Julio sabe lo que pasa allí pero prefiere hacerse el que no.
—¿Hay mucha droga acá?
—Yo no sé nada.
Aquiles Lanza es uno de los 589 asentamientos irregulares que hay en Uruguay y Julio es uno de los 165.271 uruguayos que viven en esa situación, de acuerdo a los resultados del Censo 2011. Su vivienda forma parte de las 48.708 que tiene registrado el Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). La situación mejoró y hay 11% menos asentamientos comparado con el Censo 2006. En ese entonces eran 662 asentamientos irregulares, 179.545 personas y 49.253 viviendas.
Desde que llegó el Frente Amplio al gobierno en 2005 el Ministerio logró regularizar 74 asentamientos en diez años. La efectividad no es la que quiso el gobierno sino la que le permitió la complejidad del problema. “Cuando era estudiante todos pensábamos que lo resolvíamos fácilmente”, dijo la ministra Eneida De León meses atrás.
La directora del PMB, Cecilia Cairo, sabe que su norte es erradicar los asentamientos, pero no duda al admitir que no lo logrará de un día para el otro. “Yo le voy a fallar a la ministra”, dice. No por falta de voluntad ni de trabajo, sino porque está segura de que los asentamientos “no se resolverán en los próximos cinco ni diez años”.
“La magnitud del gasto es enorme, pero aún teniendo el dinero, lograr el proceso cultural demanda mucho tiempo”, dijo a Búsqueda.
El Mvotma tiene dos dependencias dedicadas a combatir los asentamientos: el PMB, que trabaja para hacer de un asentamiento un barrio reglamentado, y el Plan Nacional de Relocalizaciones, que apunta a ubicar en un nuevo lugar los asentamientos que están en terrenos inundados o contaminados. El Plan Juntos, la iniciativa de José Mujica para construir viviendas con donaciones, también forma parte del Ministerio. Pese al impulso que le dio el ex presidente, en sus cinco años de mandato se construyeron apenas 1.700 viviendas, una cifra que él mismo valoró como escasa.
El PMB se financia en un 70% con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en un 30% con fondos del Ministerio. El organismo es el encargado de coordinar las obras con las intendencias departamentales, que son las responsables de ejecutarlas. El préstamo BID está dividido en tres etapas de U$S 100 millones cada una. La primera ya se cumplió y actualmente el gobierno inició la segunda, que tiene el objetivo de regularizar 50 asentamientos en el quinquenio.
Para Cairo la falta de vivienda es una parte menor del problema, al que compara con un rompecabezas compuesto por piezas como la inseguridad, el sentimiento de pertenencia de los habitantes de esos barrios y, la más importante, el trabajo. “Sin la inserción laboral es imposible y terminamos con gente que se beneficia con una vivienda, pero la termina vendiendo porque tiene que sobrevivir y vuelve a instalarse en otro asentamiento”, explica.
Es el trabajo.
Julio sigue caminando por su Aquiles Lanza. Hablar del negocio de la droga en su asentamiento le cambia la cara. La verborragia con la que cuenta las idas y vueltas de su vida desaparece. Sigue su camino y en cada esquina grupitos de dos o tres chicos lo están mirando. Las motos lo pasan rozando. Van y vienen a toda velocidad. La planta de reciclaje siempre es su punto de partida.
—¿Qué hacen esas motos yendo y viniendo?
—Yo que sé, ahora están baratas.
—Sí… Y son todos hijos del capo, ¿no?
Julio se ríe.
—Sí, ya sé. Mirá, ahí hay una boca sí, pero esa gente al barrio lo ayuda y acá nadie es buchón.
Con realidades así se encuentra Cairo cuando comienza con el proceso de regularización de los asentamientos. La “gran industria de la delincuencia”, como la define, cumple un rol con los vecinos y la directora lo reconoce: “Si a un niño le falta leche, él se la da. Les pone una pantalla para ver películas a gente que difícilmente vaya al cine y les asegura la supervivencia”.
