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Finalmente, y luego de arduas negociaciones que generaron varias demoras, se logró firmar el acuerdo entre el gobierno y la empresa UPM, cerrando así la primera etapa del proceso que —eventualmente— va a culminar con la instalación en el país de una segunda planta de celulosa por parte de esa empresa finlandesa. Sería la mayor inversión de la historia.
En el acuerdo firmado la semana pasada, el gobierno se compromete a cumplir una serie de obligaciones en los próximos dos años, para que a su vez UPM decida realizar la inversión luego de que se verifique su cumplimiento. En concreto, Uruguay se ha comprometido a realizar muy importantes obras de infraestructura (la más relevante es un ferrocarril de última generación que uniría la futura planta con el puerto de Montevideo); a mejorar el nivel de enseñanza técnica y también de la educación básica en la zona de influencia del emprendimiento; a convocar a un ámbito de negociación entre el PIT-CNT, UPM y el Ministerio de Trabajo para modificar la legislación laboral, de forma de “acordar la implementación de procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones”; y a otorgar diversas exoneraciones impositivas y el régimen de zona franca.
A nadie pueden sorprender las exigencias que planteó UPM. En términos simples, lo que la empresa quiere es disponer de adecuada infraestructura, de buena mano de obra, de un ambiente laboral normal y minimizar el pago de impuestos. En definitiva, es lo mismo que necesita todo el Uruguay. Y lo que deja en evidencia son las enormes falencias que han tenido los sucesivos gobiernos “progresistas” para crear condiciones adecuadas para el desarrollo del “Uruguay productivo”.
Seguramente UPM no querrá repetir la experiencia de Montes del Plata, y de ahí el cuidado extremo que está poniendo en exigir cambios en las normativas laborales, al punto de señalar expresamente en el acuerdo que “si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del proyecto, podrá constituir una causal para que UPM no tome una decisión final de inversión”. ¿No será momento de analizar a nivel general la conveniencia de mantener el actual marco de reglas de juego laborales, incluido el polémico tema de las ocupaciones como “extensión” del derecho de huelga? ¿Tiene que venir UPM para que nos demos cuenta del absurdo en el que hemos estado operando desde hace tantos años? ¿Cuántos puestos de trabajo adicionales deberán perderse para reaccionar?
Tampoco necesitamos que UPM implícitamente nos recuerde el penoso retroceso que hemos tenido en materia de educación y formación de capital humano, a pesar del fuerte aumento de recursos que se ha destinado a la educación desde el 2005 gracias al período de fuerte crecimiento económico que la bonanza externa permitió. Todas las empresas uruguayas necesitan trabajadores calificados, con buenos hábitos de trabajo, y que tomen a la capacitación y a la actualización como algo permanente.
Que con la abundancia de recursos con la que contaron los gobiernos del Frente Amplio desde el 2005 a la fecha el país esté con un “apagón logístico” en materia de infraestructura física, es algo que tampoco es novedad para nadie. Y si el deseo de que se instale una eventual segunda planta de UPM comienza a generar un shock de inversión en este sentido, sería algo muy positivo, porque todo el país lo necesita.
Independientemente de que se concrete o no la segunda planta de celulosa de UPM, el solo hecho de que en los próximos dos años el gobierno deba “hacer los deberes” en inversión en infraestructura, relaciones laborales y mejora en la educación, ya es un hecho positivo. Y lo sería mucho más si se analizaran estos temas como un problema global y no solamente como algo necesario porque si no la empresa finlandesa no concreta la inversión.
También el gobierno debería encarar como un problema global la baja de la presión tributaria sobre las empresas locales (tema que para UPM está saldado por las múltiples concesiones y tratamientos especiales que se le han prometido), así como la profundización de la apertura externa de la economía (aspecto irrelevante para los finlandeses, ya que ellos ya tienen los mercados para colocar la celulosa que se produzca).
