Leyes y orgasmo electoral

A mediados de agosto, antes de la opinión jurídica del Tribunal de Cuentas (TCR) sobre el “Antel Arena”, el profesor de Derecho Administrativo y ex ministro de ese organismo, Carlos E. Guariglia, incursionó sobre diversos aspectos de esa institución.

Abogados especializados me dicen que los litigios se han multiplicado por esas transgresiones y que el Estado pierde la mayoría de los juicios. Y aunque Mujica descalifique a los “picapleitos” por demandar al Estado, él es el mayor responsable por no exigir que se priorice la ley sobre lo político.

A través de las normas los ciudadanos deben ser beneficiarios del poder y no sus servidores. En cambio, conseguido el voto, esos mismos ciudadanos son descartados como preservativos usados luego del orgasmo de la victoria, a veces pírrica.

El TCR, esa “jerarquía institucional convertida hoy en un trivial aporte testimonial”, al decir de Guariglia, le propinó al gobierno y a la presidenta de Antel, María Cosse, un duro golpe sobre la construcción del “Antel Arena”: es inconstitucional. Esa opinión, con votos contrarios de los ministros oficialistas, se apoya en abundante y prestigiosa doctrina precedida de un informe similar de abogados de la Unidad Jurídica de la Junta Departamental.

Cosse argumentó en el programa “En Perspectiva” de El Espectador, que la opinión de TCR no es una sentencia judicial ni jurídicamente vinculante para detener el proyecto. Por eso anunció que desestimará la advertencia y seguirá adelante sin considerar los U$S 40 millones de dinero público involucrado. Remarcó que tiene el “respaldo” de un informe del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República y de la propia Facultad de Derecho.

Pero según el diputado blanco (Alianza Nacional) Jorge Gandini, precandidato a la Intendencia de Montevideo, lo que dijo Cosse es falso: el informe no es del Instituto de la Facultad, sino de su presidente, Alberto Pérez Pérez, y al diputado le inquieta saber si Antel lo contrató, cuánto pagó y si el abogado utiliza a la Universidad de la República como una excusa.

La actitud de Cosse, ironizó un amigo, se debe a un contagio sobre el Río de la Plata del síndrome de Hubris (imprudencia, impulsividad, sentimiento de superioridad, vencer al rival a cualquier costo, desprecio por las críticas): la enfermedad del ego y el poder que el médico y periodista argentino Nelson Castro le atribuye a la presidenta Cristina Fernández.

Tal vez no es ese el síndrome, pero sí algunos síntomas: soberbia, falsedad, desprecio por lo técnico, prioridad de lo político sobre la ley y todo eso tras el proyecto personal de la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Una carrera en la que, con esto, Cosse y el MPP arrancan con la ventaja publicitaria de U$S 40 millones sobre los otros aspirantes frenteamplistas. También sobre los opositores.

Cuando el “Antel Arena” esté construido, desde su casa o desde la Intendencia, Cosse le hará “pito catalán” a la Constitución. También al próximo gobierno que deberá pagar los eventuales daños de un juicio civil. Es la política del hecho consumado: el que viene banca.

Cosse también le atribuye al dictamen del TCR intencionalidad política. Lo mismo que el ministro oficialista del organismo León Lev y la senadora Lucía Topolansky. Los tres destacan los votos discrepantes del dictamen. Con esa excusa añaden otra gravedad: desconocen las reglas de juego de la democracia.

Me remito a las palabras finales de la carta de Guariglia: la democracia es “una actitud del hombre ante la vida, que en el plano político se trasunta en la fórmula: unos a gobernar y los otros a controlar. Allí reside la legitimación del poder y de tal equilibrio dependerá el resplandor o la miseria de la democracia”.

Y añade: “junto a una filosofía de los decadentes hay una filosofía de los retóricos, que no es menos representativa de la crisis espiritual de nuestros días”.

Mientras crecen las sentencias de condena al Estado, en su atardecer vital y de gobierno Mujica espera los informes que en marzo ordenó sobre el número, dependencias y montos de juicios contra el Estado. Se los iban a entregar en mayo. Si los recibió debe hacerlos públicos y explicar qué medidas tomará. Si es que toma alguna, porque con el apoyo al “Antel Arena” rema en contra.