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    Lobbies de profesionales “bloquean” cambios tributarios redistributivos

    En Uruguay, como en Chile, grupos de la elite han logrado dar forma a la legislación de manera de conservar beneficios tributarios o desviar la carga de los impuestos hacia otros sectores. Un análisis de economía política publicado por el Instituto Mundial para la Investigación sobre el Desarrollo Económico, de la Universidad de Naciones Unidas, conduce a tal conclusión.

    Combinada con un escenario de alta imposición tributaria, “la estrategia utilizada por las elites para defender las rendijas y subterfugios”, capturando la “lealtad de los pequeños grupos de políticos en todos los partidos”, sugiere que en ambos países se configura un “resultado menos redistributivo, en línea con los casos del sur de Europa: un equilibrio subóptimo”, afirman los autores de esa investigación, Juan Bogliaccini (Universidad Católica de Uruguay) y Juan Pablo Luna (Universidad Católica de Chile).

    Las acciones de las elites en la región reflejan una “preferencia por los impuestos no redistributivos, en particular el IVA, y una fuerte oposición a los impuestos sobre la renta y los impuestos de propiedad. Esto es así incluso en los países más similares a las democracias avanzadas (…)”, indican. Chile y Uruguay presentan una “característica perdurable de conflicto sobre la distribución: la lucha entre actores organizados para construir coaliciones distributivas duraderas con los partidos políticos. La comparación muestra cómo las elites logran perforar constantemente iniciativas de redistribución”, sostienen. Así, aseguran, dichas élites han tenido éxito en lograr una reducción de su carga fiscal relativa a las clases medias.

    Frente a reformas recientes, los grupos de presión han sido distintos en uno y otro país. En Uruguay, los lobbies fueron ejercidos mayormente por asociaciones de profesionales, mientras que en Chile primaron organizaciones empresariales, según el estudio, fechado en julio.

    Como contexto político, indica que la crisis económica de 2001-2002 en Uruguay “contribuyó al deterioro de los vínculos históricos entre las elites empresariales (sobre todo en los sectores rurales e industriales)” con los partidos Nacional y Colorado, de centro-derecha. También lo hizo el crecimiento económico registrado en la última década bajo gobiernos del Frente Amplio. Sin embargo —agrega—, sectores profesionales vinculados a la coalición de izquierda han sido “jugadores fundamentales que bloquean” cambios tributarios a favor de la equidad.

    Reformas y lobbies.

    Para Uruguay, el caso de análisis fue precisamente la reforma tributaria que entró en vigor desde 2007. Un año antes, las comisiones de Hacienda recibieron a 42 representantes empresariales, a 15 profesionales y otras personas de “cuello blanco”, además de cinco cooperativistas e igual cantidad de delegados de trabajadores que buscaban mantener beneficios o tratamientos especiales, enumera el análisis.

    “El obstáculo más importante para la reforma fiscal vino del esfuerzo por parte de los diferentes sectores del Frente Amplio para defender los intereses de los grupos profesionales (en su mayoría pertenecientes a los dos quintiles de ingresos superiores)”, indican los investigadores. Finalmente, el lobby resultó exitoso al lograr asegurarse dichos grupos una menor carga impositiva, dicen.

    Sin embargo, en 2014, durante la segunda administración del Frente Amplio, se redujo el beneficio mediante la imposición de dos nuevas tasas marginales del impuesto de sociedades —de 15% y 18%— pagado por el sector profesional. Esta medida, si bien hace más restrictivas las opciones para la elite, aún permite a los ricos reducir su carga fiscal, afirman los autores. Y señalan que los profesionales también consiguieron por sí mismos un tope en sus contribuciones al Sistema Nacional de Salud creado por una ley de 2007.

    Bogliaccini y Luna sostienen que la misma postura de “veto” a reformas a favor del mercado que le ayudó a crecer al Frente Amplio en la década de los noventa —dándole cobijo a un electorado socialmente diverso—, ahora complica la aprobación de cambios tributarios con un sentido de equidad. Profesionales y grupos empresariales “representan una fuente importante de conflictos” ante ese tipo de iniciativas, afirman.