protección social. El partido del presidente electo por una ínfima diferencia confía en revertir esa cuestión reivindicando sus anteriores recetas, pero la escena internacional se ha modificado para poner en una encrucijada a la mística de los exitosos gobiernos anteriores de Lula. En otras palabras: aunque el discurso del candidato electo invita a confiar en un mejor porvenir, eso no resuelve los problemas que aquejan a una población dividida por radicalizadas posiciones políticas o credos religiosos que ocupan el vacío dejado por la ausencia de propuestas electorales consistentes.
El 1o de enero de 2023 asumirá un nuevo gobierno sin mayorías parlamentarias propias que confrontará con una importante bancada legislativa muy fiel a Bolsonaro. Adicionalmente, algunos de los más importantes estados clave estarán en manos del partido del actual presidente. Pese a contar como vicepresidente con el dos veces gobernador de San Pablo, Lula tendrá una firme oposición política del gobierno estadual paulista respaldado por la grey empresarial más pujante del país. Paradójicamente, en el otro extremo la discusión medioambiental que compromete el destino de la Amazonia enfrenta el resultado electoral favorable obtenido por Bolsonaro en varios de los estados de esa región. Estos y otros contrastes marcan dificultades a la hora de tender puentes que faciliten el diálogo y su ausencia puede ser suplida por enfrentamientos políticos más radicalizados o violentos que complicarían ese escenario.
La importancia de Brasil lo coloca en una suerte de destino manifiesto a efectos de cumplir un rol internacional que no siempre ha ejercido en beneficio de la región y los países vecinos. Con cierta ingenuidad algunos líderes continúan confiando en un liderazgo regional que tal vez Brasil jamás pueda desempeñar cuando debe priorizar soluciones a otros problemas nacionales muy complejos. El país del samba, de la bossa nova, el sertanejo y el forró, la nación de Jorge Amado y Clarice Lispector, de Pelé, Jairzinho y Ronaldo, de Getúlio Vargas y Juscelino Kubitschek sigue al ritmo de sus propios asuntos en medio de la salida traumática de la pandemia y bajo condiciones poco favorables para sostener su crecimiento en el corto plazo. En ese marco es difícil esperar señales positivas que mejoren la integración regional o generen condiciones más favorables para el comercio intrarregional.
Entre tanto, la conocida alegría de la sociedad brasileña la determina para seguir confiando en alcanzar la felicidad, aunque esta no dependa solamente de las acciones implementadas por el gobierno o de las fuertes presiones ejercidas por los bandos electorales en puja.
