Las empresas públicas

Es decir, el título del artículo no refleja que los pensamientos de los políticos lleven a algún tipo de controversia o debate; ninguno plantea nada diferente a los demás ni entran en los enormes problemas que las empresas públicas tienen y que, más temprano que tarde, les aseguran un total fracaso y las transforman en un lastre gigantesco para el desarrollo nacional como ha ocurrido hasta ahora.

En primer lugar, las empresas públicas son dirigidas por directorios integrados por políticos y por ello no tienen ni la preparación ni la experiencia mínimas imprescindibles para gestionar y dirigir exitosamente a una empresa. Como si eso fuera poco, desconocen los funcionamientos y las características de las áreas de actividad en las que la empresa que dirigen actúa. Para dirigirla se basan en las opiniones, los conocimientos y las experiencias de los gerentes, partidarios preferentemente y que tampoco son empresarios ni están capacitados para dirigir a las empresas lo que ha quedado patéticamente claro cuando el gobierno ha nombrado como directores a sindicalistas funcionarios de las empresas públicas.

En segundo lugar, los directores tienen que responder a quienes los nombraron, es decir a su partido político, a lo que hay que agregar que no pocos usan a las empresas y hasta sus recursos para labrarse una carrera política. A los ciudadanos, que supuestamente somos los dueños de las empresas públicas, no nos rinden cuentas como lo mostraron claramente las pocas explicaciones que los directores y gerentes dieron sobre las increíbles perdidas de ANCAP. Es más: hubo gerentes que se negaron a concurrir cuando fueron citados a la Comisión Investigadora. Para peor, los directores no los obligaron a hacerlo. Desde luego con prioridades y objetivos políticos, la satisfacción de los clientes, el ofrecerles buenos productos, al menor precio posible y asegurando un abastecimiento abundante, no son parte de las metas a las que orientan a estas empresas como tampoco lo es el manejo prudente de sus recursos, una gestión ordenada y sensata del personal ni el buen trato a los clientes.

En tercer lugar, y para empeorar las cosas, las empresas públicas son monopolios. Siempre y en todas partes las empresas monopólicas ponen a disposición de sus clientes cautivos productos caros, de poca o mala calidad y escasos. Las empresas públicas no solo no son la excepción sino que lideran el ranking de abusos. Los uruguayos lo sabemos muy bien con lo que nos cuestan los combustibles, la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua, etc.

En cuarto lugar, por lo menos para este gobierno, las empresas públicas son “claves” para el proyecto país. Esto las hace un obstáculo aún mayor para el desarrollo nacional, que necesita que sus productos sean de buena calidad, abundantes y de precio razonable. Como hemos visto, los precios de los productos de las empresas públicas, en Uruguay llamados tarifas, se han estado usando para recaudar y reducir el enorme déficit de las cuentas del Estado o de las propias empresas que el proyecto país está costando. Claramente son causa importante del enorme costo país que el Uruguay tiene.

En quinto lugar, no puede dejar de mencionarse que usando a las empresas públicas ha habido desvíos de fondos para actividades políticas partidarias, lo que es una forma de corrupción, y que en los últimos años ha habido unos sobrecostos extraordinarios y hasta grotescos en sus inversiones que los directores no han justificado por lo que solo se pueden explicar si hubo desvíos de fondos. La incapacidad para justificar los sobrecostos y, lo que es peor, la insistencia en explicaciones increíbles como la que acaban de dar los directores actuales de ANCAP diciendo que la pérdida de U$S 198.000.000 que tuvo el año pasado es causada por el aumento del precio del dólar, apuntan a corrupción. El promedio mensual del dólar en el año 2015 pasó de $ 24,47 en enero a $ 29,28 en diciembre, lo que implicó una suba del 19,66%, mientras que el barril Brent pasó de U$S 52,19 a U$S 38,86, una baja del 25,54%. Además ANCAP no solo no redujo los precios de los combustibles con la caída del valor del petróleo sino que los subió. Aunque esto no esté en las denuncias parecería necesario que la Justicia lo agregue a su investigación.

Las empresas públicas se han usado y se usan también para emplear a correligionarios así como para contratarlos como “asesores”, práctica que responde a directivas o necesidades políticas en lugar de a una gestión de personal que mejore la productividad de la empresa. Esto también es corrupción, aun si no está establecido en el Código Penal.

El primer debate que hay que tener es si seguiremos pensando como hace varios siglos cuando el mercantilismo era predominante o si queremos vivir en el mundo actual y sobre todo en el futuro. Como lo único que nos queda por vivir es el futuro parece ineludible integrarnos a él. Lo primero que se debe hacer es eliminar los monopolios. La competencia, como siempre, llevará a mejorar los productos y bajará sus precios. No está en ninguna agenda de los partidos políticos.

El segundo debate es si las empresas deberían seguir siendo del Estado o no. Que las empresas sean del Estado solo significa que sus propietarios son los uruguayos. Sin duda hay muchos uruguayos que quieren continuar siendo dueños de las empresas públicas y está muy bien. Hay también uruguayos que no quieren seguir siendo dueños de las empresas públicas y también tienen derecho a ello. No se trata de que una mayoría obligue a los demás y mucho menos si las partes se acercan a la mitad. Lo democrático es satisfacer a todos. Este debate no está en las agendas políticas.

Solo para introducir una de las formas en que este asunto se podría resolver, vale la pena destacar que ambas posiciones no son incompatibles. Es posible que aquellos que quieren ser dueños de las empresas lo sigan siendo así cómo es posible que los que no lo quieren no lo sigan siendo. Para eso se deben transformar las empresas públicas en empresas privadas, sociedades anónimas y repartir las acciones entre sus propietarios, es decir los uruguayos, permitiendo su comercialización, entre uruguayos, en la Bolsa. Los accionistas, es decir los compatriotas dueños de las empresas, deberán asumir las responsabilidades que esa condición impone. Deberán elegir a los directores, aprobar las estrategias empresariales, controlar las actividades de los directores y de las empresas y como sus propietarios, si hay que capitalizar a sus empresas deberán hacerse cargo.

Los debates no surgirán de los partidos políticos; deben surgir de los ciudadanos.

Arq. Juan Andrés Sienra

CI 998.166-3

Punta del Este (Maldonado)