Las empresas de bebidas alcohólicas deben ser responsables, rever “márgenes de ganancias” y dejar de alentar el consumo de los jóvenes

Calzada fue un paso más en su razonamiento y planteó que en la discusión sobre las bebidas alcohólicas debe incluirse el rol de las empresas del sector en la sociedad, porque con sus estrategias de marketing bajan la “percepción de riesgo” de la población y fomentan el consumo de los jóvenes.

El consumo extendido de alcohol es “especialmente grave entre los jóvenes, donde uno de cada tres tiene episodios de intoxicación los fines de semana”, según el proyecto. Eso ocurre, al menos en parte, por “la débil fiscalización de la venta a menores, el nulo control sobre los locales de venta, la gran cantidad de pautas y auspicios de estas bebidas y otros factores de contexto”.

Ante esa situación, el proyecto se propone “modificar una cultura de consumo sin afectar las ventajas y beneficios de la actividad económica que lo sustente”, lo que supone “intervenir en creencias y hábitos de prácticamente la totalidad de la población”.

La propuesta aumenta la carga impositiva sobre esas bebidas, prohíbe su consumo en la calle, los “happy hour” y la “canilla libre”, exige licencias especiales para su venta y limita su publicidad (Búsqueda, Nº 1.722).

Para el director de FNC, la principal productora de cerveza de Uruguay, el proyecto será un “fracaso” y su aplicación, junto con la ley que autoriza y regula la producción, venta y autocultivo de marihuana, generará problemas en la sociedad.

“Nosotros no estamos en contra del proyecto, pero lo que el proyecto necesita es centrarse en la atención de los jóvenes de 13 a 18 años”, aseguró Ordoqui. Sin embargo, en lugar de trabajar “en la educación”, la propuesta del gobierno instala “una cantidad de prohibiciones, sanciones, normativas”. En particular, cuestionó la creación de la Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA), encargada del sistema de licencias y del control de la venta.

Ordoqui opinó que la JND exagera cuando habla de que hay 260.000 personas que tienen problemas con la bebida porque, en realidad, son 70.000. “Si vas a decir que hay un problema en el tipo que toma una copa de alcohol por semana me parece que estás estirando la piel demasiado”, añadió.

“No desconozco esa realidad, creo que hay que reencauzarla, pero si hacemos una ley para 70.000 personas estamos dejando un millón y pico de personas que se comen una ley sin tener nada que ver con ello —aseguró Ordoqui—. Uruguay no es un problema desde el punto de vista del consumo abusivo”.

El director de FNC dijo que la Junta de Drogas hizo el proyecto de ley detrás de un escritorio. “Nuestro equipo comercial sabe mucho más que la JND de lo que pasa, no tengo duda. Porque transitan la calle todos los días”.

Cambio.

Pero esa no es la opinión de Héctor Suárez, responsable del Observatorio de Drogas de la JND. “Decir que el consumo abusivo de alcohol no es un problema en Uruguay es un disparate”, declaró. En el país hay “260.000 usuarios problemáticos y 60.000 adictos; sobre eso existe evidencia empírica”.

Suárez aseguró que el daño social que produce el alcohol se ve “en todos lados”. El especialista citó un estudio elaborado por la Junta de Drogas en ocho comisarías —siete de Montevideo y una de Canelones—, según el cual el 28,8% de las personas detenidas entre el 29 de junio y el 5 de julio de 2012 estaban bajo los efectos de alguna droga. En particular, de ese porcentaje, la mitad había bebido alcohol.

Calzada estimó que las declaraciones de Ordoqui configuran una “posición un poco desencajada de una empresa que tiene intereses muy claros en el mercado”.

“Tenemos 60.000 adictos al alcohol. Si eso para la FNC no es un problema quizás tengan argumentos para darnos, pero para nosotros es la constatación de que algo está mal”, dijo Calzada.

Para el secretario gene­ral de la JND, “las empresas tienen que resolver una serie de contradicciones que son muy importantes” con respecto al alcohol. “Esto no se soluciona con agregar un cartel que diga ‘beba responsablemente’; la responsabilidad social empresarial es una cuestión mucho más compleja que entregar un centenar de espirómetros el 24 de agosto”.

Según Calzada, los usos problemáticos de drogas “en general están asociados a la percepción del riesgo” que genera su consumo y a “la disponibilidad”. La estrategia de marketing de FNC, manifestó Calzada, “va en sentido contrario” de bajar la percepción porque su objetivo —opinó— es aumentar las ventas.

Si bien compartió con Ordoqui que hay un problema en el consumo de alcohol por parte de los menores de edad, Calzada consideró que “el problema ma­yor está entre los 18 y los 30 años”. Sobre ese tema, “FNC no hace una lectura adecuada en los datos epidemiológicos. Si el problema está centrado en la juventud, en cómo lograr la disuasión del consumo, podríamos poner sobre la mesa toda la estrategia de marketing de la industria, que está centrada en una media de 25 años. Habría que cuestionar si todas las estrategias de marketing para expandir el consumo en estos sectores es adecuada”.

El jerarca de la JND defendió la creación del sistema de licencias y de la URBA porque considera que hoy existen “problemas de control” del mercado.

“Ahora tenemos pro­blemas en los controles porque tenemos una legislación muy dispersa; interviene el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el INAU, las intendencias y los municipios”, explicó. “Lo que hace la ley es centralizar para que el sistema funcione”.

Si se aprueba el proyecto con su redacción actual, las empresas que vendan a menores, que hagan fiestas con “canilla libre” o que cometan otra infracción podrán perder su licencia de expendio de alcohol.

“Quizás sea esto lo que le preocupa a Fábricas Nacionales de Cerveza y no lo dice con claridad”, afirmó Calzada.