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En la última edición de ese semanario se reproduce una entrevista al subsecretario de Salud Pública, Dr. Leonel Briozzo. Analizando la implementación de la ley que permite la realización de abortos durante las primeras semanas de un embarazo el Dr. Briozzo hace referencia expresa a los médicos que, amparados en la ley referida, se niegan a participar de esta práctica en función de sus convicciones personales. Refiriéndose a departamentos en los que la mayoría de los ginecólogos se expresaron de dicha manera, el jerarca expresa: “En esos departamentos el Ministerio lo que quiere asegurarse en primer lugar es que estas objeciones de conciencia sean justificadas ”.
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Supongo que esta decisión es compartida por el Sr. Ministro y por el Sr. Presidente de la República, pues no ha sido desmentida. Investigar si una objeción de conciencia es o no justificada constituye una grave infracción a la libertad de pensamiento, un intromisión indebida en el ejercicio profesional y una amenaza inaceptable a la relación médico-paciente. Es una decisión de carácter autoritario que quiere imponer, usando la maquinaria del Estado, una visión personal de la objeción de conciencia, a los médicos habilitados por el propio Ministerio de Salud Pública a ejercer su profesión dentro de la ética y de sus valores personales, en tanto no colidan con aquella.
Creo que el Colegio Médico, que debe velar por la ética de los profesionales de la salud, haría bien en analizar, de oficio si fuere necesario, esta incursión autoritaria del Dr. Briozzo y del Dr. Venegas, ambos médicos, en el desempeño de su función. Ello sin perjuicio de las responsabilidades políticas que deberán asumir ambos ante el Parlamento, instancia que solicitaré en cuanto finalice el actual receso.
Agradeciendo la publicación de la presente, saluda al Sr. Director con su máxima consideración,