Legislar para el amigo

La propuesta ha sido ampliamente criticada por organizaciones especializadas en infancia y adolescencia. Y aunque hay varios aspectos de los proyectos anteriores que se intentaron mejorar (en particular gracias a los aportes de la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti), todavía hay problemas gruesos que siguen estando presentes en el nuevo proyecto. De hecho, varios integrantes de la coalición de gobierno han manifestado estar en contra, en particular algunas figuras relevantes del Partido Colorado y el Partido Independiente.

Es que otro gran problema que presenta el proyecto es lo que establece el artículo 4: que en el caso de “adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia” deberá respetarse “el derecho a las visitas” del denunciado, y “el juez únicamente suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente”. En suma, que deberán mantenerse las visitas aunque “el progenitor” tenga medidas cautelares. Quienes entienden del tema y están en contra del proyecto de ley argumentan que si el derecho permite las medidas cautelares aun sin condena es precisamente porque se trata de medidas de protección, aunque no se tenga 100% certeza de si la persona denunciada es culpable o no. De hecho, puede que nunca se llegue a una condena, porque los procesos son largos y muchas veces difíciles de probar si no hay signos exteriores de violencia. Pretender que otro juez evalúe la medida cautelar pone en riesgo la protección del menor, expresan. El costo de un error puede ser tan grave como la vida o la integridad del niño, niña o adolescente.

Otro aspecto complejo que resalta Pedernera es el hecho de “realizar cambios en las leyes sin base en la evidencia”. Según plantea el experto, el problema con este proyecto es que “no tiene exposición de motivos y no se indica cuál es el problema que se identificó y sobre qué evidencia se sostiene”. Cabe preguntarse entonces cuáles son realmente los intereses por aprobar una ley tan controversial, que no presenta ningún tipo de argumento sólido.

En este sentido, el dato sobre el origen de este proyecto de tenencia compartida no es nada menor: “Es un proyecto del presidente”, se dice, porque está basado en un proyecto que Luis Lacalle Pou presentó cuando era senador en 2016 y que había sido elaborado por la organización Todo por Nuestros Hijos, un “grupo integrado en su mayoría por padres varones que reclaman por la tenencia de sus hijas e hijos”. O, como planteó la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, por padres “que perdieron el acceso a sus hijos” por tener medidas cautelares por antecedentes de violencia y abusos. Como sostiene Bottero, la presión de estos grupos es muy fuerte, pero “no hay que generar una ley que vaya en contra de los logros de las mujeres para estos pocos casos”.

Por otro lado, más de un legislador poco interiorizado con el tema puede estar tentado a votar a favor de este proyecto porque “tiene un amigo” que asegura que le hicieron una denuncia falsa por despecho y no pudo ver a sus hijos por mucho tiempo. Pero eso se resuelve fortaleciendo el sistema judicial, no aprobando leyes que ponen en riesgo la vida de niños y niñas. Porque no se puede legislar para el amigo o para el primo del cuñado: hay que legislar pensando en los más desprotegidos, con los datos de violencia contra niños, niñas y adolescentes a la vista y escuchando a quienes día a día trabajan por proteger sus derechos.