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Mueren asesinadas en manos de hombres, pero también mueren por los años de abuso vividos, por las violaciones, por la exposición constante al trabajo sexual, por el propio consumo problemático de sustancias para poder enfrentar ese trabajo. Mueren por la indiferencia de la Justicia y de la sociedad toda.
Según el único censo a personas trans realizado en Uruguay en 2016 (que relevó a un total de 853 personas, de las cuales 90% son mujeres), solo 16% de las personas relevadas pasaba los 50 años de edad. La desvinculación familiar a edades tempranas es una de las características de este grupo, en muchos casos debido a los propios problemas que surgen a partir del cambio de identidad de género. Esta desvinculación de las familias favorece a su vez la desvinculación temprana del sistema educativo, lo que por su parte incide en el ingreso al trabajo sexual como alternativa para sobrevivir. Quienes sí lograron acceder al sistema educativo, expresaron que la mayor discriminación provenía principalmente del propio estudiantado (tanto en Primaria como en Secundaria) y en menor medida del cuerpo docente. El 88% de las personas censadas declararon haber sufrido algún tipo de discriminación en su vida.
La mayoría de los asesinatos a mujeres trans que ocurrieron en los últimos 10 años continúan impunes, todos casos de un altísimo nivel de violencia. A pesar de este contexto, la causa por el asesinato de Fanny Aguiar logró abrirse paso en la Justicia uruguaya, desencadenando el 7 de marzo de este año en un fallo histórico para el país, en el que por primera vez se creó la figura del “transfemicidio”. Aguiar, una mujer trans de 37 años, había sido asesinada por su pareja en noviembre de 2018, recibiendo 50 puñaladas en varias partes del cuerpo (cara, espalda, pecho, yugular, entre otras).
Amparada en la figura del femicidio, la jueza del caso tipificó la condena sobre la base de un “homicidio especialmente agravado”, condenando al asesino a 24 años de prisión. El hecho de que por primera vez la Justicia le haya puesto un nombre a este tipo de crimen es importante no solo porque genera jurisprudencia, sino por el impacto social y cultural que implica su visibilización.
Por supuesto, noticias como estas siguen cosechando, en pleno 2022, un sinfín de comentarios violentos y basados en la ignorancia. En general, la molestia fue con la tipificación de transfemicidio en sí, algo que muchos comentarios ven como una “payasada”, un “invento” o una “pelotudez”. “Era un trava, un tipo homosexual que necesitaba ser visto como mujer, punto”, comenta un usuario de un portal de noticias. Sin pretender detenerme demasiado, me parece importante aclarar que la orientación sexual no tiene nada que ver con la identidad de género, porque es un error que se repite mucho: o sea, una mujer trans puede relacionarse sexoafectivamente tanto con hombres como con mujeres. La asociación: “Se siente mujer porque lo que quiere es tener sexo con hombres” está mal por todos lados.
Pero los comentarios violentos contra la población trans están a la orden del día, en Uruguay y en el mundo, y vienen de la mano de grupos conservadores, generalmente asociados a sectores religiosos y muchas veces, aunque no siempre, también a la extrema derecha política. El problema es que mientras estos discursos de intolerancia ganan terreno, las mujeres trans siguen en la calle siendo prostituidas por hombres de todo tipo. El estigma, sin embargo, es para ellas. La inseguridad y la violencia, también.
En octubre de 2018 se aprobó la ley integral para personas trans, que ayudó a visibilizar las múltiples discriminaciones que sufre este colectivo. Pero hay quienes hoy ven con preocupación el hecho de que la ley no se está implementando debidamente en algunas áreas clave.
Según comentan algunas activistas, por ejemplo, la cuota para personas trans en los llamados públicos no siempre se aplica, y hay que estar constantemente presionando para que se respete. Por otro lado, existe también preocupación por irregularidades en la atención de salud, donde se perciben cada vez más obstáculos en el acceso a medicación y cirugías. Velar por el cumplimiento de la ley en áreas como el trabajo y la salud es algo que no debería recaer en la sociedad civil. Asegurar que este colectivo históricamente discriminado tenga acceso a otras opciones de vida y a una atención integral de salud es una tarea del Estado y una responsabilidad de la sociedad toda. Mientras tanto, a las mujeres trans las sigue matando el odio, el rechazo y la indiferencia.