Por eso asegura que el trabajo más grande que hizo el Frente Amplio es lograr que el Estado entre a los asentamientos y demuestre que es su obligación atender y mejorarles la vida a quienes viven allí. “La delincuencia está allí porque así como es difícil que entre el saneamiento y demás servicios también lo es para la Policía, pero con el Ministerio del Interior lo estamos haciendo”, dice.
Otro de los obstáculos es el sentimiento de pertenencia que tienen las familias con su tierra. Abuelos, padres e hijos vivieron en el mismo lugar, y cuando llega el gobierno a intentar realojarlos se niegan. Prefieren quedarse allí, en el entorno que ya conocen, que irse a un barrio nuevo. “Hay generaciones que crecieron allí, en esa situación y que no saben que existe algo diferente, que pueden tener los servicios básicos… Por eso nuestra batalla es social y cultural, no solo un tema de vivienda. La única salida es el trabajo, no hay otra”, explica Cairo.
La especulación inmobiliaria también juega su rol. Según cuenta, hay quienes “hacen mucha plata con la necesidad de la gente”. Tiempo atrás, en el asentamiento Nuevo Siglo del barrio Manga, una sociedad anónima se instaló en los terrenos de forma ilegal y vendió parcelas a decenas de vecinos. Cuando el Ministerio llegó las personas le mostraban contratos donde se probaba la compra de los predios a la sociedad anónima, pero todo era ilegal y la Junta Departamental hizo la denuncia penal.
“Todo esto es el problema asentamientos. Nosotros corremos de atrás, es una batalla constante y trabajamos desde el ordenamiento territorial para evitar que surjan nuevos. Eso está controlado, no me animaría a decir frenado. Sé que existen asentamientos nuevos, pero son puntuales y sabés por qué. En 2001 salían como hongos, era terrible”, dice
“Tan de terror no somos”.
El año pasado se regularizaron cuatro asentamientos donde viven 1.056 personas. Entre 2010 y 2014 fueron 42 los asentamientos regularizados y se beneficiaron 18.513 personas. Entre 2005 y 2009 fueron 28 asentamientos y 12.788 personas y entre 2000 y 2004 se llegó a 24 asentamientos y 10.847 beneficiados.
En resumen, en los últimos 15 años se regularizaron 98 asentamientos, 11.182 viviendas y 43.204 personas, según los datos del Ministerio de Vivienda.
Para la oposición eso “es muy poco” y así se lo hizo saber el senador blanco Luis Alberto Heber a la ministra, De León el 13 de noviembre de 2015 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. “Así no llegamos, a este ritmo en 62 años podemos reasentar los 589 asentamientos que hay”, le dijo.
El comentario no ofendió a la ministra, que dejó atrás hace años su ilusión de poder resolver rápidamente el problema. “Cuando era estudiante todos pensábamos que lo resolvíamos fácilmente”, le respondió. Su postura es compartida por la directora del PMB, quien considera que “en política la demagogia es mucho más fácil que hacer”.
“Con cada asentamiento menos es mucho lo que se gana. Yo pretendo llegar antes que eso, ojalá”. De todos modos insistió en que “nunca” se comprometería a hacerlo en un plazo de diez años. “De eso que se hagan cargo otros”, concluyó.
En el sentido contrario, en la última campaña electoral el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, presentó su propuesta Asentamiento Cero. El plan proponía erradicar los asentamientos rápidamente con un combo de medidas para solucionar la falta de vivienda y una fuerte inversión de U$S 200 millones por año. La iniciativa fue muy criticada por el Frente Amplio.
El diputado Martín Lema, del sector de Lacalle Pou y miembro de la Comisión de Asentamientos de Diputados, dijo a Búsqueda que en materia de asentamientos hubo “una década perdida”. A su juicio, la bonanza económica del país daba las condiciones para “erradicar un número más importante” de asentamientos.
Para argumentar su postura sostuvo que solo con la capitalización que hizo el gobierno a Ancap, de unos U$S 800 millones, “se financiaba el tan cuestionado Asentamiento Cero” que propuso Lacalle Pou. “Muchos asentamientos están en emergencia sanitaria, conviven con ratas, sin saneamiento, lo que hace un sistema medioambiental complejo con un enorme riesgo de enfermedades. Eso no puede esperar”, dijo.
