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En los ámbitos de coordinación política del partido de gobierno (bastante caldeados últimamente) se discuten muchas cosas: entre las más discutidas está cuál es la situación más preocupante en la actualidad para esta sufriente sociedad uruguaya. Entre las preferidas están temas tan espinosos como la seguridad (que está en “modo aguante” hasta que los choferes policías aprendan a manejar tanquetas militares para evitar la militarización de la lucha contra el crimen organizado), el elevado costo de la vida y la entrega en efectivo de las asignaciones familiares a los pobres para que se compren vino y merca o alimentos básicos sin tener que mandar a los gurises a la escuela o llevarlos al médico (ojo, esto corre solo para los pobres, a todos los demás ciudadanos no se les aplica la libertad de elección con esa amplitud). Sin embargo, hay un tema del que se ha hablado, pero que se va diluyendo en la opinión pública, a pesar de ser uno de los más discutidos en el seno del Frente Amplio (FA), que es nada menos que el tamaño de los monoambientes.
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Este dramático tema, puesto en circulación pública por el senador socialista Gustavo González (quien hasta incluso ha presentado un proyecto de ley que circula en la comisión respectiva del Parlamento), sostiene que no puede seguir habiendo monoambientes de 25 metros cuadrados y que, por el contrario, el mínimo debe ser de 35 m². Ello significa, entre otras cosas, que el Estado debe decidir cuáles son las medidas mínimas para que una persona, o una familia con recursos escasos, resida en un edificio.
Con una visión que Jiménez de Aréchaga envidiaría, el senador González argumenta que los monoambientes de 25 m² son violatorios de la Constitución. El legislador agrega que los monoambientes deberían prohibirse y que su existencia (que por ahora es legal) “responde a una lógica mercantil que prioriza la rentabilidad por encima del derecho a la vivienda”. Además, propone prohibir técnicamente el concepto del “ambiente único” y obligar a que toda vivienda cuente con un dormitorio y a que “el área de dormir esté físicamente dividida del sector de cocina y convivencia”. El proyecto no aclara otros aspectos básicos de este nuevo modelo de habitabilidad reglamentada al que nos expone el senador con su iniciativa, como por ejemplo, si en el colchón del dormitorio los integrantes de la pareja deberán dormir uno del lado derecho de la cama y el otro del izquierdo, o si se establecerá que ambos lados del colchón son izquierdos y que, por lo tanto, de un lado deberá dormir el afiliado al MPP y del otro el del Partido Comunista.
La lógica intervencionista de este amante de la libertad ma non troppo nos expone a que el ejemplo cunda, y pronto, algún otro iluminado por proponer, nos aterrice otro proyecto que, por ejemplo, disponga que las ventanas de los apartamentos deban ser redondas y no cuadradas o rectangulares, porque eso reduciría la cantidad de vidrio necesaria y supondría un ahorro para los adquirentes de las nuevas unidades. En cumplimiento del nuevo sistema, el ahorro resultante, el Estado lo dedicará a fomentar las fábricas de ventanas de vidrio redondo, las cuales deberían utilizarse en forma obligatoria a partir de la entrada en vigencia de la ley.
O que los nuevos monoambientes de superficies autorizadas, de 35 m² y no de 25, se fraccionen según los departamentos del país, aceptándose en la capital, durante un tiempo a determinar, el aumento de los de 25 m² a 27 m², y a los dos años pasen a ser de 30 m², y recién a los cinco años sean obligatorios los de 35 m², como lo indicará la ley, mientras que, en los departamentos del interior, la escala será más corta, pasando los de 25 a 30 en dos años, y a los cinco años ya serán todos de 35 m².
Como los buenos ejemplos cunden, ya aparecerá algún otro iluminado que presente un proyecto de ley obligando a que, cualquiera sea el tamaño del monoambiente, que pasará luego a ser ambiente familiar autorizado, tenga en el interior, junto a la ventana, una planta natural de entre 30 y 50 centímetros de alto, de manera de estimular la cantidad de oxígeno que respiran los ocupantes, ya que ello promueve un aire más límpido y puro. Y se creará en el Ministerio de Salud Pública una Comisión de Respiración Sana y Obligatoria, cuyos inspectores visitarán los hogares para controlar la existencia y el adecuado cuidado de las plantas oxigenantes, así como el respeto a los límites mínimo y máximo de su altura. En caso de que estas sean halladas en mal estado, o, peor aún, que se hayan secado o no existan, se aplicará una escala de multas. Con esa recaudación se promoverán huertas plantíferas que se repartirán luego entre los hogares carenciados de tan indispensable elemento.
Este ambiente de intervencionismo militante y sofocante estará siempre determinado por la bondad y la buena voluntad del Estado, que nos cuida y nos protege de ese ímpetu loco y peligroso que la gente tiene cuando se le ocurre vivir en 25 m², ya sea porque no puede financiar uno de 30 o de 35, o de 150 m², o de 900 m², en uso de los fondos de que disponga y también en uso de ese otro vicio que carcome a los gobernados, que se llama libertad.
En sus clases de Economía en la Facultad de Derecho, hace muchos años, cuando nos enseñaba Economía Política y promovía la importancia de la libertad versus el intervencionismo, Ramón Díaz ponía un ejemplo, atribuyéndole la autoría a Federico el Grande de Prusia. Nos decía que este personaje había dictado, al amparo de sus poderes absolutos, un decreto “prohibiéndole a los hombres casarse con mujeres de mal carácter”.
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