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En el N° 2.164 de 3.03.2022 del semanario Búsqueda página 3, aparece un artículo donde se recogen opiniones de la senadora Dra. Esc. Graciela Bianchi, que deslizan —fiel al nivel de comunicación que ha elegido en su vida política— afirmaciones engañosas en alguna medida y carentes de fundamento en otras.
Entre las primeras, evaluando un eventual resultado afirmativo del Sí en el referéndum del próximo 27.03.2022, sostiene, en primer lugar, y ante la consulta de cuál era la consecuencia si ganaba el Sí, “que no es la muerte de nada”, con lo que cabe estar totalmente de acuerdo. Se derogan los 135 artículos y el gobierno puede impulsar nuevas iniciativas legislativas en las materias alcanzadas por el referéndum. Pero en medio, deslizó la afirmación (poco ortodoxa, como es su estilo últimamente) sobre que el FA “se pasó por las partes” dos plebiscitos sobre la ley de caducidad y afirma que la ley aprobada sobre la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (que ha permitido el juzgamiento de un elevado número de militares implicados en delitos de lesa humanidad) es inconstitucional. Grueso error: que se sepa, la SCJ no ha hecho lugar a dicha declaración. Luego: la senadora no es fiel a la realidad en esa afirmación.
En segundo lugar, dice: “Si se plantea haremos alguna ley de emergencia”, expresión equívoca, además de que —el texto no permite saber el tono de la afirmación— suena bastante despectivo. Casi se diría peyorativo. Lo que puede hacer el gobierno es promover desde el Poder Ejecutivo nuevas leyes de urgente consideración, sobre los temas alcanzados por el Sí. Con el agravante, de que insistirá con un mecanismo excepcional cuando el cuerpo electoral se pronunció (siempre que gane el Sí), sobre el asunto. Menudo problema institucional: el Poder Ejecutivo deberá promover una iniciativa que fue rechazada nada menos que por el Cuerpo Electoral (mecanismo de democracia directa).
En tercer lugar, en un recuadro al pie del artículo, se hacen afirmaciones temerarias, para infundir miedo. En efecto, consultada sobre la derogación de las normas “penales”, afirmó que “de derogarse los 135 artículos” (cuando los sometidos a consulta, de carácter penal, son la minoría del conjunto) y mencionado primero “cientos” y luego “como 1.700 presos” que serían “liberados” de triunfar el Sí. La falta de precisión es técnica y numérica y llama a confusión. No es posible (salvo que se mencione una fuente insospechable) saber cuántos casos de condenas firmes puedan ser alcanzadas por las normas sometidas a consulta, como para afirmar que “saldrán” miles de presos luego del 27.03.2022. Es indudable entonces que no se es fiel a la realidad, al realizar la afirmación que —además— se pone como título del recuadro.
Finalmente, debe afirmarse con total claridad que más allá de los contenidos de tantos temas incluidos en el referéndum, la responsabilidad de que el país esté casi dos años girando en torno a esta LUC, es exclusivamente del gobierno que, abusando del texto constitucional, incluye un programa de gobierno casi completo en una ley de urgente consideración, desnaturalizando el papel del Poder Legislativo. Al lector atento, cabría realizarle la siguiente pregunta: ¿Considera usted conveniente (ya no jurídicamente correcto) que un gobierno con mayoría propia o coaligada apruebe en los primeros 100 días de mandato un programa de gobierno completo? Antes de contestar la pregunta, el lector debería saber que desde 1967 en que se aprobó la Reforma Naranja, que entre otras cosas previó las leyes de urgente consideración, se han aprobado treinta y tres iniciativas, prácticamente todas ellas de un solo tema y ninguna que contuviera el plan de gobierno. Una cosa es ganar las elecciones, generar una mayoría y otra desconocer el texto constitucional, aunque la inconstitucionalidad sea tan discutible como las leyes mencionadas por la senadora.
