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Ocurre en cada legislatura: los organismos públicos no contestan los pedidos de informes y los diputados y senadores se quejan. El primer año del segundo gobierno de Tabaré Vázquez no fue una excepción. Pero el fastidio en algunos legisladores llegó al punto que, además de recurrir a las citaciones a comisión o interpelaciones, decidieron apelar a la ley de acceso a la información pública, un mecanismo que establece plazos más cortos para que el Estado responda, y que permite recurrir a la Justicia en casos de incumplimiento.
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Jorge Larrañaga (Partido Nacional) hizo un planteo en la Cámara alta porque no recibía respuesta al pedido que hizo al Ministerio de Industria, con destino a Ancap, sobre unos contratos celebrados con empresas extranjeras. Larrañaga denunció que tenía información “fidedigna, cierta” de que el pedido estaba “cajoneado” en el Ministerio. “Es de extrema gravedad que un Ministerio no sea capaz de diligenciar un pedido de informes en 60 días”, afirmó.
Pocos días después, su colega Pablo Mieres (Partido Independiente) expresó en cámara su malestar porque la respuesta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) era insuficiente y no tenía nada que ver con lo que había consultado. “Es una falta de respeto”, dijo, y aseguró que este tipo de situaciones “afectan las potestades” de contralor del Parlamento.
El artículo 118 de la Constitución dice que todo legislador puede pedir a distintos organismos del Estado “los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido”. Si el organismo no brinda información dentro del plazo, el legislador puede solicitar que sea la Cámara a la que pertenece la que haga el pedido.
Los organismos tienen un plazo máximo de 105 días para responder. Según la ley 17.673, cada organismo dispone de un tiempo de 45 días hábiles para remitir los datos solicitados. Si vencido ese plazo no se respondió, pueden pedir otros 30 días. Si se vence este plazo y no hay respuesta, el legislador puede solicitar que la Cámara haga suyo el pedido de informes. En este caso, el organismo tiene otros 30 días para responder. Si no hay respuesta, el legislador puede recurrir al llamado a comisión o sala.
Paradoja.
En el primer año de la segunda administración de Vázquez, se cursaron 612 pedidos de informes, según consta en el sitio web del Parlamento. El 64% de esos pedidos no tenían respuesta a fines del año pasado.
Poco más del 26% de los pedidos de informes fueron realizados en el Senado. En la Cámara alta, el 55% de las solicitudes de información fueron realizadas por el Partido Nacional, seguido por los colorados con el 25%. En el Senado, en tres ocasiones legisladores oficialistas realizaron consultas a su gobierno y recibieron respuesta en dos casos.
En Diputados, el Partido Nacional es la colectividad que más pedidos de informes hizo (68% del total). El oficialismo hizo el 3% de los pedidos de informes en Diputados.
En un estudio presentado el año pasado, el politólogo Daniel Chasquetti señaló que desde el retorno a la democracia, en promedio se tramitan 521 pedidos de informe por año. El 91% de ellos los presenta la oposición. Según Chasquetti, la tasa de respuesta es mayor en los gobiernos del Frente Amplio (62%, Vázquez y 63% Mujica), respecto al gobierno de Jorge Batlle (48%). No hay información anterior a este gobierno respecto al nivel de respuesta.
Mieres comentó a Búsqueda que la falta de respuesta lo llevará a utilizar otro mecanismo legal para obtener la información. Por ejemplo, apelará en algunos casos a la ley de acceso a la información pública. “La paradoja es que después de la ley de acceso es más fácil pedir un informe por esta vía que con el pedido de informes común”, dijo. “Si un organismo no te quiere contestar no contesta, pero con la ley de acceso se puede ir a la Justicia”.
Esta ley, aprobada en 2008, permite que cualquier persona pueda solicitar información a dependencias estatales. El organismo tiene la obligación de responder dentro de un plazo máximo de 20 días. Las autoridades pueden solicitar un prórroga de otros 20 días. Si no hay respuesta, la persona puede llevar adelante una acción judicial. En el período pasado, el ex diputado Fitzgerald Cantero solicitó información mediante esta ley y obtuvo los datos sobre publicidad y auspicios de Ancap, aunque para ello debió ir hasta la Justicia.
El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a Búsqueda que este año recurrirá a la ley de acceso, ya que no recibió muchas respuestas de los organismos a sus pedidos de informes. La falta de respuesta “tranca muchísimo” el trabajo parlamentario, agregó. Y explicó que la instancia de llamado a sala no siempre tiene sentido hacerla, ya que depende de la información que se solicita.
Su colega Martín Lema (Partido Nacional) cuestionó la “falta de transparencia” que hay. “Te dicen que esto siempre pasó, que nunca te responden los pedidos, pero no por eso me tengo que acostumbrar a que no se contesten cuando es su obligación. ¿Si no cómo se los puede controlar?”, dijo Lema, que en febrero del 2015 comenzó su primera experiencia como legislador.
“Estoy dispuesto a hacer venir a los ministros todas las veces que sea necesarias, así como hicimos con el Directorio de ASSE cuando no nos contestaba los pedidos de informes”, dijo al ser consultado sobre qué estrategia seguirá si los organismos públicos siguen sin responder.