El criterio para definir qué es un asentamiento también genera discrepancias en el sistema político. El gobierno establece un mínimo de diez viviendas agrupadas en terrenos sin autorización, mientras que para organizaciones internacionales como Techo alcanza con seis. Lema asegura que si el Ministerio aplicara el criterio de seis viviendas “se demostraría que la cifra real de asentamientos es aún más preocupante”.
La titular del PMB, en cambio, cree que el mejor criterio es el que establece el BID y agrega que en los últimos meses recibió a jerarcas de Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica y Bolivia interesados en conocer la experiencia de Uruguay. “Parece que tan de terror no somos”, dice.
“Yo ya perdí”.
Las casas en los asentamientos son precarias por fuera y por dentro. Mariana vive con sus dos hijos pequeños en El Tobogán, un asentamiento al costado del estadio de fútbol Luis Tróccoli en el barrio Cerro Norte. Su hogar no es más que tres paredes de cemento, un nailon que funciona como puerta y un techo cubierto con partes de chapa. El baño es un pozo con una canilla improvisada al costado, el cuarto es una cama de dos plazas, y unos cajones de fruta funcionan como guardarropa. Todo eso en solo 10 metros cuadrados.
Su hogar está hacinado de acuerdo el criterio del gobierno, ya que supera las dos personas viviendo en una sola habitación. En 2014 el 10,2% de los hogares del país presentaron hacinamiento, según los datos del Reporte Uruguay 2015, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La problemática es mayor en el interior, donde la cifra asciende a 19,3% mientras que en Montevideo se ubica en 9,5%.
El hogar de Mariana tiene carencias de servicios básicos. El acceso se mide a través de tres requisitos: agua potable, saneamiento y energía eléctrica. Mariana no tiene ninguna. Cuando quiere agua potable camina dos cuadras a la única canilla del asentamiento y la luz la obtiene colgada a una conexión ilegal. Pero el mayor problema lo genera la falta de saneamiento. En todo el país un 6,2% de los hogares carece de saneamiento, la falta de abastecimiento de agua potable es de 2,6% y la ausencia de electricidad dentro de la vivienda es de 0,3%.
En El Tobogán la infraestructura es una palabra que no se usa, no aplica. Nadie puede hablar de infraestructura cuando lo que tiene en frente son decenas de piezas improvisadas, amontonadas unas con otras, donde la luz es irregular y hay una canilla sola para las cerca de 100 personas que habitan allí. Las calles no tienen forma, son tierra y polvo. Y un arroyo funciona de desagüe, pero se tapa de basura cada semana. Las motos van y vienen, los carros de basura también y entre ellos un puñado de niños juegan a la pelota como si nada pasara.
Las carencias en la infraestructura urbana se consideran a partir de la falta de alumbrado, la falta de pavimento vehicular, la falta de acera, la falta de desagües pluviales y la falta de rampas para discapacitados. Faltas y más faltas que El Tobogán y otros tantos asentamientos padecen.
A 2011, según el documento de la OPP y el Mides, la carencia en alumbrado afectaba al 41,5% de la población, en pavimento vehicular al 28,3%, en acera al 73,4%, en desagües pluviales al 15,9% y en rampas al 23,3%. Para gobernantes, opositores, estadísticos y sociólogos son números que reflejan la realidad y muestran un panorama complejo, pero que va mejorando.
Para María, a sus 60 años, son números, y de solo escucharlos se enoja. Es vecina de Mariana y su casa también es apenas una pieza recubierta de chapas. Todas las mañanas sale a trabajar limpiando casas en Pocitos, su edema pulmonar le complica la rutina y más conviviendo con ratas que pasan de un lado al otro. Su marido va a Alcohólicos Anónimos hace diez años, dice, y su panorama no parece mejorar. Da el último sorbo a su mate y dice: “Yo quiero cambiar esto por mis hijos y nietos. Yo ya perdí”.
