La noticia de las condenas generó una reacción monolítica del oficialismo en respaldo a los condenados. “Han actuado de buena fe”, dijo el presidente Tabaré Vázquez.
Consultado por Búsqueda, el abogado de Lorenzo, Mario Spangenberg, confirmó que “en el mismo sentido en que se condujo a lo largo de todo el proceso, se ha resuelto no recurrir ninguna resolución judicial”.
Lorenzo no quiso apelar su procesamiento —dictado en abril de 2014— e incluso sus abogados debieron convencerlo de contestar, años después, la acusación de la Fiscalía cuando pidió su condena. Lorenzo dudó si defenderse, pero el cambio de la jueza del caso dio esperanza a sus abogados de obtener una lectura descontaminada del asunto, e insistieron. La absolución que consiguieron más adelante probó que habían acertado. Sin embargo, no esperaban un revés tan contundente del Tribunal de Apelaciones. De acuerdo a las fuentes, la defensa de Lorenzo cree que hay buenos argumentos para apelar ante la Corte, pero el exministro se mantuvo firme en su decisión.
Por su parte, el penalista Gonzalo Fernández, abogado de Calloia, dijo a Búsqueda que “agotará la línea de defensa” porque está “convencido de que el fallo es equivocado” y que el delito de abuso de funciones “no se configuró”.
Añadió que coincide con la discordia del ministro del tribunal Alberto Reyes —el único que votó a favor de absolver a ambos involucrados—, y en especial con una frase de su argumento que consideró clave: “Están confundiendo el abuso de poder con el abuso de funciones”.
“En el derecho administrativo cualquier acto cometido con abuso de poder es susceptible de recursos administrativos y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aunque suene feo al oído, hay decenas de actos con abuso de poder por día y a nadie se le ocurre aplicarles el abuso de funciones”, razonó.
La noticia de las condenas generó una reacción monolítica del oficialismo en respaldo a los condenados. “Han actuado de buena fe”, dijo el presidente Tabaré Vázquez el martes 29 en rueda de prensa.
El affaire Pluna
La exaerolínea estatal fue un dolor de cabeza para los gobiernos del Frente Amplio. Durante el primer período de Tabaré Vázquez se procuró relanzar Pluna —que había quedado en una situación muy complicada tras una asociación de años con la brasileña Varig— mediante un acuerdo con la empresa Leadgate, promovido por los entonces ministros de Economía, Danilo Astori, y de Transporte, Víctor Rossi. Tras unos primeros años auspiciosos, el proyecto terminó fracasando y el gobierno, ya bajo el mando de José Mujica, tomó la decisión de cerrar la aerolínea. Entonces se vio obligado a buscar interesados en comprar los aviones y de esa manera cubrir parte de las deudas que había dejado.
El candidato natural era el empresario argentino Juan Carlos López Mena, que por esos días intentaba consolidar su aerolínea BQB, pero no mostraba interés en la operación y, ante la ausencia de potenciales compradores, el gobierno debió postergar una subasta de los aviones prevista para setiembre de 2012. En octubre finalmente se realizó la subasta y el representante de la española Cosmo, que se presentó como Antonio Sánchez, fue el único oferente y, por ende, el ganador. Las autoridades celebraron, pero el festejo duró poco.
El 4 de octubre, Búsqueda reveló en su tapa y contratapa que el BROU le había otorgado un aval de US$ 13,6 millones a la desconocida empresa Cosmo para que se presentara a la subasta. Ese mismo día el diario El Observador publicó la fotografía de un almuerzo en el restaurante Lindolfo en el que participaron Lorenzo, el titular de Buquebus y el representante de la empresa Cosmo, conocido en ese entonces como el “caballero de la derecha”. Al día siguiente, Radio El Espectador dio a conocer el vínculo de Sánchez con López Mena: su nombre completo era Hernán Antonio Calvo Sánchez, había trabajado para Buquebus y hasta era padrino de dos nietos del empresario naviero.
Las revelaciones de la prensa complicaron los planes del gobierno con López Mena y terminaron enfrentándolos. Cosmo informó al poco tiempo que no compraría los aviones por el “ruido mediático” que se había generado. Las autoridades le reclamaron al empresario argentino que se hiciera cargo del entuerto y este terminó asumiendo el pago del aval ante el BROU, un asunto que hasta hoy los mantiene enfrentados en un juicio que por el momento ha sido favorable a López Mena.
