Las patotas tienen campo libre

Lo sucedido frente al Juzgado de Las Piedras no pasó a mayores por la sensatez del juez Francisco Massita que trasladó su despacho a El Sauce para evitar un desborde mafioso frente a su juzgado. No ocurre por primera vez, aunque sí con un delito grave, incontenible, como la rapiña. Para los marginales cualquier delito ha pasado a integrar su estilo de vida: se vanaglorian, justifican la violencia y en su moral corrupta creen que los delincuentes deben ser aplaudidos. Cada tanto gobernantes y algunas organizaciones sociales los alientan indirectamente al atribuir la delincuencia, entre otros factores, a la droga, a la pobreza o a la marginalidad. Razonan que requieren asistencia social y actitudes comprensivas o misericordiosas. Nada de represión.

“¡Son todos alcahuetes de la Policía!”, le gritaron a los allegados del almacenero. “¡Aguante la delincuencia!”, vociferó alguno de los energúmenos mientras volvían a llover piedras, según informó “El País”. Dos expresiones reveladoras: la primera, que la Policía no infunde respeto y es despreciada; la segunda, una apología de la delincuencia atribuyéndole a ésta características heroicas. ¡Una terrible conjunción!

Manifestaciones similares se han producido en los últimos años frente a los juzgados y son cada vez más frecuentes en todo el país. Se debe a la pasividad policial en reprimirlas y a que jueces y fiscales sancionan tarde o nunca. ¿Cuántos vándalos de Las Piedras fueron detenidos y enjuiciados? Creo que cero.

Estas acciones tienen puntos en común con los “escraches” porque se las justifica como parte de la libertad de expresión. Otros no intervienen con la excusa de evitar “males mayores”, cuando en realidad tienen miedo a los reproches sociales o partidarios. Como si fuera necesario soterrar delitos con la excusa de evitar cuestionamientos. Lo único que se logra es impunidad y la convicción de que “¡Vamo’ arriba, igual no pasa nada!”. Y es comprensible que lo supongan, y no solo entre la delincuencia marginal. Tres meses después de la invasión de una patota a la Suprema Corte de Justicia para impedir el traslado de la jueza Mariana Mota, no hay indagados en la Justicia pese a que están identificados. La cosa sigue en manos de la Policía. ¿Cómo y con qué celeridad se actuaría si hubieran invadido las sedes de la Presidencia de la República o del Poder Legislativo para impedir un acuerdo de ministros, la firma de un decreto o la votación de una ley?

Algunos de quienes justifican estas manifestaciones, además de reivindicar la libertad de expresión, sostienen que debe aplicarse un criterio de proporcionalidad entre las acciones y los hechos que las provocan. Olvidan (o no lo consideran exprofeso) que no se trata solo de legalidad. Además de la ley esto debe observarse desde un nivel superior: el respeto por las instituciones y la democracia, la defensa de la vida y la convivencia y para repudiar acciones que violan nuestros derechos. Además, proteger la independencia de los magistrados.

Toda manifestación o expresión pública es legítima siempre que no implique violencia, genere desbordes, hostigamientos o coacciones. Es respetable si los manifestantes no cometen algún delito. Pero esta es una cuestión para los especialistas en derecho penal. Aunque también para los militantes, privados u oficiales, que en otros asuntos rascan el hueso e intervienen con celeridad para satisfacer su ideología o proyectarse en sus organizaciones o partidos.

Lo obvio e indiscutible es que cuando no se toman medidas de fondo arriesgamos que la sociedad se desbarranque y sea sometida por la anarquía. Se alienta el desprestigio y la desvalorización de la Policía, de la Justicia como símbolo y de los magistrados como árbitros. Los ciudadanos dejan de creer en los organismos del Estado encargados de protegerlos y la delincuencia, la mala educación, el lenguaje insultante y los energúmenos, marginales o patoteros, terminan convencidos de que actúan legítimamente mientras generan disolución social.

Ya que estamos en un reverdecer reflexivo con el advenimiento del Papa Francisco es oportuno recordar un aserto de Santo Tomás de Aquino, recomendable para quienes reclaman no castigar: “Justicia sin misericordia es crueldad, pero misericordia sin justicia genera disolución”.