N° 1921 - 08 al 14 de Junio de 2017
Como nunca antes los ciudadanos tienen hoy a su disposición un impresionante volumen de información que les llega a través de diversas fuentes, medios de comunicación, plataformas. Día a día enfrentan un torrente de información que suele resultarles tan abrumador como inmanejable. Lejos de esclarecer y de ayudar a entender hechos y procesos contribuye a aturdir y confundir.
En parte porque la información recibida es interesada, contradictoria y no siempre veraz. También porque los ritmos de la vida moderna, los compromisos que se asumen llevan a reducir los tiempos destinados a la lectura y a la reflexión. Pero además, porque la comprensión de los hechos requiere conocer su contexto, sus antecedentes. Y esto no siempre ocurre. Porque si bien hay informes que describen con detalle, ciertos hechos no ayudan a explicar su trasfondo. Porque aún sin proponérselo lo ocultan.La reflexión surge a raiz de un informe de la agencia británica Reuters (“El País”, 1/6/2017) que reveló que la empresa Odebrecht, “pieza clave de corrupción en Brasil”, “tiene 23 proyectos de obra en Venezuela, la mayoría con sobreprecios y plazos de entrega vencidos hace años”.
El informe, titulado “El tendal de Oderbrecht en Venezuela”, refirió ocho casos que consideró “principales” porque exponen de forma rotunda el grado de ineficacia de los procesos de administración, de gestión y de contralor del régimen venezolano.
Pero a la vez, ponen de manifiesto el entramado de intereses políticos y económicos, de cómo operan las “solidaridades” y complicidades de los gobiernos “progresistas” de la región. Un entramado del que no hemos sido ajenos y que explica recientes definiciones y posicionamientos políticos del gobierno y del presidente Vázquez.
Veamos en detalle el informe de Reuters consignado por el matutino.
—“Tercer puente sobre el río Orinoco (Puente Mercosur). Inicio de obras: 2006. Fecha de entrega: 2011. Avance: 69%. Presupuesto: U$S 922 millones. Costo hasta el momento: U$S 2.800 millones”.
—“Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo (Puente Cacique Nigale. Inicio de obra: 2006. Fecha de entrega: 2012. Avance: 17%. Presupuesto inicial: U$S 1.088 millones. Costo hasta el momento: U$S 3.400 millones”.
—“Planta Hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma). Inicio de obras: 2007. Fecha de entrega: 2012. Avance: 98%. Presupuesto inicial: U$S 3.050. Costo hasta el momento: U$S 5.996 millones”.
—“Remodelación del Aeropuerto de Maiquetía. Inicio de obras: 2013. Fecha de entrega: 2015. Avance: 21%. Presupuesto inicial: U$S 3.931 millones. Costo hasta el momento: información no disponible”.
—“Línea 5 del Metro de Caracas. Inicio de obras: 2007. Fecha de entrega: 2011. Avance: 23%. Presupuesto inicial: U$S 1.100 millones. Costo hasta el momento: U$S 3.992 millones”.
—“Tren Caracas-Guarenas-Guatire. Inicio de obras: 2007. Fecha de entrega: 2012. Avance 36%, Presupuesto inicial: U$S 2.320 millones. Costo hasta el momento: U$S 3.931 millones”.
—“Cabletren Bolivariano de Petare. Inicio de obras: 2008. Fecha de entrega 2011. Avance: 29%. Presupuesto inicial: U$S 440 millones. Costo hasta el momento: información no disponible”.
—“Línea 2 del Metro de Los Teques. Inicio de obras: 2007. Fecha de entrega 2011. Avance 57%. Presupuesto inicial U$S 1.280 millones. Costo total hasta el momento: U$S 3.600 millones”.
Limitada a este detalle de hechos, la historia no es más que una expresión del manejo caótico y el descontrol administrativo que desde hace años caracteriza al régimen chavista y a la “revolución bolivariana”. Pero la verdad es que estos hechos, considerados en el contexto en que se dieron, conducen a conclusiones mucho más relevantes que las apuntadas.
Aunque tedioso, el informe refiere a importantes obras de infraestructura seguramente necesarias y de alto costo encaradas en Venezuela. Debe reconocerse que con frecuencia las obras de infraestructura superan los costos presupuestados, e incluso que no concluyen en los plazos originalmente previstos.
Eso no debería llamar la atención, para este tipo de situaciones existen previsiones en los contratos de concesión de cada proyecto. No obstante, no puede ignorarse que en las obras referidas el mayor costo y los retrasos superan largamente todo lo imaginable. En la mayoría de los casos a 10 o 12 años de iniciados los trabajos y a cinco y seis de la fecha prevista para su finalización, el avance de obras es sorprendentemente bajo.
Solo uno de estos ocho proyectos está próximo a finalizar, otros dos superan el 50% de avance de obra y los restantes entre 36% y 17%. Pero no solo hay enormes retrasos, también un aumento explosivo de los costos, al punto que entre duplican y triplican lo presupuestado.
Esto habla de ineficiencia, descontrol administrativo e institucional. Seguramente también de corrupción en las altas esferas del régimen chavista.
Los hechos consignados —concesiones, ejecución de obras, pagos— han transcurrido durante la “revolución bolivariana”, durante los años de grandeza del régimen producto de la “bonanza petrolera”. Años de “chequera fácil” de Hugo Chávez, quien asumió el poder en 1999 y falleció en marzo del 2013.
Los casos citados por el reporte de Reuters no fueron excepcionales, sino una constante de un régimen autoritario, ineficiente y corrupto del que se aprovecharon muchos jerarcas gubernamentales.
Estos hechos ocurrieron en virtud de un contexto político que lo hizo posible. De un entrelazado de intereses económicos y políticos entre los gobiernos “popu-progresistas” de Brasil y Venezuela. Un entrelazado de intereses de Chávez y Lula, empeñados en llevar adelante sus propias estrategias de desarrollo y de proyección personal en lo regional e internacional.
Lula promoviendo y haciendo “lobbismo” por Oderbrecht y otras constructoras de su país, procurando incorporar a Brasil en el juego de “las grandes ligas”. Chávez comprando la “solidaridad” política de su compadre “progresista”—así como de otros gobernantes de la región—, para evitar cuestionamientos a sus políticas y manejos internos. Para evitar interferencias en la proyección de un liderazgo regional que pretendía ocupar un espacio que dejaba libre Fidel Castro ya en el ocaso de su vida.
Compra de solidaridades y reconocimientos por aquí y por allá mediante generosas donaciones, valijas llenas de dólares, venta de petróleo barato. Simples entendimientos de toma y daca.
Durante sus mandatos, y aun después de haber dejado la presidencia, Lula aprovechó su poder y prestigio para promover la expansión de negocios a grandes empresas brasileñas en varios países de la región y de África. Lo hacía invocando el innegable interés superior de su país. Cada contrato conseguido era más trabajo —y ganancias— para las empresas y para los trabajadores brasileños. Eso efectivamente fue así. Estos negocios beneficiaron a muchos brasileños.
Ahora, en el mundo de hoy tanto altruismo y desinterés despierta lógicas sospechas y desconfianzas.
Las investigaciones de la Justicia brasileña, las “delaciones premiadas” de poderosos empresarios hoy encarcelados, cierran el circuito y lo explican cuando revelan las generosas recompensas de las que se beneficiaron durante años el Partido de los Trabajadores, los aliados políticos de sus gobiernos y seguramente el principal “lobbista”.