En paralelo a los enredos políticos, y tras las revelaciones de la prensa que mostraron, cuando menos, un manejo irregular y poco transparente de la subasta, la Justicia comenzó a investigar. La denuncia de oficio presentada por el entonces fiscal de Crimen Organizado Juan Gómez, a la que luego se añadió una ampliación de la bancada de senadores del Partido Nacional, daría inicio a una investigación que terminaría con dos de los protagonistas del affaire Pluna —Lorenzo y Calloia— condenados por abuso de funciones.
El expresidente Mujica, aunque públicamente dijo que todo era su “responsabilidad”, ya que había pedido a su equipo que solucionaran el problema de la subasta y consiguieran oferentes, en la Justicia fue más cauto y dijo que no había dado instrucciones concretas de saltarse los procedimientos bancarios para otorgar un aval (Búsqueda Nº 1.886).
Parodia
La ministra Graciela Gatti y los ministros Sergio Torres y Julio Olivera Negrín (que integró el tribunal ante la discordia de Reyes) sostuvieron que Calloia, al otorgar a la empresa Cosmo un aval millonario de manera express y sin cumplir con los requisitos habitualmente exigidos, actuó de forma “deliberada y consciente” para viabilizar de manera “claramente abusiva” y “arbitraria” la presentación de la empresa a la subasta de los aviones.
Calloia, “al amparo de la tosca excusa de estar desempeñándose en función del supuesto ‘interés nacional’”, ordenó a los servicios técnicos del banco que presidía que “saltearan todas y cada una de las más elementales reglas de prudencia que deben presidir la actividad bancaria, con la finalidad de viabilizar el irregular otorgamiento de un aval”. El exjerarca, “abusando de su condición de máxima autoridad del BROU y sabiendo —a las claras— que el millonario aval no estaba en condiciones y por ende no podía otorgarse, se erigió en uno de los principales motores de las anomalías mencionadas in extenso por los magistrados del anterior grado, instruyendo e influyendo de tal manera que no dejó a los funcionarios de la institución más opción que doblegarse ante sus dictados”.
El penalista Gonzalo Fernández, abogado de Calloia, dijo a Búsqueda que “agotará la línea de defensa” porque está “convencido de que el fallo es equivocado” y que el delito de abuso de funciones “no se configuró”.
“¿Desde cuándo maniobrar para que los servicios técnicos del BROU aprueben un aval en semejantes condiciones a favor de una firma ignota que notoriamente oficiaba de ‘pantalla’ es un acto cuyo móvil no contraría el interés público? ¿Desde cuándo permitir que ese remate se transforme en una suerte de ‘parodia’ es un acto cuyo móvil no contraría el interés público?”, cuestionaron los ministros. Y concluyeron que “no hay justificación plausible, ni regla de la lógica o la experiencia que permita situar lo ocurrido dentro de los cánones de la legalidad y la transparencia pública, cuando la tónica fue siempre la oscuridad, lo furtivo, y el abandono de plano de todas las normas elementales de gestión y control de la cosa pública”.
En cuanto a Lorenzo, los ministros no fueron mucho más benévolos. Coincidieron con el fiscal Pacheco —que apeló la absolución dispuesta por la jueza María Helena Mainard— en que el exministro “excedió la competencia funcional de su cargo” haciendo que el BROU emitiera un aval millonario, aun cuando sabía “a la perfección que no iba a contar con el contralor mínimo indispensable”.
“Su profesión de economista, su amplia experiencia en el ejercicio de dicha profesión, más la elevada (muy elevada) dignidad del cargo que en la época desempeñaba (era nada más y nada menos que el Ministro de Economía y Finanzas de la República), decididamente no permiten —racionalmente— aventurar otra solución”.
Para los ministros es “obvio y evidente que fue su inmenso peso político e institucional lo que impuso para que los servicios del BROU actuaran de la manera como lo hicieron”. Así lo confirma la evidencia con “incontestable elocuencia”, cuando muestra la manera en que su presidente “salió disparado a ejecutar lo que en otras circunstancias y condiciones jamás hubiera realizado”, sostuvieron.
En su discordia, el ministro Reyes discrepó de forma contundente con sus colegas: “Nadie negó que todo lo actuado fue —para bien o para mal— en aras del interés nacional; y si el móvil no es espurio (capricho sin duda que no hubo, odio es claro que menos), no hay abuso de funciones”.
Según Reyes, “al margen de valoración alguna, se actuó como se actuó, no por capricho, sino porque se trató al éxito del remate como ‘cuestión de Estado’”.
Información Nacional
2019-05-30T00:00:00
2019-05-30T00:00:00